Buenos Aires – 6 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-. La crisis financiera de la obra social de los camioneros volvió a colocar bajo la lupa el entramado económico que rodea a Hugo Moyano, su esposa Liliana Esther Zulet, sus hijos y allegados. Según documentación contable del Sindicato de Camioneros, desde 2018 la organización gremial viene asistiendo con miles de millones de pesos a OSCHOCA, la obra social del sector, cuya operatoria comercial aparece vinculada a empresas del círculo familiar de Zulet.
Una de las casas de Los Moyano situada en Parque Leloir
El cuadro es delicado: el pasivo de la obra social habría pasado de $7.944 millones en 2023 a $27.046 millones en 2024, mientras la cantidad de aportantes cayó de unos 90.000 trabajadores a 72.719 afiliados registrados bajo el convenio camionero en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En paralelo, afiliados denunciaron recortes en medicamentos, suspensión de prestaciones y deudas con prestadores, mientras el histórico jefe gremial intenta evitar que el deterioro derive en una crisis terminal.
Los Baqueanos 860
El auxilio financiero no es menor. De acuerdo con los balances sindicales citados en la documentación, el Sindicato de Camioneros transfirió a OSCHOCA $3.157 millones en 2023, $3.594 millones en 2024 y $4.611 millones en 2025. En 2026, apenas entre el 4 y el 13 de febrero, se habrían concretado siete transferencias bancarias por otros $2.971 millones. Todo fue convalidado en asambleas internas sin oposición real a Moyano, a mano alzada y sin que el gremio exhibiera un debate público profundo sobre el destino de esos fondos.
Udaondo 3151 Paque Leloir
El punto más sensible está en el rol de Iarai SA, firma vinculada a Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, y a familiares directos de ella. Según las publicaciones consultadas, el fondo de comercio de OSCHOCA fue desarrollado por esa compañía, que integra un esquema societario junto a Aconra y Dixey, empresas mencionadas desde hace años en investigaciones periodísticas y judiciales por sus relaciones comerciales con el universo camionero. Medios especializados señalaron además transferencias hacia fideicomisos asociados a ese entramado empresario, entre ellos el fideicomiso Dhanvantari, con domicilio fiscal ligado a sociedades del mismo grupo familiar.
La situación abre interrogantes inevitables: mientras los afiliados reclaman medicamentos, cobertura y prestaciones, el gremio acumula activos, inmuebles y estructuras económicas que durante años consolidaron el poder sindical de los Moyano. Los libros contables atribuyen al sindicato la administración de 44 inmuebles en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, y consignan además gastos por $589 millones entre 2024 y 2025 destinados a “marchas, paros y movilizaciones”.
El deterioro de OSCHOCA también se da en un contexto de viejas sospechas sobre el crecimiento patrimonial del clan camionero. Hugo Moyano y su entorno fueron mencionados en distintas causas e investigaciones por presunto desvío de fondos, lavado, enriquecimiento ilícito, evasión y negocios cruzados con empresas familiares. Chequeado recordó que el sindicalista estaba imputado desde 2006 en un expediente de corrupción y que también era investigado en otros procesos, aunque sin condena ni procesamiento firme en esos casos al momento de esa publicación.
Entre los expedientes que históricamente rodearon al jefe camionero figuran causas por la relación con empresas proveedoras de la obra social, investigaciones sobre medicamentos, presuntas maniobras con facturación y operaciones inmobiliarias. Publicaciones periodísticas también vincularon a Hugo y Pablo Moyano con una causa en Córdoba por presunto lavado y defraudación relacionada con la compra de propiedades en La Falda, por la que en 2018 se informó una citación a indagatoria.
En ese contexto, la eventual venta del Sanatorio Antártida, ubicado sobre la avenida Rivadavia, en Caballito, aparece como un símbolo del desgaste del modelo. El sanatorio fue exhibido durante años como una institución médica de referencia para el gremio; incluso en 2020 la propia estructura camionera destacó que ofrecía centenares de camas críticas en plena pandemia. Hoy, en cambio, aparece señalado como uno de los activos que Moyano evalúa desprenderse para sostener la obra social.
El oficialismo sindical intenta explicar la crisis por el aumento de los costos del sistema de salud y la caída del poder adquisitivo. La CGT advirtió recientemente que muchas obras sociales nacionales se encuentran en dificultades porque el costo del Programa Médico Obligatorio supera la recaudación promedio por afiliado. Esa explicación, sin embargo, no alcanza para despejar las dudas sobre la administración de fondos, las condonaciones internas y la relación entre el sindicato, la obra social y empresas del entorno de Zulet.
La obra social recibe además un aporte extraordinario de empresarios del transporte, estimado en $28.000 por trabajador, que se suma a los aportes legales. Ese esquema, autorizado en su momento por la autoridad laboral, quedó ahora tensionado por los cambios derivados de la llamada modernización laboral y por los límites a contribuciones adicionales que encarecen el costo empresarial.
El caso expone una contradicción profunda: un gremio que durante décadas construyó poder económico, político y territorial bajo el liderazgo de Hugo Moyano, pero cuya obra social atraviesa un deterioro que golpea de manera directa a sus propios afiliados. La pregunta que empieza a instalarse es si la crisis de OSCHOCA responde sólo al deterioro general del sistema sanitario o si también es consecuencia de años de manejo opaco, gastos políticos, estructuras familiares, fideicomisos poco transparentes y un patrón de negocios que convirtió al sindicalismo camionero en una maquinaria de poder mucho más parecida a un holding que a una herramienta de defensa del trabajador.
