Buenos Aires, 20 de agosto de 2025 – Total News Agency-TNA –El gobierno bonaerense, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, otorgó un contrato público de casi $1.500 millones a una empresa asociada al controvertido Grupo Indalo, liderado por Cristóbal López y Fabián De Sousa. La adjudicación fue gestionada por el Ministerio de Comunicación Pública, a cargo de Jésica Rey, y se concretó a través de una licitación en la que La Corte SA fue la única oferente beneficiada. El objeto del contrato abarca servicios de producción, distribución satelital de contenidos audiovisuales, equipos móviles, set de conferencias y un estudio para grabación y emisión en vivo.
El expediente recibió el visto bueno de la Subsecretaría de Producción y Contenidos y de la Subsecretaría de Planificación de Comunicación Gubernamental, que avalaron la adquisición de equipamiento de última generación, incluyendo drones, unidades móviles e iluminación profesional. La magnitud del desembolso y el vínculo de la firma adjudicataria con el Grupo Indalo motivaron cuestionamientos políticos sobre la transparencia del procedimiento.
El Grupo Indalo ha sido centro de varias investigaciones judiciales. En la causa Oil Combustibles, se analizó una deuda impositiva de más de $8.000 millones vinculada al Impuesto a la Transferencia de Combustibles. La Justicia investigó si esos fondos fueron utilizados para expandir el conglomerado con ayuda de la AFIP. Aunque López y De Sousa resultaron absueltos, el ex titular del organismo recaudador fue condenado en 2021 por defraudación al Estado.
En el expediente Los Sauces, se indagó sobre operaciones inmobiliarias entre la familia Kirchner y el Grupo Indalo, aunque nunca llegó a juicio oral. Además, en la causa conocida como “cuadernos de las coimas”, ambos empresarios fueron procesados por integrarse a una asociación ilícita destinada a canalizar sobornos vinculados a la obra pública. Fueron detenidos en 2017 —ordenada por el juez Julián Ercolini y confirmada por Claudio Bonadio— y liberados dos años después previo pago de cauciones millonarias.
La decisión de asignar un contrato de semejante envergadura a un operador con numerosos antecedentes judiciales reaviva el debate sobre la ética en el uso de recursos públicos y pone en tensión la relación entre el gobierno bonaerense y sus aliados históricos. La oposición reclama explicaciones y advierte que esta adjudicación profundiza la controversia sobre el vínculo entre la política y grandes empresarios sometidos a escrutinio judicial.
