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Buenos Aires, 22 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El espinoso núcleo de la llamada Causa Cuadernos se vio sacudido nuevamente tras la lectura, durante la tercera audiencia del juicio oral, de la confesión del financista Ernesto Clarens, quien detalló un sistema de recaudación de sobornos que atravesó buena parte de la gestión de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Según su testimonio como imputado colaborador, el entramado incluyó la reconversión de pesos en dólares por orden directa de la ex presidenta, y un mecanismo coordinado por altas esferas del poder.
Clarens indicó que desde mediados de 2005 recibió un encargo explícito: “Yo me ocupaba por cambiar los pesos por dólares”, según consta en el fragmento leído ante el tribunal. Su intervención no sólo habría sido la de “financista de Báez”, como reconoció al vincularse a Lázaro Báez, sino también el de operador clave de una estructura que funcionó sistemas de aportes de constructoras a cambio de contratos estatales. Su papel aparece como articulador de la entrega de los fondos a funcionarios, entre ellos el ex secretario de Obras Públicas José López, y el ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.
El proceso se sustenta en las anotaciones del exchofer Óscar Centeno —ya objeto de análisis forense– y en los testimonios de los arrepentidos. La fiscalía sostiene que los Gobiernos kirchneristas montaron, desde 2003 hasta 2015, una asociación ilícita destinada a “recaudar fondos ilícitos con el fin de enriquecerse ilegalmente y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”. En ese marco, Clarens describió cómo empresas constructoras como IESA SA, CARTELLONE SA, ESUCO SA y otras enviaban montos en pesos que él transformaba en divisas extranjeras, recolectando comisiones que permanecían “en negro”.
En la lectura efectuada por el tribunal, se rememoró que las entregas alcanzaban los 300 000 dólares por trimestre o más, con frecuencia semanal, y que el pago representaba en algunos casos el 10 % del monto cobrado por la empresa, dependiendo de certificaciones de obra aplazadas. El sistema —relató Clarens— combinaba pagos en pesos, cambio en el mercado informal (cuevas) y colaboraciones bancarias vía casas de cambio. También detalló que, por orden de Muñoz, se gestionaban euros en billetes de 500 para reducir volumen físico, y que los vuelos oficiales hacia el sur trasladaban los fondos hasta una bóveda en el subsuelo de la casa del matrimonio Kirchner en El Calafate.
El involucramiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue explícito en la acusación presentada por la fiscalía: se la señala como jefa de la organización ilícita y se afirma que su nivel de conocimiento del entramado “era absoluto”. Aunque Clarens no la implica con gestos directos de instrucción, admite que recibió pedidos puntuales de la ex mandataria, entre ellos la adjudicación de una obra vial en favor de la firma de Cristóbal López. Esos nombres y detalles refuerzan la hipótesis de una estructura compleja de corrupción sistemática, cartelización de obra pública y lavado de activos.
La lectura de estos pasajes de la confesión abrió una nueva fase del juicio que involucra a más de 80 imputados —funcionarios, empresarios y exfuncionarios– y que promete prolongarse durante años. El tribunal deberá ahora avanzar hacia la etapa de declaración de testigos y condenas que podrían superar la década en duración. La magnitud del caso —calificado ya como el mayor juicio de corrupción de la historia argentina reciente— vuelve central el papel de Clarens no sólo como testigo sino como parte de la maquinaria financiera que permitió la ejecución del esquema.
El sector político y judicial se prepara para repercusiones que podrían sacudir la arquitectura tradicional del poder en Buenos Aires. A su vez, queda latente la incógnita de cuáles serán los efectos reales sobre la recuperación de activos, la transparencia institucional y la moral pública en un país marcado por múltiples escándalos de corrupción.
