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FLORANCIO VARELA, 25 de septiembre de 2025 – Total News Agency – TNA –La investigación por el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) escaló este jueves con la difusión de datos forenses que confirman que las jóvenes fueron torturadas y asesinadas en una vivienda de Florencio Varela, y con la revelación de que parte de la secuencia habría sido transmitida en vivo por Instagram a un grupo cerrado. Las fuentes oficiales y judiciales sostienen que el hecho responde a una represalia atribuida a una organización narco que opera con raíces en el barrio de Bajo Flores y actuaba con libertad en zonas del conurbano, según denuncias de familiares y actores locales.
Transmisión en vivo y mensaje mafioso
El ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, confirmó que la sesión de tortura y los homicidios fueron emitidos por una cuenta privada de Instagram y que aproximadamente 45 personas habrían visto la transmisión. Según la investigación, uno de los detenidos admitió la existencia del video y declaró que, durante la emisión, el presunto líder habría pronunciado un mensaje de advertencia: “Esto le pasa al que me roba droga”. Las autoridades judiciales incorporaron esa declaración como indicio en la reconstrucción del móvil.
Datos forenses: tortura y modalidad del homicidio
Las autopsias preliminares, difundidas por fuentes forenses consultadas por la prensa, consignan que las víctimas fueron sometidas a torturas antes de morir y que los homicidios ocurrieron de forma individual en horas de la madrugada del sábado. Según los peritajes: a Lara, de 15 años, le amputaron varios dedos de la mano izquierda y parte de una oreja; además sufrió una herida de arma blanca en el cuello que seccionó la carótida. Brenda presentaba un hundimiento de cráneo por un traumatismo que le provocó la muerte, múltiples heridas punzocortantes en el cuello y un corte abdominal profundo que, según los forenses, fue realizado después del fallecimiento. Morena registró golpes en el rostro y una luxación cervical coincidente con una maniobra para provocar la muerte. Los forenses fijaron la data de los homicidios entre 90 y 96 horas antes del hallazgo de los cuerpos.
Detenidos, hallazgos y procedimiento investigativo
La pesquisa, dirigida por la Fiscalía de La Matanza y con intervención de la PROCUNAR y equipos especiales de la Policía bonaerense, detuvo hasta ahora a cuatro personas identificadas por la prensa como Miguel Ángel Villanueva Silva (27, nacionalidad peruana), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28); todos fueron imputados por homicidio agravado. Dos de los detenidos fueron sorprendidos dentro de la vivienda de Río Jáchal y Chañar limpiando con lavandina manchas compatibles con hemorragias; en los allanamientos se secuestraron elementos presuntamente vinculados a la logística del hecho y se localizó un búnker que habría sido desalojado de manera apresurada. La camioneta Tracker blanca que aparece en las cámaras fue objeto de seguimiento hasta perderse el rastro en el conurbano; investigadores analizan intercambios telefónicos, redes y cámaras para dar con otros responsables.
Hipótesis: venganza narco con base en Flores
Fuentes judiciales y la propia información aportada por detenidos apuntan a que la masacre obedecería a una “venganza” por un supuesto robo de droga. Los investigadores señalan vinculaciones con una organización que tendría base operativa y cadenas de suministro asentadas en el Bajo Flores —la denominada villa 1-11-14—, un barrio que desde hace años aparece en investigaciones y crónicas como epicentro de disputas y estructuras narco. Ese entramado habría utilizado el hecho como “acto de disciplinamiento” para otros integrantes de la banda y para imponer temor en la zona.
Críticas por inacción y presunto amparo local
Familiares de las víctimas y referentes de La Matanza cuestionaron la respuesta de autoridades locales y federales, y pidieron medidas más profundas contra el narcomenudeo y las organizaciones que operan en la región. En la escena pública se registraron reproches por la ausencia de operativos preventivos y por la falta de un abordaje sostenido contra las redes que, según denuncias vecinales y algunos informes regionales, actúan con relativa impunidad en ciertos corredores del conurbano. Fuentes locales manifestaron además que la Fiscalía no había solicitado la intervención de fuerzas federales con anterioridad y exigieron mayor coordinación interjurisdiccional para desarticular las redes.
Líderes buscados y próximas medidas
El ministro Alonso informó que la pesquisa ya identificó a un presunto jefe de la banda, descrito por fuentes oficiales como un ciudadano peruano de 23 años apodado “Julito” o “pequeño J”, contra quien se emitió un pedido de captura. Las autoridades anticiparon que profundizarán peritajes (ADN, toxicología, cotejos balísticos), la extracción de datos de dispositivos y la cooperación con la PROCUNAR para intentar localizar a los instigadores y a posibles responsables alojados en otros distritos. Por secreto de sumario no se brindaron mayores precisiones sobre el avance operativo.
Reacción social y seguimiento judicial
El hallazgo y la crueldad que reflejan los informes forenses provocaron repudio y pedidos de justicia en La Matanza y en la Ciudad de Buenos Aires. Los familiares demandan impulso y transparencia en la investigación; organizaciones civiles y grupos de mujeres reclamaron además políticas públicas de prevención y de protección para jóvenes en situación de riesgo. La causa quedó a cargo del fiscal Gastón Dupláa y la instrucción continúa con medidas urgentes para localizar a los prófugos e identificar agravantes y la cadena de mando criminal.
