Washington / Ciudad de México, 9 de diciembre de 2025 – Total News Agency (TNA)Un documento confidencial preparado por la CIA y entregado esta semana a autoridades mexicanas ha destapado lo que Estados Unidos califica como una red de espionaje rusa operando en territorio mexicano bajo cobertura diplomática. Según el informe, se identifican decenas de agentes del servicio de inteligencia militar ruso en México, algunos con historial de operaciones sofisticadas en Europa, reubicados allí tras las expulsiones masivas de 2022. El informe, filtrado a medios internacionales, implica una alta vulnerabilidad del país latinoamericano ante actividades de inteligencia extranjera.
El dato resulta explosivo por su magnitud: más de veinte personas aparecen en la lista, varias de ellas acreditadas desde hace años. A pesar del aviso formal, el gobierno mexicano decidió no expulsarlos. Es más: aunque a partir de 2023 se aceptaron revisiones de nuevas solicitudes de acreditación diplomática de ciudadanos rusos, quienes ya poseían credenciales siguieron en sus cargos sin restricción.
Según antiguos funcionarios estadounidenses citados por The New York Times, agentes de la red habrían sido presentados como diplomáticos en la embajada rusa, aprovechando las lagunas en el control migratorio y diplomático del país. Algunos incluso se mezclaban con turistas y viajeros, usando paraísos vacacionales como base de operaciones, lo que les permitía vigilar movimientos hacia Estados Unidos y recopilar inteligencia crítica.
Para Washington, esta decisión representa una apuesta arriesgada por parte de México — una apuesta de gran calado geopolítico. Permitió que un grupo con capacidades comprobadas de espionaje se estableciera en territorio considerado vulnerable, con riesgos directos para la seguridad de Estados Unidos, México y sus aliados. Es la “suerte del apostador”: México, al tolerar la presencia espía, jugó a que nada grave sucediera. El “impuesto” que ahora debe pagar podría ser muy alto: deterioro de la confianza internacional, posible erosión de acuerdos de cooperación de inteligencia, y un escrutinio renovado sobre sus instituciones diplomáticas.
Este rechazo a actuar coincide con denuncias de que, tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania en 2022, Moscú redobló sus esfuerzos de espionaje en América Latina, y convirtió a México en su base preferencial de operaciones, dada su proximidad a Estados Unidos y un menor control gubernamental.
Fuentes citadas por la CIA y por diplomáticos estadounidenses sostienen que los agentes detectados en México no son principiantes: tienen antecedentes en trabajos clandestinos en Europa, manejan redes de inteligencia, desinformación y posibles operaciones de infiltración, lo que eleva la preocupación respecto de sus fines reales: espionaje, sabotaje informativo o infiltración en instituciones clave del continente.
Algunos analistas advierten además que la falta de expulsiones podría enviar una señal al Kremlin: México podría convertirse en un territorio neutral o permisivo, ideal para desplegar agentes sin el control riguroso que existe en Estados Unidos o Europa. Eso, sumado al flujo de turistas y migrantes, complica aún más la trazabilidad de operaciones de inteligencia.
En respuesta, la embajada rusa en México calificó las acusaciones de “infundadas” y aseguró que sus misiones diplomáticas son objeto de acusaciones repetidas sin prueba. En tanto, el gobierno mexicano no ha hecho público un pronunciamiento formal sobre la lista, y negó en algunos casos haberla recibido oficialmente, calificado el asunto de “exagerado” o “parte de presiones geopolíticas”.
El escándalo, aunque todavía en desarrollo, marca un antes y un después en las relaciones de inteligencia en la región: la información filtrada por la CIA pone en evidencia una red oculta de influencia rusa en América Latina; y la respuesta del Estado mexicano —o su ausencia— revela los riesgos que implica aceptar diplomacia cuando en realidad se trata de espionaje activo.
México apostó a la discreción, pero la ficha cayó sobre la mesa. El “premio” era tolerancia diplomática y estabilidad política; el “impuesto” podría ser la pérdida de confianza internacional, el aumento de la vigilancia extranjera sobre su territorio, y la erosión de su soberanía de facto.
