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Por Héctor Guillermo Sottovía
Desde el retorno de la democracia en 1983, ningún gobierno argentino —sin distinción de signo político— se apartó de una misma línea: perseguir a quienes combatieron a la guerrilla armada de los años 70.
En paralelo, los familiares de las 21.200 víctimas comprobadas de la violencia subversiva (según relevamientos judiciales y denuncias oficiales de la época) fueron silenciados, ignorados e incluso estigmatizados.
La guerra negada
Quienes participaron en esa guerra no declarada, impuesta por un enemigo clandestino y siempre en ventaja táctica —capaz de atacar en cualquier momento, en cualquier lugar y contra cualquier persona—, fueron enviados a prisión. Muchos siguen encarcelados hoy, junto con el hostigamiento a sus familias.
En contraste, los responsables de secuestros, asesinatos y atentados en los 70 fueron convertidos en “militantes” y hasta en “héroes”. Ejemplo claro: durante el gobierno kirchnerista, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) financió el documental “Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez”, centrado en la exaltación de un grupo armado del PRT – ERP.
Varios de estos ex combatientes subversivos recibieron cargos políticos, homenajes públicos e indemnizaciones millonarias, mientras que las víctimas civiles y sus familias no obtuvieron ninguna reparación.
La disputa por las cifras
La narrativa oficial sostiene la cifra de 30.000 desaparecidos, pese a que investigaciones —incluyendo documentos judiciales y trabajos académicos— han demostrado su inconsistencia estadística.
Frente a esto, las 21.200 víctimas de la subversión permanecen invisibles en la memoria colectiva.
Veteranos sin reconocimiento
Los soldados y personal militar que resistieron a la guerrilla —incluyendo a los de La Tablada (1989) y Manchalá (1975)— han sido marginados de toda política de reconocimiento. Sin pensiones, sin beneficios y hasta sin permiso para desfilar en fechas patrias junto a los veteranos de Malvinas.
El conflicto de los 70 no fue una serie de hechos aislados:
Contó con organizaciones armadas de carácter internacional (MIR chileno, Tupamaros uruguayos, entre otros).
Desde mediados de 1953 a fines de 1982 operaron en territorio argentino 53 organizaciones revolucionarias armadas con estructura político militares.
Tenían estructura militar jerarquizada, códigos internos de justicia, jefaturas, sub-jefaturas, pelotones y grupos comando como los GEC (Grupos Especiales de Combate de Montoneros).
Operaban con fábricas de armamento propias y escuadrones sanitarios.
La Cámara Federal, en el Juicio a las Juntas (1985), reconoció la existencia de una guerra interna. Sin embargo, con el tiempo, ese reconocimiento jurídico fue borrado de la memoria legal y política del país.
Justicia parcial y memoria sesgada
Mientras ex integrantes de Montoneros y ERP gozan hoy de libertad y beneficios económicos pagados por el Estado, muchos militares, civiles, sacerdotes y policías mayores de 70 años mueren en prisión, sin acceso a la detención domiciliaria que la ley les reconoce.
Existen pruebas de violaciones al debido proceso en los juicios contra estos hombres: testigos adoctrinados, causas armadas y sentencias dictadas con criterio político más que jurídico.
Casos como el denunciado por Lorenza Ferrari —quien señaló que el nombre de su hija figura como desaparecida en el muro de la memoria, pese a haber muerto por una bomba montonera— revelan la manipulación de los listados oficiales.
El Sitio de la Memoria (ex ESMA), tal como está concebido hoy, es una burla a la historia. Solo podrá ser un verdadero lugar de memoria cuando incluya también la parte silenciada: la de las víctimas de la guerrilla.
Exigir la verdad completa
Una historia contada a medias es, en sí misma, una mentira. Hasta que nuestros muertos, mártires y veteranos no sean reconocidos, la verdad seguirá incompleta.
La Justicia argentina, colonizada por un sesgo ideológico de izquierda, ha inclinado la balanza en un solo sentido. Ningún gobierno, en más de 40 años, se atrevió a corregirlo.
Por eso, no podemos ni vamos a dar vuelta la página hasta que la historia sea contada con toda la verdad y nada más que la verdad.
Así sea. Será justicia.
