Argentina
España
USA
Israel
México, 27 de septiembre de 2025 – Total News Agency-TNA -.El robo de combustible, conocido localmente como “huachicol”, se ha consolidado como uno de los motores principales de la violencia organizada en México, desencadenando enfrentamientos letales entre carteles, corrupción en las fuerzas de seguridad y ataques indiscriminados contra civiles, según informes especializados y datos oficiales recopilados por Total News Agency. Esta economía criminal multimillonaria, que involucra la perforación ilegal de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), no solo genera ganancias rápidas para las bandas delictivas, sino que también atrapa en su vorágine a comunidades enteras, policías y trabajadores petroleros, exacerbando la crisis de seguridad en estados clave del centro y el Golfo del país.
El ataque del 9 de noviembre de 2024 en un bar de Santiago de Querétaro ejemplifica esta dinámica brutal: hombres armados irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego con armas largas, matando a diez personas, incluido Fernando González Núñez, un presunto líder regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades estatales atribuyeron el asalto al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), enmarcándolo en una disputa por el control de rutas de huachicol. Este incidente, que dejó a clientes inocentes bajo las mesas en medio de una carnicería iluminada por luces de discoteca, subraya cómo el huachicol transforma disputas territoriales en masacres masivas.
Una economía criminal propensa al conflicto armado
El huachicol representa una de las actividades ilícitas más lucrativas y violentas en México, con un valor estimado en miles de millones de dólares anuales. A diferencia del petróleo crudo, el combustible robado de los ductos —como gasolina y diésel listos para el consumo— puede comercializarse directamente en mercados negros, sin necesidad de procesamiento adicional. “Lo que se extrae de esos ductos es inmediatamente comercializable”, explicó David Soud, experto del Atlantic Council, destacando que la barrera de entrada es baja: solo se requiere conocimiento para perforar los oleoductos y una infraestructura básica para transportar el producto.
Esta rentabilidad acelera la expansión violenta de los grupos criminales, quienes utilizan las ganancias para financiar la conquista de territorios cercanos a infraestructuras clave de Pemex, como refinerías y terminales de almacenamiento. En 2024, solo en Hidalgo se registraron 2.450 tomas clandestinas, la cifra más alta del país, lo que ha intensificado los choques armados en la región. Además, el alza en los precios internacionales del petróleo ha incrementado la rentabilidad del huachicol, atrayendo a más actores delictivos y elevando los niveles de violencia.
La violencia se concentra en estados centrales como Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Querétaro, donde abundan los oleoductos y los mercados urbanos para el combustible ilícito. Según un mapeo de eventos violentos, se han documentado al menos 381 casos vinculados al huachicol en el centro de México, incluyendo abusos de las fuerzas de seguridad, ataques a civiles, explosiones en ductos, emboscadas a policías y ejecuciones de empleados de Pemex.
Civiles atrapados en el fuego cruzado
Los grupos huachicoleros no solo combaten entre sí, sino que también emplean tácticas de terror contra la población para consolidar su dominio territorial. En septiembre de 2024, en Puebla, seis personas fueron secuestradas y sus cuerpos hallados en vehículos incendiados cerca de Santa María Xonacatepec, en un crimen atribuido a una disputa entre bandas locales de robo de combustible. Ese mismo mes, La Barredora —un grupo con base en Tabasco y presuntamente liderado por un exjefe de seguridad estatal— secuestró al empresario César Anaya en San Martín Texmelucan, Puebla. Un video difundido en redes sociales mostró a Anaya, golpeado y esposado, advirtiendo a rivales que se alejaran de la zona; días después, su cuerpo decapitado apareció frente a un supermercado Walmart.
Los ataques también se dirigen contra trabajadores petroleros y fuerzas de seguridad. En enero de 2023, en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo —el municipio más afectado por el huachicol en años recientes—, huachicoleros emboscaron a militares y miembros de la Guardia Nacional que escoltaban a empleados de Pemex durante reparaciones en ductos. Por otro lado, las fuerzas del orden han sido acusadas de ejecuciones extrajudiciales: en marzo de 2019, cuatro personas detenidas por la Marina en Santa Rita Tlahuapan, Tlaxcala, aparecieron muertas y enterradas; doce marinos fueron procesados por homicidio agravado.
Corrupción estatal y la expansión del CJNG
La infiltración de instituciones públicas agrava el problema. En junio de 2025, once policías estatales de Guanajuato fueron arrestados por actuar como escoltas armados de una banda huachicolera. Tabasco, un estado petrolero en el Golfo de México, ilustra esta cooptación: entre 2023 y 2024, la tasa de homicidios se disparó un 260%, de 9,4 a 34,1 por cada 100.000 habitantes, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco (2019-2024), fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y extraditado a México, acusado de liderar La Barredora. Documentos militares filtrados por el colectivo Guacamaya en 2022 revelan que Bermúdez utilizó su cargo para consolidar el control del CJNG sobre puntos de huachicol, ordenando ejecuciones de rivales y ofreciendo 180.000 litros semanales de diésel ilícito para el Tren Maya, aunque el acuerdo no se materializó, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Ulises Pinto, un exfuncionario de la Policía Federal y segundo al mando de Bermúdez, fue detenido en julio de 2025. En diciembre de 2023, una fractura interna en La Barredora —con una facción aliada al CJNG y otra en resistencia— llevó a un intento de asesinato contra Bermúdez, quien renunció poco después.
Conflictos persistentes en Guanajuato y más allá
Guanajuato, epicentro del huachicol, ha visto una “guerra” entre el CJNG y el CSRL desde 2017, coincidiendo con un cuadruplicamiento de la tasa de homicidios, que en 2024 alcanzó 62,4 por cada 100.000 habitantes —la segunda más alta de México. El CSRL, financiado por el robo de hasta el 1,5% del petróleo de Pemex en su apogeo (generando entre 800.000 y 1,2 millones de dólares diarios en 2020), ha intensificado tácticas de terror contra civiles. En 2024, el grupo fue vinculado al asesinato de Gisela Gaytán, candidata a la alcaldía de Celaya, y a un tiroteo en un evento religioso en San Bartolo de Berrios, donde murieron seis personas.
A pesar de capturas clave, como la de José Antonio Yépez Ortiz (“El Marro”), líder del CSRL en 2020, la violencia persiste, con operaciones de seguridad que redujeron los delitos intencionales un 48% en Guanajuato desde octubre de 2024, pero sin erradicar el problema. En julio de 2025, autoridades mexicanas incautaron casi 4 millones de galones de combustible robado de trenes abandonados, destacando la escala del problema.
Expertos como David Saucedo, consultado por InSight Crime, advierten que los grupos no solo eliminan líderes rivales, sino que matan civiles para demostrar fuerza territorial. Con la fragmentación del Cártel de Sinaloa, el CJNG podría expandirse aún más en 2025, intensificando la violencia en regiones huachicoleras. La nueva administración de Claudia Sheinbaum ha intensificado la lucha contra el crimen, pero analistas como Laura Atuesta y Luis Vargas enfatizan la necesidad de políticas integrales para contener la extorsión y la violencia.
Fuentes consultadas: Informes de InSight Crime; datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); Atlantic Council; Fiscalía General de la República de México.
