Argentina
España
USA
Israel
Madrid, 21 de julio-Total News Agency (TNA) – El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ordenó hoy la retención del pasaporte y la prohibición de salida de España para la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, tras comparecer como imputados por presuntos delitos vinculados a adjudicaciones irregulares de obra pública).
Medidas cautelares y acusaciones
El magistrado adoptó estas resoluciones como respuesta a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y respaldada por acusaciones populares, en el marco del denominado “caso Koldo”. Según consta en los autos, ambos están imputados por pertenecer a una organización criminal, cohecho y tráfico de influencias; en el caso de Pardo de Vera también constan investigaciones por prevaricación, malversación y delitos contra Hacienda).
El juez justificó que, si bien no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas —por haberse intervenido y asegurado sus domicilios—, las restricciones son necesarias para asegurar su localización durante el proceso.
La trama: empresas favorecidas y mensajes incriminatorios
La investigación se sostiene en comunicaciones intervenidas por la UCO de la Guardia Civil que apuntan a una red de comisiones en contratos ejecutados por ADIF y Carreteras, beneficiando a constructores como Acciona, LIC y OPR. En particular, se refiere a proyectos como la integración ferroviaria en Sant Feliú y obras en la A‑68 y el Puente del Centenario de Sevilla.
Entre las comunicaciones, destaca un mensaje de Herrero que dice “¡Bingo!!! En Logroño”, presuntamente tras una adjudicación favorable. Por su parte, Pardo de Vera aparece en interceptaciones conversando con el asesor Koldo García sobre adjudicaciones para firmas como Levantina, incluso expresando reservas para que no resultaran excesivas, antes de que se otorgaran nuevos contratos.
Defensa de los acusados
Ante el juez, ambos rechazaron las imputaciones. Herrero admitió que existían presiones en los procesos de adjudicación, en especial en años electorales, pero negó participación directa en amaños. Pardo de Vera, que también enfrenta cargos relacionados con la contratación de Jéssica Rodríguez, ex pareja del exministro Ábalos, sostuvo que fue ella quien se opuso a prolongar dicho contrato tras conocer la relación. También denunció presiones machistas por parte de García, al que calificó de “una persona sin formación que iba diciendo lo que había que hacer”.
Origen judicial y próxima actuación
La pieza actual del “caso Koldo” fue remitida desde el Tribunal Supremo tras una tanda de indicios en poder del exministro José Luis Ábalos y el dirigente socialista Santos Cerdán —este último en prisión preventiva—. Reclama la colaboración de la UCO, que intervino domicilios el 26 de junio, incautando documentación clave, incluidos archivos sobre mascarillas de la pandemia y contratos vinculados a las licitaciones cuestionadas.
Próximos pasos
Tanto Isabel Pardo de Vera como Javier Herrero deberán permanecer en España y comparecer periódicamente ante la Audiencia Nacional. La investigación continuará con el análisis de las adjudicaciones públicas y las comunicaciones intervenidas. El juez Moreno deberá resolver en los próximos meses si los imputados enfrentan procesamiento formal y, eventualmente, juicio oral.
Este caso, con ramificaciones políticas que mencionan a Ábalos y otras figuras del PSOE, pone en relieve las acusaciones sobre integridad en el manejo de las inversiones públicas durante el último gobierno, y sus desarrollos serán seguidos de cerca en los ámbitos judiciales y políticos.
