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Buenos Aires, 28 de abril de 2025-Total News Agency-TNA-– Con un despliegue que promete movilizar a 10 mil soldados antes de fin de año, el “Operativo Roca” avanza sobre la frontera norte argentina no solo con botas y camuflaje, sino también con una polémica: las llamadas “reglas de empeñamiento” que habilitan a las Fuerzas Armadas a detener civiles en situación de delito flagrante, algo que levanta inquietudes legales y políticas.
Estas directivas, contenidas en la resolución 347 firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, no fueron publicadas en su totalidad: parte del contenido es reservado. Sin embargo, fuentes militares confirmaron que los efectivos tienen luz verde para “aprehender transitoriamente” a personas que estén cometiendo delitos, aunque con la condición de notificar de inmediato a las fuerzas de seguridad, al Poder Judicial o al Ministerio Público Fiscal.
La medida sacudió el tablero. Petri defiende la legalidad del procedimiento, basándose en el Código Procesal Penal, que permite a cualquier autoridad –incluso a civiles comunes– detener a alguien en flagrancia. Pero especialistas y exministros de Defensa como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy advierten que estas reglas chocan con el marco legal vigente, especialmente con las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional.
El objetivo del operativo es claro: reforzar la frontera norte ante el avance del narcotráfico y el contrabando. Pero no todos están convencidos del método. Las “reglas de empeñamiento” dictan cómo deben actuar los soldados ante posibles amenazas: desde la postura corporal hasta el uso gradual de armas de fuego, pasando por advertencias verbales, técnicas disuasorias y disparos al aire. No se autoriza, sin embargo, disparar contra vehículos o personas sospechosas que huyan de controles.
El despliegue comenzó en Salta con 1.300 efectivos y prevé alcanzar un cuarto del personal operativo total del Ejército, que suma cerca de 48.000 miembros entre oficiales, suboficiales y soldados voluntarios. Sin embargo, en reuniones recientes en el Edificio Libertador, mandos militares plantearon que no es factible desplegar semejante número de tropas en forma simultánea. A esto se suma una diferencia salarial significativa con las fuerzas de seguridad como Gendarmería, que complica aún más la moral del personal involucrado.
Además, preocupa entre los uniformados la posibilidad de quedar expuestos a procesos judiciales por hechos derivados del operativo, especialmente en provincias como Jujuy y Salta, donde las condiciones de patrullaje son complejas y los accidentes posibles.
Desde la oposición ya se oyen cuestionamientos. El hecho de que no exista un decreto del Poder Ejecutivo que respalde formalmente el operativo y que las órdenes provengan de una resolución ministerial con anexos reservados genera sospechas. Tampoco queda claro el rol concreto de las Fuerzas Armadas en relación con Gendarmería y Prefectura, ni quién responde en la cadena de mando en caso de incidentes.
La frontera norte ha sido históricamente un punto flaco del Estado argentino. Ni el “Escudo Norte” kirchnerista ni las estrategias del macrismo lograron frenar el flujo de contrabando y narcotráfico que hoy sigue siendo moneda corriente.
Desde sectores del radicalismo, en tanto, ya se plantean reformas legislativas que actualicen las leyes de Defensa y Seguridad Interior, en un intento por clarificar los límites entre tareas militares y policiales.
