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Comodoro Rivadavia, 4 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-La protesta iniciada el lunes de un grupo reducido —apenas cuarenta personas— del gremio UOCRA en el acceso principal de Cerro Dragón volvió a exponer un problema estructural que preocupa a todo el sector energético: la capacidad de pequeños bloques de presión para paralizar operaciones críticas y transmitir un mensaje de inestabilidad que desalienta inversiones en un área considerada estratégica para el país. Según documentación a la que Total News tuvo acceso, los manifestantes impiden la salida de vehículos operativos de la compañía, provocando demoras, riesgos logísticos y pérdidas económicas, aun sin bloquear el libre tránsito de personas o automóviles particulares. Según pudo determinar TNA, los gremilaistas recién se retiraraon hace instantes. Lo curioso del asuto es la reserva con la que se mantuvo el asunto.
La UOCRA sostiene que la empresa estaría incorporando trabajadores del gremio petrolero en detrimento de mano de obra propia. Sin embargo, y de acuerdo con la información interna, no existe verificación alguna que confirme esas acusaciones. Aun así, el reclamo avanzó sobre los ingresos del mayor yacimiento hidrocarburífero convencional del país, afectando tareas que requieren continuidad y que son esenciales para la producción diaria de petróleo y gas.
En función de la situación, la empresa radicó una denuncia en la Comisaría 1° de Las Heras, Santa Cruz, por infracciones a los artículos 174 inciso 6 y 194 del Código Penal, vinculados al entorpecimiento del transporte y los servicios públicos. La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción N°1, a cargo del juez Eduardo Quinlin, quien —según pudo confirmar TNA— no dispuso ninguna medida judicial hasta el momento. Tampoco existe en el lugar presencia de fuerzas provinciales o federales, y la comisaría jurisdiccional solo realiza recorridas periódicas debido a la falta de personal asignado de manera fija al operativo.
La prolongación de la protesta, sin intervención judicial ni contención policial, genera inquietud en las operadoras y en el gobierno provincial. Ejecutivos consultados describen con preocupación el “efecto demostración”: si un grupo de cuarenta manifestantes puede interferir en un activo crítico sin consecuencias inmediatas, cualquier proyecto energético o minero queda expuesto a la misma vulnerabilidad. “Esto desalienta inversiones y afecta la credibilidad del país”, advirtió un técnico con acceso directo a la operación. El temor es que la señal negativa trascienda Cerro Dragón y condicione futuras rondas de inversión, en un momento en que Argentina busca atraer capital para sus desarrollos no convencionales y para la transición energética.
Cerro Dragón es, desde hace décadas, una pieza central del aparato energético argentino. Operado por Pan American Energy (PAE), abarca más de 3.400 km² en la Cuenca del Golfo San Jorge y llegó a producir unos 100.000 barriles diarios, cerca del 15% del total nacional. Solo en empleo directo e indirecto moviliza a más de 8.000 trabajadores. Su estructura productiva y logística depende de un flujo operativo constante: interrupciones, incluso breves, generan pérdidas acumulativas que se trasladan tanto a la empresa como a las provincias productoras por la merma en regalías.
Pero el conflicto estalla justo cuando el yacimiento atraviesa una etapa determinante. Tras la confirmación de importantes reservas de shale gas en formaciones profundas, como la D-129, PAE logró reconvertir su concesión para avanzar hacia la explotación no convencional por al menos 35 años más. El acuerdo, aprobado en abril por la Legislatura de Chubut, contempla una inversión inicial cercana a los 250 millones de dólares para pozos piloto, fracking y técnicas avanzadas de recuperación terciaria. Para el gobernador Ignacio Torres, se trata de un “momento bisagra” que promete darle una segunda vida a la cuenca y asegurar miles de empleos durante las próximas décadas.
Justamente por eso, dentro del sector se interpreta que la protesta adquiere un carácter más delicado: no solo afecta la operación diaria, sino que pone en riesgo el clima de previsibilidad indispensable para que se concrete la nueva etapa de expansión productiva. Organismos técnicos consultados por TNA señalan que cada día de paralización altera cronogramas sensibles y encarece los costos de perforación y mantenimiento.
Mientras la tensión persiste, la empresa continúa monitoreando el conflicto y reforzando los informes a las autoridades. A la zona se desplazó el jefe de la DUOF Caleta Olivia junto a personal operativo, aunque su arribo demandará cerca de dos horas. Por ahora, no se observan señales de una pronta resolución, y el malestar en el sector crece ante la posibilidad de que el conflicto se prolongue.
Fuentes consultadas: informes internos de la empresa; documentos judiciales y policiales; datos oficiales de producción e inversión.
