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Buenos Aires, 28 de septiembre de 2025 – Total News Agency – TNA –El Gobierno nacional enfrenta esta semana un desafío central en el Congreso: el inminente debate en Diputados del proyecto que limita los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Consciente de la falta de mayoría propia, la Casa Rosada desplegó una ofensiva política para alinear a gobernadores aliados y así frenar la iniciativa en la Cámara baja, o al menos garantizar que un eventual veto presidencial no sea revertido.
Negociaciones en curso y contactos con provincias
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, llevan adelante conversaciones con mandatarios provinciales. El objetivo es claro: lograr que los legisladores que responden a esos gobernadores eviten aprobar el proyecto impulsado por la oposición.
Entre los interlocutores más activos figuran los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta). En votaciones previas, los diputados tucumanos se ausentaron, mientras que los salteños se pronunciaron en contra del tratamiento de la reforma. Esa conducta es leída por el oficialismo como una señal de disponibilidad para negociar.
En paralelo, los mandatarios aliados de La Libertad Avanza —Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco)— ya confirmaron su respaldo, al igual que los bloques que responden a Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan).
Lo que propone la reforma opositora
El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, donde logró 56 votos a favor. La iniciativa plantea cambios sustanciales:
- Los DNU deberán ser ratificados con mayoría absoluta en ambas cámaras dentro de un plazo de 90 días corridos.
- Si una sola cámara los rechaza, el decreto queda automáticamente anulado.
- Se prohíbe la “sanción ficta” que convalida los decretos por el simple paso del tiempo.
- Cada DNU deberá circunscribirse a una sola materia específica.
Con esta reforma, se busca revertir la ley 26.122, sancionada en 2006 bajo el impulso de Cristina Kirchner, que otorgó al Ejecutivo amplias facultades para legislar por decreto.
El tablero legislativo y la estrategia oficialista
En la última votación preliminar en Diputados, 142 legisladores votaron a favor de avanzar con el proyecto y 88 en contra, sobre un total de 231 presentes. La oposición quedó lejos de los dos tercios necesarios para revertir un veto presidencial, lo que fortalece la confianza del Gobierno.
El oficialismo reconoce que no puede frenar el dictamen en comisión ni garantizar que el proyecto no avance al recinto. Sin embargo, sostiene que los números alcanzan para sostener un eventual veto de Milei, incluso sumando los votos de diputados que estuvieron ausentes en la última sesión.
“Hay gobernadores a los que no les gusta nada esta iniciativa, sobre todo a los que tienen aspiraciones presidenciales”, señalan desde el Ministerio del Interior, convencidos de que el contexto político puede ayudar a inclinar voluntades.
Gobernadores en posiciones divididas
Dentro del bloque de Provincias Unidas, el panorama es dispar. Legisladores que responden a Gustavo Valdés (Corrientes) y Martín Llaryora (Córdoba) acompañaron la reforma en Diputados. De hecho, en el Senado la cordobesa Alejandra Vigo fue una de las principales impulsoras.
En cambio, los representantes de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) se mostraron refractarios al proyecto, alineándose en la práctica con la estrategia de la Casa Rosada.
Un tema en la agenda de máxima prioridad
Para el oficialismo, frenar la iniciativa es tan importante como la aprobación del Presupuesto 2026. Voceros libertarios insisten en que restringir el uso de los DNU no solo afectaría a la actual administración, sino a futuros gobiernos que enfrenten minorías legislativas.
El contexto económico también incide en la negociación. La reciente promesa de asistencia financiera de Estados Unidos, que desactivó tensiones cambiarias, mejoró la posición de la Casa Rosada frente a los gobernadores, que ahora escuchan con mayor predisposición los planteos de Menem y Catalán.
Lo que se juega
La oposición busca limitar lo que considera un “abuso del decreto” como método de gobierno por parte de Milei, quien, al carecer de mayorías en el Congreso, recurrió reiteradamente a esa herramienta desde el inicio de su gestión. El oficialismo, en tanto, interpreta la embestida como un intento de debilitar su capacidad de maniobra en un contexto de reformas estructurales.
Con las conversaciones en marcha y un tablero legislativo aún abierto, la definición sobre los DNU se proyecta como uno de los debates institucionales más trascendentes del año. Lo que suceda en las próximas semanas será determinante para la relación de fuerzas entre la Casa Rosada y el Congreso, y marcará el rumbo de la gobernabilidad en el tramo final del año electoral.
