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Por Nicolás J. Portino González
La discusión política vigente (otra vez y van ..) respecto a la baja de la edad de imputabilidad (oscilando arbitrariamente entre los 13, 14 y 15 años) constituye, desde una perspectiva de inteligencia estratégica, una maniobra de distracción táctica o, en el peor de los casos, una muestra de disonancia cognitiva severa por parte de la clase dirigente.
Analizar la criminalidad juvenil como un fenómeno aislado, susceptible de corrección mediante la modificación de un guarismo en el Código Penal, ignora deliberadamente la implosión estructural del Estado como garante del orden. Es un debate cosmético sobre un edificio cuyos cimientos han cedido. La variable “edad” es irrelevante cuando la variable “Estado” ha perdido su capacidad de disuasión, anticipación y control territorial.
Para comprender la impotencia actual, es imperativo auditar el proceso histórico de desmantelamiento. No estamos ante una incompetencia coyuntural, sino ante el resultado de cuatro décadas de indefensión autoinfligida.
- El Desarme Institucional (Años 80 y 90): Tras la recuperación democrática, la política adoptó una doctrina de “castración preventiva” sobre los organismos de Defensa, Seguridad e Inteligencia. Por temor ideológico o revanchismo histórico, se decidió inhibir, desfinanciar y atrofiar estas capacidades. Se confundió la subordinación al poder civil con la inutilización operativa.
- Impacto: Se perdieron 17 años críticos (1983-2000) donde el mundo evolucionaba hacia amenazas asimétricas (narcotráfico, terrorismo global) mientras Argentina desmantelaba sus escudos.
- El Punto de Quiebre (2001-2002): La crisis institucional de 2001 no fue solo económica; fue la ruptura del contrato de autoridad. La sucesión anómala de cinco presidentes en una semana y el default soberano marcaron el fin de la previsibilidad. La devaluación monetaria trajo consigo una devaluación axiológica: la ley, al igual que la moneda, dejó de ser un depósito de valor.
- La Consolidación del Deterioro (2003-2023): La llegada al poder de una administración con una legitimidad de origen del 21% inauguró una etapa de construcción de poder basada en la polarización y el subsidio, pero no en la reconstrucción del Estado.
- Balance: Cuarenta años perdidos. Sociológicamente, esto implica que dos generaciones completas nacieron y se formaron (o deformaron) bajo la lógica de la supervivencia inmediata, sin noción de largo plazo ni de movilidad social ascendente.
El daño más profundo y difícil de revertir no es el equipamiento obsoleto, sino la degradación del capital humano.
Al destruir la carrera profesional y pulverizar los salarios, las Fuerzas Armadas (FFAA), las Fuerzas de Seguridad (FFSS) y los Organismos de Inteligencia (ICIA) dejaron de ser destinos de vocación y excelencia para convertirse en bolsas de trabajo de último recurso.
- El fenómeno de la selección adversa: El Estado recluta a sus defensores del mismo estanque de precariedad del que se nutre el crimen organizado.
- Vulnerabilidad: Un agente de inteligencia o un oficial de policía que no puede garantizar su propia subsistencia económica ni el acceso a la vivienda es un blanco fácil para la cooptación por parte del narco-capital. La corrupción no es una anomalía; es una consecuencia lógica de la pauperización planificada.
Es técnicamente inviable plantear una estrategia de seguridad exitosa ignorando las variables macro-sociales de 2023:
- 57% de Pobreza (27 millones de habitantes).
- 16% de Indigencia (7.5 millones de habitantes).
Estas cifras no son solo indicadores económicos; son indicadores de riesgo para la seguridad nacional. Representan una masa crítica de ciudadanos excluidos del contrato social formal, creando un “Estado paralelo” donde la ley estatal no tiene penetración ni legitimidad. El resentimiento social acumulado actúa como combustible para la violencia sistémica.
El debate sobre si un menor es imputable a los 13 o a los 15 años es, en este contexto, un ejercicio de cinismo.
La realidad objetiva indica que el sistema democrático, en su vertiente de administración de la seguridad y la justicia, ha fallado. La política de las últimas cuatro décadas ha entregado el monopolio de la fuerza y ha renunciado a la soberanía territorial en vastas zonas del país.
Si no se asume que el paradigma de seguridad, inteligencia y defensa debe ser modificado de cuajo —incluyendo la re-profesionalización de las fuerzas, la recuperación de la doctrina de inteligencia criminal y la reconstrucción del tejido socioeconómico—, cualquier reforma legislativa será letra muerta.
Estamos ante una disyuntiva final: Refundación total del sistema de autoridad estatal o la administración crónica de una anarquía de baja intensidad.
No hay margen para más simulacros.
