Buenos Aires, 20 de marzo de 2025-Total News Agency-TNA- El dirigente social Juan Grabois, junto con dos abogados, fue aceptado como querellante en representación de tres presuntas víctimas de la caída de la criptomoneda $LIBRA, promovida por el presidente Javier Milei. La decisión revoca un fallo previo de la jueza María Servini.
Grabois y su equipo ingresan formalmente a la causa $LIBRA
La Cámara Federal porteña habilitó al dirigente social Juan Grabois y a los abogados Nicolás Rechanik y Camila Palacin Roitbarg a actuar como querellantes en representación de tres presuntas víctimas de la caída de $LIBRA, la moneda virtual promocionada por el presidente Javier Milei, que generó pérdidas millonarias tras el desplome de su cotización.
La Sala II del tribunal, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocó el fallo previo de la jueza María Servini, quien había rechazado el pedido de los querellantes. Según el tribunal, la aceptación de una querella no depende de la prueba de los hechos investigados, sino de la hipótesis presentada por los acusadores.
“El derecho a adquirir legitimación activa no puede depender de la demostración de ciertos acontecimientos ni de su probabilidad. Debe partirse de la hipótesis de los acusadores, sea que a la postre resulte corroborada o no”, argumentaron los jueces en su resolución.
El rol de Grabois y las medidas solicitadas
Con esta decisión, Grabois y su equipo no solo tendrán acceso a la causa, sino que podrán proponer nuevas medidas de prueba. Durante una audiencia reciente, el dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular presentó capturas de pantalla, enlaces y videos como evidencia de cómo las presuntas víctimas adquirieron la criptomoneda antes de su desplome.
En la audiencia, Grabois calificó los hechos como una “estafa a cielo abierto” y cuestionó la actuación del fiscal Eduardo Taiano, a quien acusó de no impulsar la investigación de manera adecuada. Según el dirigente, el tiempo que el fiscal tardó en ordenar allanamientos y secuestros de dispositivos electrónicos permitió a los implicados borrar posibles pruebas.
“Sería absurdo exigir que la estafa esté demostrada para aceptar una querella, porque eso haría imposible el juicio. Lo que hizo Milei con sus cómplices es claramente un hecho plausible de delito”, sostuvo Grabois ante los jueces.
Los implicados y el avance de la investigación
La causa, que se encuentra bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano, ya ha derivado en allanamientos y cruces de llamadas como parte de las medidas investigativas. Además del presidente Javier Milei, se investiga la participación de Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy, señalados como la pata local de la presunta estafa. También están bajo la lupa Hayden Mark Davis y Julian Peh, responsables del lanzamiento de $LIBRA.
La jueza María Servini había rechazado inicialmente el pedido de querella al considerar que las pérdidas sufridas por los denunciantes podrían ser el resultado natural de una actividad financiera riesgosa, más que de una estafa. Sin embargo, la Cámara Federal desestimó este argumento, subrayando que el análisis de fondo corresponde a una etapa posterior del proceso.
El trasfondo de la polémica moneda virtual
$LIBRA, promocionada como una alternativa financiera innovadora, fue impulsada públicamente por el presidente Milei y presentada como una oportunidad de inversión segura. Sin embargo, tras un breve período de auge, su valor cayó drásticamente, dejando a numerosos inversores con pérdidas significativas.
Los querellantes sostienen que no es necesario ser experto en criptomonedas para identificar los hechos como una estafa. “Los acontecimientos en torno a $LIBRA son una verdadera estafa”, afirmaron en su escrito de apelación.
Con la aceptación de Grabois y su equipo como querellantes, la causa toma un nuevo impulso, mientras se espera que las medidas probatorias arrojen más luz sobre los responsables detrás del colapso de la moneda virtual.
Grabois y la justicia
Juan Grabois tiene en su haber múltiples frentes judiciales, destacándose una denuncia por supuesto desfalco en Mar del Plata, donde se le acusó de malversar fondos públicos destinados a la construcción de un barrio que no se concretó. El fiscal general ha solicitado su indagatoria por administración fraudulenta. La causa ha pasado por varios jueces, pero ninguno ha querido hacerse cargo del caso. Se espera que la Cámara de Casación defina la competencia, con posibilidades de que el juez Julián Ercolini retome el caso. El dinero para las obras provino de programas nacionales, ascendiendo a alrededor de 370 millones de pesos.
