Buenos Aires, 3 de septiembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El Senado volverá al recinto mañana, jueves 4, a las 11, para tratar dos asuntos que tensan la relación entre oficialismo y oposición: la insistencia legislativa para rechazar el veto presidencial a la emergencia en Discapacidad y el debate de un proyecto que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes.

El temario fue acordado en Labor Parlamentaria y la sesión estará atravesada por el escándalo político derivado de los audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se anunciaron cinco cuestiones de privilegio centradas en presuntas coimas que, según denuncias opositoras, involucrarían a la hermana del Presidente, a Eduardo “Lule” Menem y al propio Spagnuolo, entre otros. También se prevé aludir a la cautelar dictada por el juez Alejandro Maraniello, que ordenó frenar la difusión de esos audios.

En ese marco, desde el interbloque peronista que conduce José Mayans sobrevoló la idea de pedir la interpelación de Karina Milei. Sin dictamen de comisión, tal moción requiere habilitación del pleno por dos tercios; de prosperar ese trámite excepcional, la aprobación posterior demandaría mayoría simple. Por ahora, las chances lucen remotas.

La conducción de la sesión no estará a cargo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien quedará al frente del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos. El libertario Bartolomé Abdala ocupará la Presidencia provisional de la Cámara alta desde el inicio.

El veto a discapacidad

El Congreso aprobó la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con actualizaciones para recomponer prestaciones frente a la inflación acumulada desde 2023. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, sujeto a la cantidad de nuevas altas hasta fines de 2026. Entre los puntos salientes, se fija que 200.000 contribuciones por invalidez equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio; además, se prevé cancelar deudas con prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según los índices del INDEC.

Si la Cámara alta insiste y rechaza el veto, el Gobierno afrontará un revés de peso: hace 22 años que el Congreso no insistía con una ley vetada (la última vez fue en abril de 2003), lo que le da a la sesión un carácter inusualmente histórico.

Regulación de los DNU

En paralelo, llegará al recinto el dictamen para acotar el uso de los DNU. Confluyeron allí el kirchnerismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales, en una señal de desconfianza hacia una herramienta a la que el Ejecutivo recurrió de manera recurrente en estos meses. El texto, trabajado en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Alejandra Vigo, parte —según cálculos opositores— de un piso de 34 voluntades del peronismo, aunque su respaldo final aún no es unánime.

La iniciativa establece un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras aprueben un DNU; de no ocurrir, se considerará derogado, preservando únicamente los derechos adquiridos mientras estuvo vigente. Además, la negativa de una sola de las cámaras bastará para dejarlo sin efecto, entre otras modificaciones al régimen actual.