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Caracas, enero de 2026 – Total News Agency-TNA-La presidenta encargada de Delcy Rodríguez anunció la presentación de una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela, una medida que, de concretarse en los términos anticipados, podría alcanzar a cientos de personas detenidas por razones políticas y borrar las causas judiciales abiertas contra quienes ya fueron excarcelados de manera parcial. La iniciativa será enviada a la Asamblea Nacional de Venezuela y, según el propio chavismo, podría ser debatida y aprobada en el transcurso de la próxima semana.
El anuncio fue realizado en un acto en el Tribunal Supremo de Justicia, vetado a la prensa, donde Rodríguez afirmó que la medida busca “favorecer la convivencia en Venezuela” y evitar “la violencia o la venganza”, subrayando que la decisión fue consensuada con Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero y desplazado del poder en un operativo que alteró por completo el tablero político del país.
La amnistía general representaría un cambio de escala respecto de las liberaciones parciales que se vienen produciendo desde comienzos de mes. Hasta ahora, las excarcelaciones se realizaron con cuentagotas y, en la mayoría de los casos, sin implicar libertades plenas. Los detenidos liberados permanecen sometidos a medidas cautelares, como prohibición de salir del país, restricciones para declarar públicamente o impedimentos para ejercer determinadas actividades laborales, lo que los mantiene en una situación de vulnerabilidad permanente frente a eventuales extorsiones o nuevas detenciones.
Según cifras oficiales del chavismo, más de 600 presos habrían sido liberados desde la captura de Maduro. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de detenidos reducen ese número a alrededor de 300 excarcelaciones efectivas, mientras estiman que entre 600 y 700 presos políticos continúan encarcelados. A ese universo se suman más de 9.000 personas sometidas a procesos judiciales, además de un número indeterminado de exiliados por persecución política.
Rodríguez adelantó que la futura ley excluirá de la amnistía a condenados por delitos de homicidio, narcotráfico y delitos comunes, y remarcó que el objetivo es amnistiar hechos de naturaleza política, no criminal. “Vengo a esta Cámara como presidenta, pero también como abogada”, señaló, según testigos del acto, antes de invocar su historia personal: recordó que su padre murió tras ser torturado en prisión y afirmó que cree “en la Constitución, en la soberanía nacional y en la justicia para el pueblo venezolano”.
Uno de los anuncios más inesperados fue el destino que tendrá El Helicoide, símbolo emblemático de la represión chavista. Rodríguez aseguró que la temida cárcel será reconvertida en un centro de servicios sociales y deportivos, una decisión que, de concretarse, tendría un fuerte valor simbólico tras años de denuncias por torturas y detenciones arbitrarias en ese recinto.
El chavismo ha utilizado históricamente a los presos políticos como moneda de negociación. En procesos anteriores se produjeron liberaciones parciales e intercambios de detenidos, pero de manera simultánea continuaron las detenciones arbitrarias, alimentando un ciclo permanente de encarcelamiento y negociación. No existen precedentes de una amnistía general desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Sí hubo indultos, el más relevante en 2020, cuando Maduro liberó a 110 opositores, entre ellos dirigentes cercanos a Juan Guaidó. Aquella medida fue cuestionada por defensores de derechos humanos, que denunciaron listas infladas con presos comunes y personas ya liberadas.
En el actual proceso, la opacidad volvió a ser una constante. No se publicaron listas oficiales de beneficiarios y, en algunos casos, las concesiones no implicaron excarcelaciones sino apenas la restitución de visitas a detenidos que llevaban meses incomunicados. Esta situación alimentó la desconfianza de familiares y organizaciones civiles, que reclaman una liberación total y verificable.
La presión social se incrementó tras la salida forzada de Maduro. Familias de presos políticos organizaron vigilias y campamentos frente a las cárceles, reactivando protestas que habían quedado sofocadas por la represión. En un episodio inédito, dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela increparon públicamente a Rodríguez por la continuidad de las detenciones, una escena impensable en el escenario previo.
En paralelo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, elogió el rol de mediadores internacionales como José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el Qatar, quienes intervinieron en negociaciones previas para lograr excarcelaciones. Decenas de familiares recurrieron en los últimos años a Zapatero como interlocutor ante el chavismo.
Organizaciones como el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, integrado por familiares de detenidos en las protestas posteriores a las elecciones de 2024 —cuando más de 2.000 personas fueron arrestadas—, impulsan desde hace semanas un proyecto propio de ley de amnistía. La iniciativa propone cerrar 12 años de represión, fijando como punto de partida el 1 de febrero de 2014, e incluir a activistas sociales, periodistas, militares perseguidos, dirigentes políticos y exiliados. El borrador prevé que, en un plazo de 180 días, el Ministerio Público archive las causas y se establezcan mecanismos independientes de verificación, garantías de no repetición y reparaciones a las víctimas.
La amnistía anunciada por Delcy Rodríguez aparece así como un gesto político de alto impacto, pero también como una prueba crucial. Para la oposición y la sociedad civil, no puede hablarse de transición ni de convivencia democrática mientras persistan cárceles llenas de presos políticos. El alcance real de la ley, su implementación efectiva y la liberación plena de los detenidos marcarán si el chavismo inicia un giro real o si se trata, una vez más, de una maniobra limitada en un proceso de desgaste prolongado.
