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Buenos Aires, 12 de septiembre de 2025-Total News Agency-TNA-.El periodista Mauro Federico, recientemente involucrado en una causa por presunto espionaje ilegal, divulgó un elemento clave en la investigación sobre irregularidades en licitaciones públicas: la inclusión explícita de un pago anticipado del 3% por “gastos” en un contrato adjudicado a la empresa Urbano Express SA por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Esta revelación, que apunta a posibles direccionamientos y vínculos con figuras cercanas al poder, podría agravar las sospechas de corrupción en el manejo de fondos públicos para la adquisición de pañales desechables.
Federico hizo pública la información durante una entrevista en Radio 10 este viernes, en el marco de su declaración judicial por la denuncia de espionaje impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la que también figura el conductor Jorge Rial. Según el periodista, esta anotación contractual representa la primera evidencia documental de ese tipo de pago, y surge de aportes realizados por Fernando Cerimedo, asesor de figuras libertarias, quien corroboró testimonios previos sobre presuntas coimas. Fuentes cercanas a la fiscalía indicaron a Federico que este dato completa un eslabón esencial en la pesquisa, que continúa en curso y podría extenderse a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como a la controvertida droguería Suizo Argentina.
El contrato en cuestión, adjudicado el 7 de mayo de 2025 por un monto de 466.554 millones de pesos y con una duración de 36 meses, corresponde a una licitación pública lanzada en abril para la provisión de pañales a beneficiarios del PAMI. Urbano Express SA, empresa que ha sido vinculada en medios a la familia Menem, emergió como la única oferente que cumplió con los requisitos documentales, lo que generó inmediatas acusaciones de un proceso “armado a medida”. Competidores excluidos por el plazo exiguo del trámite denunciaron públicamente el direccionamiento, alegando que el PAMI favoreció intencionalmente a esta firma, que no cuenta con producción propia de pañales y depende de proveedores externos, algunos de los cuales han sido objetados por el organismo previsional y otras entidades estatales.
Federico detalló que, en el marco de la causa por los pañales, se detectó que Urbano Express adquiría insumos de compañías cuestionadas para luego revenderlos al PAMI, en un esquema que sugeriría intermediaciones opacas. “Aparece por primera vez en un contrato el pago de ‘gastos’ por adelantado del 3%”, enfatizó el periodista, aclarando que esta cláusula obliga a un desembolso previo y ya ha sido incorporada como prueba judicial. “Tenían que pagarlo por adelantado y lo dejaron asentado en un contrato; eso ya fue aportado a la Justicia”, agregó, basándose en confidencias de fuentes fiscales.
Esta denuncia se inscribe en un contexto más amplio de escrutinio sobre la gestión del PAMI bajo el actual gobierno. El 12 de mayo pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni desestimó versiones de sobreprecios en la adquisición de pañales, atribuyéndolas a un “lobby” de empresas perdedoras y remitiendo el caso a la Justicia. En esa ocasión, Adorni anunció un nuevo esquema de entrega domiciliaria que, según estimaciones oficiales, generaría un ahorro de 5.000 millones de pesos al eliminar intermediarios y prevenir ventas irregulares en plataformas digitales. No obstante, Federico sugiere que la documentación hallada apunta a una red de irregularidades más profunda, posiblemente documentada y con implicancias en altos niveles ejecutivos.
Implicancias judiciales y políticas
La aparición de este pago del 3% no solo cuestiona la transparencia de la licitación, sino que podría reabrir debates sobre el control de gastos en organismos públicos sensibles como el PAMI, que atiende a millones de jubilados con presupuestos millonarios. Fuentes judiciales consultadas por Noticias Argentinas, y citadas por Federico, destacan que el testimonio de Cerimedo –quien ratificó declaraciones de Diego Spagnuolo sobre coimas– proporciona la “pieza que faltaba” para avanzar en una etapa de la investigación. Spagnuolo, otro asesor libertario, había aludido previamente a prácticas corruptas en entornos cercanos al oficialismo.
El caso de espionaje ilegal, por su parte, añade una capa de complejidad: Federico y Rial fueron denunciados por Bullrich por supuestas operaciones de inteligencia contra funcionarios, lo que el periodista vincula a represalias por sus coberturas críticas. En su declaración, Federico aprovechó para exponer este nuevo hallazgo, argumentando que revela patrones de favoritismo en contrataciones estatales. La conexión con Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y figura clave en la Secretaría General, surge de menciones en la pesquisa sobre influencias en decisiones administrativas, aunque no ha habido imputaciones formales hasta el momento.
Analistas políticos observan que esta revelación podría erosionar la narrativa de austeridad promovida por el gobierno, especialmente en un año electoral donde la transparencia es un eje de campaña. El PAMI, con un presupuesto anual que supera los 2 billones de pesos, ha sido blanco de críticas por presuntos sobrecostos en insumos básicos, como pañales para adultos mayores, que representan un gasto recurrente de cientos de millones. La licitación de Urbano Express, al ser la única viable, evitó una competencia real, lo que según expertos en contrataciones públicas viola principios de igualdad y publicidad establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos.
Además, la vinculación de Urbano Express con los Menem –familia emblemática del peronismo de los 90, ahora en un gobierno de corte liberal– genera ironías políticas. La empresa, especializada en logística y distribución, ha participado en otros procesos estatales controvertidos, y su adjudicación exclusiva en el PAMI refuerza sospechas de redes preexistentes. Federico subrayó que el pago del 3% por “gastos” no es un rubro habitual en contratos públicos, y su inclusión explícita podría configurarse como un indicio de dádivas o comisiones encubiertas.
Respuesta oficial y próximos pasos
Hasta el cierre de esta edición, el gobierno no ha emitido un pronunciamiento específico sobre la revelación de Federico. En mayo, Adorni había insistido en que cualquier irregularidad sería investigada judicialmente, sin aludir a destituciones de funcionarios implicados. El nuevo sistema de entrega directa de pañales, anunciado como medida anticorrupción, busca centralizar la distribución para evitar desvíos, pero críticos argumentan que no aborda las fallas estructurales en las licitaciones previas.
La Justicia, por su lado, avanza en la causa con la incorporación de esta prueba contractual. Fiscales han solicitado ampliación de testimonios, incluyendo a ejecutivos de Urbano Express y proveedores secundarios. Si se confirma el direccionamiento, podría derivar en cargos por cohecho, fraude al Estado y asociación ilícita, con potenciales repercusiones en el Congreso, donde opositores ya reclaman auditorías al PAMI.
Esta situación ilustra las tensiones entre el discurso de ajuste fiscal del mileísmo y las denuncias de opacidad en la ejecución presupuestaria. Mientras el oficialismo defiende su gestión como “libre de corruptelas”, hallazgos como este alimentan el escepticismo público y podrían influir en la agenda legislativa venidera.
