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Washington D.C., Estados Unidos, 8 de septiembre de 2025 – Total News Agency – TNA –La reciente operación militar de Estados Unidos en el Caribe, donde un barco rápido fue destruido frente a las costas de Venezuela, ha marcado un punto de inflexión en la estrategia del presidente Donald Trump para combatir a los cárteles de droga en América Latina, con repercusiones que trascienden la región y podrían redefinir el equilibrio geopolítico global. La acción, autorizada por Trump el pasado 2 de septiembre, involucró el despliegue de una fuerza naval sin precedentes en el Caribe, incluyendo tres destructores, dos buques de una Unidad Expedicionaria de Marines con 2,500 efectivos y al menos un submarino. Según el gobierno estadounidense, la embarcación destruida transportaba cocaína y llevaba a bordo a 11 supuestos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, aunque no se presentó evidencia pública para respaldar esta afirmación. Este movimiento, descrito por la administración como un mensaje contundente a los cárteles designados como organizaciones terroristas, ha generado un intenso debate sobre su legalidad, implicaciones estratégicas y el impacto en las relaciones hemisféricas.
El operativo, que culminó con la destrucción del barco mediante un misil estadounidense, rompe con la práctica tradicional de interdicción de drogas, que suele priorizar arrestos sin uso de fuerza letal. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión como una advertencia deliberada a los cárteles, subrayando que Trump optó por eliminar a los ocupantes para proyectar firmeza. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló en una aparición en Fox & Friends que esta acción es solo el comienzo de una campaña militar más amplia en el hemisferio. Rubio agregó que Estados Unidos enfocará sus esfuerzos en traficantes de países menos cooperativos, mientras apoyará a aliados regionales para que ellos mismos “hagan explotar” a los narcotraficantes. El propio Trump, en un discurso en el que se autoproclamó “presidente en tiempos de guerra”, afirmó erróneamente que Estados Unidos tiene el derecho legal de tratar a los traficantes como combatientes en un conflicto armado, una postura que el vicepresidente JD Vance respaldó al declarar que “matar a miembros de cárteles es el mejor uso de nuestro ejército”.
Esta acción plantea múltiples interrogantes legales y estratégicos que han dominado las discusiones en círculos políticos y académicos. ¿Bajo qué autorización se llevó a cabo el ataque? ¿Fue legal bajo el derecho internacional? ¿Qué rol tuvo el Congreso en la decisión? ¿Cómo afectará esta política a las relaciones con Venezuela, especialmente tras la reciente reautorización de importaciones de petróleo venezolano por parte de la administración Trump? Además, la operación genera preocupaciones sobre su posible vinculación con las políticas de deportación masiva de Trump, que también han apuntado a presuntos miembros de Tren de Aragua, y sobre el precedente que podría establecer para otras potencias, como China en el Mar del Sur de China. La falta de transparencia sobre la identificación de los ocupantes del barco y la necesidad de un despliegue naval tan robusto para un solo operativo han intensificado las críticas.
Desde la perspectiva de la Casa Blanca, estas cuestiones legales y tácticas son secundarias frente al impacto político y mediático de la operación. La administración ha desestimado los debates sobre la legalidad, apostando por la imagen de dureza que proyecta la destrucción del barco, según analistas. El mensaje es claro: Estados Unidos planea repetir este tipo de acciones militares en el hemisferio occidental. Esta postura se alinea con la visión de Trump de un mundo dividido en esferas de influencia, donde Estados Unidos busca consolidar su hegemonía en el hemisferio, retirándose de conflictos prolongados en otras regiones como Asia para priorizar la “defensa del territorio nacional”. Un borrador reciente de la Estrategia de Defensa Nacional, citado por medios, sugiere un giro hacia este enfoque, con un énfasis en operaciones contra cárteles en América Latina.
El respaldo a esta estrategia no se limita a Washington. En la región, países como Trinidad y Tobago, Jamaica y Guyana han expresado apoyo explícito a las acciones de Trump. La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, celebró la operación, afirmando que no tiene “simpatía por los traficantes” y que el ejército estadounidense debería “matarlos a todos violentamente”. En Ecuador, Rubio anunció la designación de las bandas Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas, consolidando un acuerdo para que fuerzas estadounidenses apoyen operaciones de seguridad en el país. Al menos 13 naciones de la región se abstuvieron de firmar una declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que cuestionaba la acción militar, lo que refleja un cambio en la percepción tradicional de rechazo a la intervención estadounidense, como menciono James Bosworth en World Politics Review. Este apoyo, impulsado por el auge del populismo securitario en elecciones regionales, sugiere que algunos gobiernos podrían alinearse con la agenda de Trump, especialmente en países con líderes ideológicamente afines, como Chile y Colombia, donde elecciones próximas podrían reforzar esta tendencia.
Sin embargo, la escalada militar no está exenta de riesgos. La posibilidad de operaciones contra Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro ha sido etiquetado por Trump como líder del supuesto Cártel de los Soles, ha elevado las tensiones. Maduro respondió al ataque con sobrevuelos de aviones venezolanos sobre un destructor estadounidense, a lo que Trump replicó con la orden de derribar cualquier aeronave que repita la acción. Aunque el despliegue naval actual no sugiere una invasión inminente, analistas advierten que un error táctico podría desencadenar una escalada no deseada. A largo plazo, la intensificación de operaciones militares en el hemisferio podría reconfigurar la seguridad global, especialmente si China interpreta esta postura como una aceptación tácita de esferas de influencia, cediendo el dominio del hemisferio occidental a Estados Unidos mientras expande su influencia en otras regiones. La ausencia de líderes latinoamericanos, salvo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en un reciente desfile militar en Pekín refuerza esta hipótesis.
La campaña de Trump contra los cárteles, que trasciende la persecución de Tren de Aragua y apunta a una ofensiva regional sostenida, refleja una política exterior que prioriza la proyección de poder en el “patio trasero” de Estados Unidos. Mientras Rubio fortalece la cooperación con aliados como México y Ecuador, las implicaciones de esta estrategia podrían redefinir las dinámicas de seguridad hemisférica y global, desafiando normas legales internacionales y generando incertidumbre sobre el futuro de la región.
