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Buenos Aires, 15 de mayo de 2025-Total News Agency-TNA- En un dictamen presentado ante la Corte Suprema de Justicia, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, pidió que se eleve de seis a doce años la pena impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, solicitando además que se la condene por el delito de asociación ilícita, del cual había sido absuelta en instancias anteriores.
Casal respaldó la presentación del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, quien había elevado una queja ante el máximo tribunal cuestionando la absolución de la exmandataria por asociación ilícita y solicitando una pena más severa. En su dictamen, de 13 páginas, el Procurador consideró que el fallo de la Cámara de Casación omitió evaluar adecuadamente los argumentos de la fiscalía, particularmente la extensión y sistematicidad de los hechos de corrupción durante doce años de gobierno.
La causa Vialidad investigó el presunto direccionamiento del 80% de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a la ex presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, fallo que fue confirmado por mayoría en la Cámara de Casación Penal en noviembre de 2023.
En su presentación, Casal insistió en que el mecanismo delictivo revelado en el juicio responde a un patrón compatible con el delito de asociación ilícita. “El hecho de que los contratos hayan sido parte de un único plan no es excluyente para configurar el tipo penal de asociación ilícita. El funcionamiento estructurado y la pluralidad de partícipes prueban la existencia de una organización criminal con fines determinados”, sostuvo.
Además, el jefe de los fiscales pidió que se revoquen las absoluciones de exfuncionarios claves del Ministerio de Planificación y de Vialidad de Santa Cruz, incluyendo al exministro Julio De Vido, el exsubsecretario Abel Fatala y el extitular de Vialidad Provincial, Héctor Garro. En particular, sobre De Vido, el procurador indicó que fue uno de los principales articuladores del esquema de desvío de fondos públicos.
Casal también solicitó que se imponga un decomiso por un total de 5.321.049.272,42 pesos —el monto estimado de la defraudación—, monto que había sido reducido por Casación sin, según él, una fundamentación técnica suficiente.
Los jueces de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— quedaron en condiciones de fallar, aunque no hay fecha confirmada. El caso adquiere especial relevancia política en un año electoral en el que Cristina Kirchner aún no ha descartado su participación como candidata, posiblemente en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, la defensa de la exmandataria, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, reiteró su pedido de absolución. Alegó múltiples violaciones de garantías constitucionales durante el proceso y cuestionó la imparcialidad del juez Ricardo Lorenzetti, cuya recusación también será analizada por el alto tribunal. En caso de confirmarse la condena, anticiparon que recurrirán a instancias internacionales.
Con esta nueva intervención, el expediente queda ahora a la espera de una decisión final de la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre la responsabilidad penal de la expresidenta y de otros exfuncionarios y empresarios, en una de las causas más emblemáticas vinculadas a presuntos hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.
TNA
