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Buenos Aires, 27 de diciembre – Total News Agency-TNA-El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 y le dio al gobierno de Javier Milei una herramienta central que había estado ausente durante los últimos tres años en la Argentina. Más allá de la aritmética parlamentaria, la sanción de la llamada “ley de leyes” tiene un significado político e institucional profundo: restituye previsibilidad fiscal, ordena el funcionamiento del Estado y redefine el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Congreso en el segundo tramo del mandato libertario.
La aprobación se produjo tras una sesión extensa y cargada de tensiones, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. El oficialismo de La Libertad Avanza fue acompañado por la Unión Cívica Radical, el PRO, un sector del peronismo no kirchnerista y senadores con vínculos directos con gobernadores provinciales. En contraste, el bloque Justicialista conducido por José Mayans, alineado con Cristina Kirchner, rechazó en bloque el proyecto.
El dato central es que, por primera vez desde la asunción de Milei, el Poder Ejecutivo contará con un presupuesto aprobado por el Congreso. Durante los últimos tres ejercicios, la administración nacional debió gobernar con prórrogas y reasignaciones, una dinámica que concentró poder en el Ejecutivo pero debilitó la previsibilidad macroeconómica y el control parlamentario. En ese sentido, la sanción del Presupuesto 2026 implica un cambio de etapa: el ajuste y la estabilización pasan ahora a un marco normativo explícito.
El texto aprobado refleja con nitidez la filosofía fiscal del oficialismo. Mantiene un fuerte anclaje en el equilibrio de las cuentas públicas y redefine compromisos históricos del Estado en áreas sensibles como educación, ciencia y universidades. El capítulo más controvertido fue el 2, aprobado por 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, que incluyó los artículos 12 y 30, eje de las principales críticas opositoras.
El artículo 12 fija en 4,8 billones de pesos los recursos destinados a las universidades nacionales, pero introduce condiciones y requisitos para el acceso efectivo a esos fondos, reforzando el control del gasto. El artículo 30, en tanto, deroga metas legales previas que establecían pisos de inversión: el 6% del PBI para educación, el sendero hasta el 1% del PBI para ciencia y técnica hacia 2032 y el 0,2% del presupuesto educativo para escuelas técnicas. Para el oficialismo, estas cláusulas eran incompatibles con un esquema de disciplina fiscal; para la oposición dura, representan un retroceso estructural.
El debate político expuso esas diferencias. Maximiliano Abad, de la UCR, votó el presupuesto en general pero rechazó el capítulo 2, al advertir que “barre” compromisos estratégicos de inversión en educación y ciencia. Desde el peronismo, Mayans cuestionó la inconsistencia de las variables macroeconómicas, la proyección inflacionaria y el esquema cambiario, al sostener que el programa económico “no refleja la realidad”.
En contraste, senadores dialoguistas defendieron el texto como un mal necesario. La tucumana Beatriz Ávila sostuvo que el presupuesto “no es ideal”, pero rompe con el ciclo de incertidumbre que implicaría un tercer año consecutivo sin ley presupuestaria. Ese argumento sintetiza una clave del debate: más que un respaldo pleno al contenido, muchos votos expresaron la decisión política de cerrar la etapa de excepcionalidad.
La sesión fue presidida inicialmente por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se retiró antes de la votación del capítulo más sensible. El cierre quedó a cargo de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que defendió el Presupuesto como un punto de partida simbólico para “refundar” la Argentina y romper con lo que describió como décadas de populismo, resignación y fracaso.
Desde una mirada analítica, el alcance del Presupuesto 2026 es doble. En lo inmediato, le da al Gobierno una hoja de ruta legal para ejecutar su programa económico y administrar el ajuste con mayor certidumbre. En términos políticos, consolida a Milei tras un año legislativo complejo y muestra que, con la nueva composición parlamentaria surgida de las elecciones de medio término, el oficialismo puede articular mayorías con sectores no kirchneristas.
El presupuesto aprobado no clausura el conflicto político, pero redefine el tablero. La discusión ya no girará en torno a la ausencia de reglas, sino sobre sus consecuencias concretas. Con la “ley de leyes” en vigencia, el Gobierno asume ahora el desafío de demostrar que la previsibilidad fiscal puede traducirse en estabilidad, crecimiento y gobernabilidad en una sociedad exhausta de crisis recurrentes.
Redacción Total News Agency (TNA)
