Argentina
España
USA
Israel
Por Daniel Romero
Buenos Aires, 7 noviembre 2025 – Total News Agency-TNA-La eventual designación de Fernando Iglesias como embajador argentino ante la Unión Europea volvió a encender la discusión sobre la política de Estado en torno a las Islas Malvinas. La propuesta, ya elevada para obtener el plácet de Bruselas según trascendió en las últimas horas, llega acompañada por reparos de dirigentes y especialistas que recuerdan declaraciones del propio legislador que, a juicio de sus críticos, colisionan con la doctrina histórica argentina. En particular, han sido citadas sus posiciones públicas de 2012, cuando integró un grupo de intelectuales que promovió “una visión alternativa” sobre Malvinas, con énfasis en la voluntad de los habitantes actuales del archipiélago.
Aquella intervención colocó a Iglesias en el centro de un debate espinoso: la aplicabilidad —o no— del principio de autodeterminación a un territorio cuya población fue implantada por la potencia ocupante tras la usurpación de 1833. En ese contexto, textos y reseñas de la época consignan formulaciones que generaron una fuerte reacción política. Entre ellas, el pasaje que resumía el espíritu del documento: “Respetar su modo de vida […] implica abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean”. En otras ocasiones de aquel período, se le atribuyó una respuesta tajante cuando le marcaron que tal enfoque chocaba con la Constitución Nacional: “Inconstitucional es esa cláusula”. Esas citas, recuperadas una y otra vez, alimentan hoy el reproche de quienes temen que su pliego introduzca una disonancia en la estrategia diplomática.
La posición oficial argentina —que distintos gobiernos han sostenido como política de Estado— se apoya en la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía con el Reino Unido y exhorta a ambas partes a negociar “sin demora”, teniendo en cuenta los intereses (que no se confunden con deseos) de los habitantes de las islas. Año tras año, el Comité Especial de Descolonización (C24) reitera ese mandato, y más recientemente la Organización de Estados Americanos volvió a respaldar por unanimidad el llamado al diálogo. Ese andamiaje normativo y político es el que la Cancillería invoca para rechazar la autodeterminación en este caso particular y sostener, en cambio, el principio de integridad territorial.
La nominación de Iglesias, por tanto, coloca dos planos en tensión. En uno, la oportunidad geopolítica: en vísperas de definiciones comerciales clave entre la UE y el Mercosur, el gobierno busca un representante de alto perfil en Bruselas para reposicionar intereses argentinos. En el otro, la coherencia estratégica: la expectativa de que cualquier embajador defienda con firmeza la línea histórica del país sobre Malvinas, sin ambigüedades ni matices que Londres pueda explotar en foros internacionales. Para los críticos, la hemeroteca pesa; para los defensores del nombramiento, el desafío es demostrar que el servicio exterior se ajusta al libreto de la política de Estado, más allá de opiniones pasadas.
La discusión también vuelve a poner el foco en el estándar jurídico que guía la cuestión Malvinas. La lectura dominante en el derecho internacional —reflejada en la 2065 y en las decisiones del C24— diferencia el caso de Malvinas de otros supuestos clásicos de autodeterminación por tratarse de una población trasplantada. De allí que el mandato internacional sea reanudar negociaciones de buena fe entre Estados, no plebiscitar una situación consolidada por la fuerza. Cualquier gesto discursivo que diluya esa distinción —alertan especialistas— puede ser utilizado por el Reino Unido para justificar la inacción y perpetuar el statu quo.
Mientras el Senado se prepara para intervenir en el trámite de acuerdos y la Cancillería defiende la necesidad de cubrir la vacante en la capital europea, el telón de fondo no cambia: Argentina sostiene el llamado a negociar con el Reino Unido sobre la disputa de soberanía, conforme al derecho internacional y a la doctrina histórica que trasciende a los gobiernos de turno. La eventual confirmación de Iglesias como embajador será leída, dentro y fuera del país, a la luz de esa vara: la consistencia entre la representación diplomática y la política de Estado sobre Malvinas.
