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Miami, 4 noviembre 2025 – Total News Agency-TNA-Una amplia investigación periodística transnacional, encabezada por la organización Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en alianza con el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP) y medios asociados, reavivó este lunes el análisis sobre la supuesta implicación del régimen de Nicolás Maduro y la alta oficialidad militar venezolana en el narcotráfico internacional, revelando un entramado operado por el denominado Cártel de los Soles que habría movilizado cientos de toneladas de cocaína.
La investigación, publicada por primera vez el 6 de noviembre de 2023, partió de una masiva filtración de documentos de la Fiscalía General de Colombia e incluye decenas de testimonios y secciones judiciales de Estados Unidos. Según el informe, la red criminal que vincula al Ejército y la Guardia Nacional de Venezuela habría generado una infraestructura de transporte que va de ríos y fincas hasta pistas aéreas clandestinas, lo que permitió al Cártel de los Soles pasar de mero tránsito a procesamiento propio de cocaína en territorio venezolano.
Expertos en relaciones internacionales subrayan que “la gestión del tráfico de cocaína en Venezuela no es algo nuevo”, y atribuyen al régimen de Maduro un papel principal dentro del mecanismo de lavado y distribución. La investigación detalla que la estructura delictiva generó alianzas con el Cártel de Sinaloa y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), operando bajo un mando militar “difuso pero real”, que mueve hasta 350 toneladas de cocaína al año en rutas internacionales hacia EE.UU. y Europa.
El expediente menciona más de 75 nombres de altos funcionarios —militares, empresarios y autoridades regionales— que fueron señalados por filtraciones y documentos judiciales. En agosto de 2024, cuando Diosdado Cabello fue nombrado ministro del Interior, se interpretó como una señal política potente: un presunto líder del cártel ocupando una cartera clave del aparato de seguridad.
Los expertos destacan cuatro objetivos centrales de la red: financiar unidades militares, habilitar corredores seguros de salida de droga, utilizar infraestructura militar para el transporte, y controlar puertos y aeropuertos estratégicos. Con esta arquitectura, la organización dejó de depender de terceros para procesar o exportar estupefacientes. Según la ONG local Transparencia Venezuela, en 2024 las estructuras de narcotráfico generaron ganancias de hasta USD 8 200 millones en el país.
En el plano internacional, EE.UU. acusó en 2020 a Maduro y altos funcionarios de liderar el Cártel de los Soles. A partir de la filtración colombiana, los informes periodísticos añadieron coordenadas precisas sobre el funcionamiento interno del grupo y su liderazgo militar. La publicación de OCCRP subraya que algunos economistas y juristas señalan que la continuidad del régimen depende también de este “estado narco” institucionalizado.
Una de las implicancias clave del documento revela que el Cártel de los Soles no solo opera con el tráfico de drogas, sino que se diversificó a sectores como minería ilegal, tala, contrabando de gasolina, tráfico de armas y explotación de cárceles. Esa expansión coincide, según los analistas, con un respaldo geopolítico de países como China y Rusia, lo que reforzaría la sensación de impunidad de la estructura venezolana.
La investigación se publica cuando la comunidad internacional ha incrementado las sanciones y presiones diplomáticas sobre Caracas. El 28 de agosto de 2025, el gobierno estadounidense designó al Cártel de los Soles como organización terrorista, lo que abre la posibilidad de acciones legales más intensas. Las filtraciones también han generado pedidos de investigación ante la Corte Penal Internacional (CPI) por “lavado de dinero, tráfico internacional y violaciones de derechos humanos”.
Los datos de la investigación plantean preguntas críticas sobre la evolución de Venezuela: hasta qué punto el Estado permite o facilita operaciones de crimen organizado, y cómo esa connivencia afecta la estabilidad regional. Para los países vecinos y socios internacionales, la posibilidad de combatir eficazmente esta red exige cooperación transfronteriza, controles financieros y sanciones que trasciendan lo simbólico.
En Venezuela, la investigación podría tener efectos internos: un debilitamiento del entramado de poder que sostiene al régimen o un endurecimiento de su aparato represivo. Para las autoridades internacionales, la ruta a seguir implica no solo acusaciones y listas negras, sino una acción coordinada sobre rutas de droga, lavado de dinero y actores estatales implicados.
