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Tartagal (Salta), 5 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-En un operativo sin precedentes en la historia reciente de la frontera norte argentina, este lunes fueron allanadas las instalaciones del Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional en Tartagal y la residencia del comandante de dicha unidad, en el marco de una investigación por tráfico de estupefacientes que se inició en mayo, tras el secuestro de más de 160 kilogramos de cocaína.
La medida judicial, ordenada por la fiscal federal Lucía Orsetti y ejecutada por la Fiscalía Descentralizada de Tartagal junto al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta, tiene como objetivo el secuestro de elementos probatorios vinculados al caso. Entre los imputados ya figuran un oficial y un suboficial de la fuerza de seguridad federal.
El expediente se originó el 5 de mayo cuando, en un operativo del Escuadrón 54 “Aguaray” de Gendarmería, ubicado en el kilómetro 1.466 de la ruta nacional 34, los efectivos detectaron una camioneta Ford Ranger con doble fondo que transportaba 173 paquetes de cocaína –equivalentes a 160 kilos 960 gramos–. Los ocupantes, dos mayores de edad y un menor, fueron detenidos en el lugar por transporte agravado de estupefacientes.
La investigación posterior identificó vínculos entre esos detenidos y miembros de la fuerza federal que habrían colaborado logísticamente con la maniobra: pólizas de seguro, vehículos vinculados al “coche puntero” y cámaras de seguridad permitieron conectar el traslado de la droga con personal del Escuadrón 52.
Según fuentes judiciales, el allanamiento en el Escuadrón 52 y el domicilio del comandante se realizó de manera sorpresiva para asegurar evidencia que permitiría determinar la extensión de la maniobra, su logística, los roles de los implicados y la eventual implicación de personal de mando o de respaldo. Aún no se informó oficialmente la cantidad de detenidos ni la magnitud completa del material secuestrado, lo que mantiene elevado el grado de hermetismo de la causa.
Este episodio abre una incómoda disyuntiva institucional. Por un lado, pone en evidencia la magnitud del narcotráfico que opera en la frontera de Argentina con Bolivia y Paraguay; por otro, plantea preguntas sobre la integración de las fuerzas federales en el control del espacio aéreo y terrestre, su diseño operativo, su nivel de autonomía y la eficacia de los mecanismos de auditoría interna.
Entre los interrogantes emergentes se destaca el porqué del protagonismo tardío de la Justicia frente a maniobras de gran escala y por qué la respuesta se limita a la reacción luego de secuestros o accidentes, en lugar de interceptar vuelos, rutas clandestinas o bajar las cargas antes de que lleguen a suelo argentino. Fuentes altas de la investigación señalan que la ruta aérea y terrestre de las avionetas narco se complementa con complicidades locales, lo que reduce la pista hacia los controladores aéreos.
Asimismo, en el norte salteño operan frecuentemente avionetas sin plan de vuelo que cruzan el espacio aéreo argentino a baja altura, descargan en zonas agrestes y escapan sin ser detectadas. Hecho que plantea otro nivel de cuestionamiento: la estrategia de despliegue de la fuerza aérea, el radarización y la cobertura de la frontera. En este marco, la operación de Gendarmería que interceptó la camioneta común aparece como la punta visible de una logística mucho más amplia.
La gravedad del caso se agrava por función del sujeto allanado: si la investigación confirma la implicación de un comandante en la red de tráfico, se trataría de un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico, que históricamente ha encubierto vínculos entre fuerzas de seguridad, rutas clandestinas y organizaciones trasnacionales.
En términos operativos, la causa podría derivar en revisiones profundas de los protocolos de control fronterizo, de los mecanismos de inteligencia y coordinación interinstitucional —entre la entity[“organization”,”Prefectura Naval Argentina”,0], la entity[“organization”,”Policía de Seguridad Aeroportuaria”,0], la entity[“organization”,”Fuerza Aérea Argentina”,0] y Gendarmería—, y en un replanteo de la llamada “guerra administrativa” contra el narcotráfico.
Si bien el Estado nacional ha insistido en redoblar esfuerzos a partir del plan “Escudo Norte” y la plataforma de radares a lo largo del Chaco y el monte chaqueño, los hechos demuestran que parte de la carga más pesada sigue viéndose en el terreno y no en la cadena de interceptación aeroterrestre. Con ello, el caso Tartagal se convierte en emblema de una lucha en la que la visibilidad pública no siempre coincide con la eficacia operativa.
La investigación permanece en curso, con medidas de protección sobre los elementos incautados y posibles implicaciones que podrían extenderse a otras unidades de Gendarmería en el norte del país. Mientras tanto, los 160 kilogramos interceptados en mayo siguen siendo el eslabón visible de una red que ha volado, aterrizado, sido interceptada y ahora enfrenta el escrutinio interno del propio sistema de seguridad argentino.
