La Libertad Avanza debió excluir del debate el capítulo que elevaba del 15% al 25% el límite de tierras rurales en manos extranjeras, después de que gobernadores aliados ordenaran rechazarlo. La concesión permitió sostener la sesión y dejó expuesto el revés de Federico Sturzenegger, principal impulsor de una reforma que originalmente pretendía eliminar todos los topes.
Buenos Aires – 5 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA-. El Gobierno retiró del tratamiento en el Senado el capítulo que flexibilizaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, después de comprobar que no contaba con los votos necesarios y que su insistencia podía hacer fracasar la sesión convocada para debatir el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La decisión fue adoptada durante una reunión encabezada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con senadores de la Unión Cívica Radical, el PRO y fuerzas provinciales que suelen colaborar con el oficialismo. Los representantes de varios gobernadores ratificaron que no acompañarían el capítulo III, referido al régimen de tierras rurales, y obligaron al Gobierno a modificar su estrategia pocas horas antes del ingreso al recinto.
La propuesta había sido reformulada para elevar del 15% al 25% el porcentaje máximo de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras. La versión inicial promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pretendía eliminar todos los límites vigentes, pero el rechazo político y social llevó al oficialismo a ofrecer primero un techo mayor y finalmente a retirar el capítulo completo.
Los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; y Rolando Figueroa, de Neuquén, hicieron saber que sus senadores votarían en contra. La resistencia de esos mandatarios resultó decisiva porque La Libertad Avanza necesita el respaldo de bloques provinciales para construir mayorías en la Cámara alta.
La retirada permitió preservar el tratamiento del resto de la iniciativa, que contiene reformas sobre expropiaciones, desalojos, escrituración y registro de inmuebles, además de modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. El oficialismo también había dejado fuera otro apartado conflictivo referido a los barrios populares, con lo que el texto que llegará al recinto quedó considerablemente reducido respecto de la propuesta original.
En un comunicado, el espacio integrado por 44 senadores oficialistas y aliados sostuvo que había resuelto “postergar” por consenso el capítulo sobre tierras rurales para continuar trabajando en una redacción con mayor respaldo. La Libertad Avanza negó que la disposición hubiera sido eliminada definitivamente y aseguró que intentará reincorporarla cuando alcance nuevos acuerdos.
En términos parlamentarios, sin embargo, el capítulo fue retirado del debate previsto y no será votado junto con el resto del proyecto. La explicación oficial buscó presentar la marcha atrás como una decisión consensuada, pero ocurrió después de que los gobernadores comunicaran que no aportarían los votos indispensables.
La sesión había sido acordada durante un cuarto intermedio dispuesto por el Senado hasta el jueves 6 de agosto, después de varios meses de negociaciones sobre una iniciativa que comenzó a debatirse en comisión en mayo. La Cámara alta había escuchado a funcionarios, especialistas y representantes provinciales, mientras Bullrich defendía que cada distrito tuviera mayor capacidad para decidir sobre inversiones y propiedad rural.
La ley vigente, sancionada en 2011, establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales en los niveles nacional, provincial y municipal. También limita al 30% la participación de una misma nacionalidad dentro de ese cupo y fija un máximo equivalente a mil hectáreas en la zona núcleo para un único titular extranjero.
Sturzenegger había convertido la modificación de ese régimen en uno de los objetivos principales de su agenda desreguladora. El ministro sostuvo que las restricciones frenaban inversiones en agricultura, forestación, puertos y economías regionales, y estimó que su eliminación podía generar ingresos de hasta 15.000 millones de dólares.
Bullrich también había defendido públicamente la flexibilización y llegó a plantear que los gobernadores debían decidir hasta dónde permitir la propiedad extranjera dentro de sus provincias. La resistencia de los mismos mandatarios que el oficialismo buscó convertir en protagonistas de la reforma terminó bloqueando el capítulo.
Los cuestionamientos se concentraron en la posibilidad de aumentar la presencia extranjera en zonas fronterizas, áreas con reservas de agua, minerales, bosques, puertos y corredores logísticos. Estudios sobre la distribución actual señalan que alrededor del 5% de las tierras rurales del país pertenece a extranjeros, aunque en algunos departamentos y municipios ya se supera el límite legal del 15%.
La marcha atrás representó un fuerte revés para Sturzenegger y confirmó los límites parlamentarios del Gobierno cuando sus reformas afectan intereses territoriales de las provincias. También mostró que los gobernadores aliados están dispuestos a acompañar modificaciones sobre propiedad privada, desalojos o expropiaciones, pero no una ampliación de los márgenes para vender tierras rurales a capitales extranjeros.
La Libertad Avanza intentará aprobar ahora el texto reducido y enviar el proyecto a la Cámara de Diputados. El capítulo de tierras quedará pendiente de una nueva negociación, sin fecha de tratamiento y condicionado a que el Gobierno consiga revertir el rechazo de los mandatarios que esta vez obligaron al oficialismo a elegir entre abandonar su principal reforma o perder la sesión.
