La jueza Karina Andrade, encargada del control judicial de las detenciones durante los incidentes en la marcha de hinchas y jubilados en el Congreso, defendió su decisión de liberar a 114 personas detenidas argumentando la falta de información detallada por parte de las fuerzas de seguridad.
“Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”, explicó Andrade, subrayando la importancia de proteger el derecho a la protesta y la libertad de expresión, derechos amparados por la Constitución Nacional.
Andrade criticó la insuficiencia de la información proporcionada por las fuerzas de seguridad, señalando que “no se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo”.
Según la jueza, las detenciones se informaron de manera genérica, sin especificar delitos graves, lo que dificultó su labor de control y verificación. “Era una situación donde no tenía ninguna noticia de que se estaba llevando a cabo una investigación. Hasta las 10 de la noche tenía 14 personas detenidas”, relató.
Ante las críticas del Gobierno y la administración de Jorge Macri, que amenazaron con investigar su conducta, Andrade evitó responder directamente, pero advirtió que “cuando se dicen esas cosas, se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que nombra a los jueces”. La jueza aclaró que su decisión no impide que el Ministerio Público Fiscal continúe investigando a los liberados.
Finalmente, Andrade negó cualquier afiliación política, destacando su independencia y su perfil técnico. “Mi afiliación es sindical y pertenezco a asociaciones judiciales”, afirmó, reforzando su compromiso con la aplicación estricta de la ley y la protección de los derechos constitucionales.
Fuente Mendoza Today
