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Buenos Aires – 6 de mayo de 2025 – Total News Agency– Serias acusaciones sobre un supuesto esquema de desvío de fondos públicos y la presunta coacción a empleados estatales para realizar aportes compulsivos destinados a financiar la estructura política de La Libertad Avanza (LLA) han emergido en diversas provincias, generando una fuerte controversia y exponiendo tensiones dentro de la coalición gobernante. Las denuncias, que involucran principalmente a oficinas del PAMI y ANSES, ya han derivado en investigaciones judiciales y una auditoría interna anunciada por el PAMI.
Una destacada dirigente libertaria criticó la situación, manifestando que “están financiando la creación de un partido desde el Gobierno. Todo lo contrario a los ideales liberales”. Las alegaciones detallan un presunto sistema de “retornos” exigidos a funcionarios y empleados, especialmente en delegaciones del PAMI en Chaco –donde el caso ya se encuentra judicializado–, Misiones y Santa Cruz. La difusión de chats comprometedores revelaría una operatoria destinada a fortalecer las seccionales de LLA a nivel provincial, incluyendo la supuesta exigencia de hasta un 25% del salario de los trabajadores para la campaña de medio término del partido oficialista.
Ante la gravedad de los hechos, el PAMI, organismo dependiente del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones –cuyo hijo es socio del influyente asesor Santiago Caputo en la consultora Move–, ha comunicado el inicio de una auditoría interna para esclarecer las irregularidades. Fuentes internas sugieren que estas prácticas no serían recientes, remontándose al menos a finales de 2024, y se enmarcarían en una disputa de poder dentro del oficialismo. Sectores vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo habrían dejado trascender información sobre estas maniobras, en un contexto de rivalidad con el armado electoral que lidera la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a sus alfiles Martín y Lule Menem. Se señala que las dependencias del PAMI en el interior estarían al servicio de esta última estructura, y se investiga la influencia de un subsecretario de gestión institucional, dependiente de Karina Milei, en la designación de los directivos de las delegaciones locales de la obra social de los jubilados.
Las denuncias se han replicado en distintas jurisdicciones:
- Chaco: El fiscal federal Patricio Sabadini ha iniciado una investigación formal tras la divulgación de conversaciones y listados que apuntan a que funcionarios y empleados de PAMI y ANSES “eran conminados a entregar un porcentaje de sus haberes para asegurarse de esta manera continuar desempeñándose en sus funciones”. Se mencionan cifras que oscilarían entre los 100.000 y 300.000 pesos. El fiscal ha solicitado medidas de prueba para “verificar si existieron estas maniobras y si fueron de manera extorsiva”, incluyendo citaciones y la revisión de los contratos laborales.
- Misiones: El escándalo tomó estado público con acusaciones contra el presidente de la filial local de LLA, Adrián Núñez, por supuestamente recaudar fondos para la campaña del partido a partir de salarios de empleados de PAMI y ANSES. Una carta firmada por 22 funcionarios libertarios misioneros, exigiendo la devolución de fondos presuntamente retenidos durante enero y febrero, visibilizó la interna.
- Santa Cruz: Un caso de características similares estalló con la filtración de una conversación entre Jairo Guzmán, presidente de LLA local, y Sergio Torres, excolaborador y actual denunciante. En el diálogo, se le solicitaba a una médica contratada por el PAMI un aporte “para el alquiler”. Posteriormente, un audio reveló a Guzmán recordándole a Torres que “todos tienen que poner” para, presuntamente, financiar al partido.
- Mendoza: Se ha reportado que las delegaciones del PAMI fueron distribuidas, en parte, entre militantes libertarios afines a la diputada Lourdes Arrieta, quien se alejó de LLA el año pasado en medio de controversias. Se conocieron chats entre la legisladora y Diego Vartabedian, identificado como un emisario de “Lule” Menem, donde se acordarían designaciones en las conducciones de las delegaciones. En una comunicación de 2024, Vartabedian le habría dicho a Arrieta: “Lourdes me dice Lule que me pases de Anses gente acorde al cargo y que sean militantes para poner en alguna de las oficinas que hay”. Aunque no existen denuncias formales de aportes compulsivos en esta provincia, ha llamado la atención la “sospechosa” apertura de locales de LLA en la capital provincial, Las Heras y Guaymallén. Vartabedian figura en el noveno puesto de la lista de candidatos a legisladores porteños encabezada por Manuel Adorni.
El PAMI gestiona un presupuesto anual que, tras actualizaciones, supera los 4 billones de pesos (exactamente $4.911.595.518.311). Dispone de más de 600 Agencias de Atención y 38 Unidades de Gestión Local (UGL). Estas últimas, de carácter regional, manejan fondos en función de la cantidad de afiliados, a diferencia de las delegaciones que, según se indica, no dispondrían de “caja chica”. Fuentes consultadas coinciden en que la actual administración central del PAMI, bajo la dirección de Esteban Leguizamo –vinculado a Santiago Caputo–, ha “centralizado” aún más la gestión de los recursos.
Una fuente relevante del oficialismo reconoció que, si bien “Lule [Menem] no pide plata”, sí lo habrían hecho “los armadores de cada provincia con la excusa de ir armando el partido a nivel local”. Las investigaciones en curso y la auditoría interna serán determinantes para establecer la veracidad y el alcance de estas graves denuncias.
