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Buenos Aires, 21 de mayo de 2025 – Total News Agency-TNA–La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó un fuerte rechazo al decreto presidencial que modifica el régimen del derecho a huelga en Argentina, al considerar que la medida viola principios constitucionales. La central obrera anticipó que presentará acciones judiciales para frenar su aplicación.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este miércoles en el Boletín Oficial, amplía la lista de actividades consideradas “esenciales” y “de importancia trascendental”, que deberán garantizar una prestación mínima del 75% y 50% respectivamente durante un conflicto laboral. La normativa modifica el artículo 24 de la Ley 25.877 y restringe sustancialmente la capacidad de acción gremial, según señalaron los sindicatos.
“La CGT no va a permanecer en silencio ante este intento de suprimir derechos conquistados con décadas de lucha. Esta es una embestida grave de un gobierno que intenta retroceder en materia de libertades laborales”, afirmó la central sindical a través de un comunicado, en el que también advirtió que dará pelea “en los tribunales, en la calle y en los lugares de trabajo”.
La decisión del Ejecutivo también recibió el repudio de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que denunció que el decreto “esconde bajo el argumento de eficiencia y competitividad una política de entrega y desregulación que amenaza la soberanía, la industria y el empleo argentino”. La entidad remarcó que la ampliación de los servicios esenciales atenta directamente contra el derecho constitucional a la huelga y la libertad sindical.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) consideró que la medida “responde a los intereses de grandes empresas y multinacionales” y advirtió sobre su impacto: “Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud”, señaló su secretario general, Rodolfo Aguiar.
Desde los gremios coincidieron en que la exigencia de garantizar una prestación del 75% durante las huelgas en actividades esenciales “vacía de contenido” al derecho a la protesta. Además, cuestionaron que se haya establecido la modificación sin debate parlamentario y mediante decreto presidencial.
La CGT evalúa nuevas medidas de fuerza y no descarta una convocatoria a una huelga general si no se da marcha atrás con la normativa. Mientras tanto, la discusión se encamina hacia el terreno judicial, donde los gremios esperan frenar la aplicación del decreto por su presunta inconstitucionalidad.
