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Reino Unido frena cooperación antidrogas con EE.UU. y abre un vacío que favorece a los cárteles y a la izquierda bolivariana
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El Gobierno británico suspendió el intercambio de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechadas de narcotráfico en el Caribe, amparándose en objeciones legales a los ataques letales que Washington viene ejecutando desde septiembre sobre “narcolanchas” en alta mar. La decisión –excepcional entre aliados históricos– no solo resiente la arquitectura operativa del Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur (JIATF-South), sino que abre un vacío táctico que, en los hechos, beneficia a los cárteles y a la línea de izquierda continental que históricamente les ha brindado cobertura política, con epicentro en el Foro de São Paulo y con Nicolás Maduro como uno de sus principales referentes.
Según reportes de prensa británica, Londres detuvo “hace más de un mes” el flujo de datos que servían para localizar y seguir a las naves que zarpan desde la fachada venezolana y rutas adyacentes. Las notas periodísticas refieren entre 14 y 19 golpes letales de EE.UU. en ese lapso y un saldo de alrededor de 70-76 fallecidos, cifras que el Reino Unido cita como fundamento para evitar “cualquier complicidad” en eventuales violaciones al derecho internacional. En la práctica, el retraimiento reduce la conciencia situacional sobre corredores marítimos críticos y debilita la cadena de interdicción que, hasta ahora, permitía interceptar cargamentos, detener tripulaciones y decomisar estupefacientes.
El giro británico, presentado como una salvaguarda legal, tiene efectos estratégicos previsibles: a) ofrece a las redes narco ventanas de oportunidad para reconfigurar rutas y patrones de navegación con menor riesgo de detección; b) otorga oxígeno a economías ilícitas que apalancan regímenes aliados del Foro de São Paulo; y c) da margen político a la narrativa de la izquierda hemisférica, que denuncia la “militarización” de la lucha antidrogas mientras capitaliza las rentas del contrabando. La centralidad de Venezuela –bajo el régimen de Maduro– en esta cartografía delictiva es conocida por las agencias de la región: cualquier degradación en la cooperación occidental se traduce en mayor cobertura para la logística criminal que opera desde su litoral y áreas de influencia.
Cabe preguntarse, entonces, a qué obedece realmente esta política británica. Las motivaciones que se barajan van desde un cálculo de responsabilidad jurídica (temor a litigios por “complicidad” en acciones letales) y condicionantes internos (presión de ONGs y de sectores académicos-judiciales), hasta un posicionamiento político frente a la Casa Blanca en el marco de disputas transatlánticas más amplias. A ello se suma la sensibilidad poscolonial en el Caribe y la prudencia burocrática ante operaciones que Washington encuadra en un “conflicto armado” contra organizaciones criminales. Sea cual sea el cóctel, el resultado operativo es inequívoco: menos inteligencia compartida, más margen para los traficantes, más presión sobre las fuerzas regionales y, por extensión, refuerzo indirecto a la red de apoyos que la izquierda bolivariana articula en foros como el de São Paulo.
La medida irrumpe, además, cuando EE.UU. reposiciona medios navales de gran porte en el área y denuncia la convergencia entre crimen organizado, corrupción estatal y actores extrarregionales. En ese tablero, el retraimiento de un socio Five Eyes proyecta una señal ambigua que erosiona la disuasión. Sin cobertura británica –que incluye activos y bases en territorios caribeños–, el JIATF-South pierde parte de su capacidad para “cerrar la pinza” en tiempo real, y los Estados costeros enfrentan mayor presión para absorber el hueco informativo con recursos propios.
Para América del Sur y el Cono Sur el mensaje es doble. Primero, las ventanas de tráfico que se abren en el Caribe repercuten en los flujos hacia puertos atlánticos y pacíficos, encareciendo la contención en origen. Segundo, el frente político-ideológico que sostiene a regímenes de corte bolivariano se fortalece cuando Occidente exhibe fisuras en su política de interdicción. Si Londres privilegia un repliegue legalista sin ofrecer alternativas operativas equivalentes (p. ej., más intercepciones no letales, mayor despliegue de guardacostas y fiscalías embarcadas), el costo lo pagarán las sociedades receptoras de la droga y de la violencia asociada.
La pregunta que queda flotando es si esta pausa británica es un compás de espera rumbo a nuevas reglas de empeñamiento bajo estricto control legal, o si se consolida como un viraje doctrinario que de facto desarma el componente más eficaz de la cooperación antidrogas en el hemisferio. En el primer escenario, el daño puede ser reversible; en el segundo, la ventaja es para los cárteles y para quienes, desde la órbita del Foro de São Paulo y el régimen de Maduro, lucran con su expansión.
