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Buenos Aires, 11 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA –La Cámara Federal de Casación Penal convocó al tribunal oral que instruye la causa conocida como Causa Cuadernos de las Coimas –en la que figuran como principales imputados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 86 acusados– con el propósito de definir un cronograma que acelere el proceso, normalice la presencialidad de las audiencias y elimine la feria judicial de verano. No se entiende la curiosa decisión del TOF 7 de debatir sólo una vez por semana y via zoom, todo muy a la medida de los imputados, quienes mostraron un absoluto desprecio en primer día de audiencia, mostrandose en la cama, comiendo o no apareciendo en las imagenes del zoom, como hizo Cristina Kirchner. Imágene miembros del TOF 7.
El tribunal de alzada reunió a sus miembros —Daniel Petrone, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky— en el Acuerdo de Superintendencia del martes, donde fijaron para el 18 de noviembre una reunión con los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 (TOCF 7) para coordinar las medidas
En su resolución, la Casación advirtió que el ritmo actual del proceso –con audiencias virtuales una vez por semana, los jueves– “podría extender la duración del juicio por más de cuatro años”, lo que vulneraría los principios de inmediación, publicidad y celeridad que deben regir en un debate oral público. Por ello, propondrá al tribunal que se celebren sesiones presenciales al menos tres veces por semana y que la sala de audiencias sea la recientemente remodelada Sala AMIA en Comodoro Py, o similar infraestructura adecuada.
El inicio del juicio oral, realizado el 6 de noviembre en modalidad virtual, informó que 87 imputados y sus defensores participaron por Zoom. La lectura del requerimiento fiscal —que supera las 225 000 palabras— ya avanzó más de la mitad, pero con la frecuencia actual tardaría años hasta terminar. Las autoridades judiciales remarcaron que la plataforma digital limita la interacción entre jueces y acusados y dilata el proceso.
El caso Cuadernos es considerado el mayor proceso por corrupción de la historia reciente argentina y tiene en su eje a la ex mandataria como “jefa de asociación ilícita” junto a otros ex funcionarios y empresarios. Su magnitud y complejidad han disparado cuestionamientos sobre la lentitud y el formato del juicio.
La convocatoria de la Casación también expresa una señal política de que el Poder Judicial pretende recuperar control y visibilidad en un caso que ha sido objeto de demoras, críticas al uso de herramientas virtuales y un despliegue de recursos sin la velocidad esperada. Especialistas en derecho procesal enfatizan que avanzar con audiencias presenciales y evitar interrupciones como la feria judicial son claves para asegurar transparencia, efectos disuasivos y credibilidad en la justicia.
Este impulso de aceleración llega en un momento en que la sociedad exige rigor frente al malestar creciente por corrupción, costos fiscales y la persistencia de estructuras de poder enquistadas en el Estado. La medida implica que el tribunal oral y la Casación deberán definir en pocos días si adoptan la presencialidad, multiplican la frecuencia de audiencias y aseguran recursos materiales y humanos necesarios para el debate.
El futuro inmediato del proceso dependerá de tres factores: disponibilidad de una sala adecuada (la Sala AMIA es candidata), asignación de más días de audiencia y el levantamiento de la feria de verano para mantener ritmo continuo. Si estas condiciones no se cumplen, el juicio podría quedar demorado y perder impacto institucional.
La presión de la Casación también abre un dilema para la defensa de los acusados: deberán adaptarse a un ritmo más exigente y a un entorno presencial, lo cual podría limitar nuevas estrategias dilatorias. A su vez, la fiscalía espera que esta decisión permita contar “sin excusas” con un debate público eficaz y un veredicto que reafirme la respuesta del Estado frente a la corrupción sistemática.
El desafío para el sistema judicial argentino es mayúsculo: transformar un trámite virtual, moroso y con baja visibilidad en un juicio que avance a velocidad adecuada, con transparencia, garantías y capacidad de producir sentencias efectivas. El cronograma de implementación de estas medidas será observado con atención política, mediática y social.
