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Acusaciones contra una figura con perfil político-religioso
Buenos Aires, 11 de octubre de 2025 – Total News Agency – TNA –Un sacerdote con fuerte presencia en provincias del sur del país, que encabeza la lista del kirchnerismo en Santa Cruz como primer candidato a diputado nacional, fue denunciado ante la justicia federal por presuntamente liderar una organización criminal dedicada al traslado ilegal de menores desde la provincia del Chaco hacia Santa Cruz. La denuncia –documentada en más de 30 páginas– imputa al religioso y sus colaboradores delitos que incluyen trata de personas, falsificación de documentos, asociación ilícita y defraudación a la administración pública.
El expediente acusatorio detalla cómo la organización manipulaba datos oficiales para inflar el número de menores trasladados y justificar fondos públicos destinados a programas sociales. También incluye rutas de movimiento, nombres específicos, fechas precisas y constancias de adulteración documental.
Vínculos institucionales y antecedentes políticos
El sacerdote denunciado, de 58 años según el documento original, combinaba su actividad religiosa con roles públicos en gestión social y política. Administró programas vinculados a la prevención de adicciones y trabajó con organizaciones dirigidas a la niñez vulnerable. También fue jefe de la Sedronar durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2013-2015) y promovió la Fundación Valdocco, presente en Santa Cruz y otras jurisdicciones.
En Santa Cruz, su candidatura representa la unidad del peronismo provincial desde el frente denominado Fuerza Santacruceña. En medios locales aseguran que su carrera ha estado marcada por declaraciones polémicas y denuncias previas sobre el manejo de fondos institucionales asignados a sus organismos de asistencia.
Riesgos políticos y judiciales de la acusación
La denuncia, al referirse a documentos públicos y privados falsificados, la existencia de una asociación criminal con estructura operativa y recursos estatales comprometidos, puede generar repercusiones tanto a nivel electoral como institucional. Si los juzgados federales confirman la admisión del caso, se abrirá una etapa de investigación formal que podría implicar medidas cautelares como inhibiciones de bienes, pedidos de indagatoria y nulidades de fondos públicos otorgados bajo esa operatividad.
La presencia de un candidato con perfil eclesiástico agregado a una acusación de esta magnitud plantea un escenario complejo para el oficialismo provincial, en especial si prima el escrutinio mediático y la presión social por esclarecer los hechos antes del cierre de listas y la campaña electoral.
