Por Darío Rosatti
Madrid-3 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA — En medio de una escalada regional que empuja a gobiernos árabes del Golfo y a buena parte de Occidente a condenar con nombre y apellido al régimen de Irán por su ofensiva con misiles y drones, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, eligió un carril diferente: concentró su discurso en la “desescalada”, el “derecho internacional” y el rechazo a la acción militar de Estados Unidos e Israel, pero evitó cargar con la misma dureza sobre Teherán que otros actores —incluidos países musulmanes— que hoy se declaran directamente atacados. Esa prudencia, que el Ejecutivo presenta como coherencia diplomática, vuelve a ser leída por la oposición y por sectores de la opinión pública como una forma de apoyo implícito a un régimen señalado internacionalmente por terrorismo, represión y proyección violenta sobre la región.
La diferencia de tono se percibe con claridad cuando se compara el mensaje de La Moncloa con la reacción de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). En las últimas horas, el CCG y cancillerías del área difundieron declaraciones en las que “condenan” los ataques iraníes contra territorios soberanos y los califican como violaciones graves del derecho internacional. Arabia Saudita, por ejemplo, no solo condenó el ataque con drones contra la Embajada de Estados Unidos en Riad, sino que lo describió como un acto “cobarde” y “flagrante”, reservándose el derecho a responder. Qatar y los Emiratos Árabes Unidos también emitieron pronunciamientos oficiales de condena frente a ataques iraníes en el área y reivindicaron el derecho de defensa. En ese coro regional, España quedó en una posición singular: se muestra activa para frenar la guerra, pero reticente a enfatizar la responsabilidad del régimen iraní en el incendio que se expande.
El Gobierno de Sánchez tiene un argumento formal: rechaza una ofensiva sin aval explícito del sistema multilateral y sostiene que una escalada puede volverse “desastrosa” para Europa. En esa línea, El País informó que Sánchez decidió impedir que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón para operaciones contra Irán, aduciendo falta de respaldo legal internacional y ausencia de cobertura de Naciones Unidas o del Congreso estadounidense. Al mismo tiempo, el Ejecutivo insiste en que su prioridad es proteger a ciudadanos españoles y evitar un choque mayor. La discusión, sin embargo, no es solo jurídica: es política. Y la pregunta que se instala es por qué, incluso cuando el Golfo —que suele moverse con cálculo y prudencia— llama “inadmisibles” a los ataques iraníes, el líder socialista evita un señalamiento equivalente hacia Teherán y carga la mayor parte de su condena sobre la acción militar de Washington y Tel Aviv. Trump anuncio posibles sanciones comerciales al gobierno de Sánchez.
Parte de la respuesta está en la arquitectura de poder que sostiene a Sánchez. Su Gobierno se apoya desde hace años en alianzas parlamentarias complejas, y en el ecosistema de la izquierda española persiste una narrativa donde la crítica frontal a Irán suele diluirse bajo un discurso más concentrado en denunciar a Estados Unidos e Israel, transformandose en una postura pro irani. Aunque el PSOE no aparece judicialmente vinculado a financiación iraní, el costo político de incomodar a socios —o exsocios— con antecedentes de haber recibido dinero iraní. El “perfil bajo” ante la represión interna iraní o ante la agresión regional puede ser leído, dentro de ese mapa, como una señal de no romper puentes con sectores que todavía gravitan sobre la mayoría parlamentaria y el clima de coalición.
Ahí aparece el punto más sensible: el historial de controversias que involucran a Podemos, a su fundador Pablo Iglesias y a la infraestructura mediática del régimen iraní en España. La conexión más documentada —y políticamente más tóxica— gira en torno a HispanTV, un canal vinculado a la radiodifusión estatal iraní, donde Iglesias condujo y dirigió el programa Fort Apache antes de la llegada de Podemos al poder. En 2025, en el marco de actuaciones judiciales en la Audiencia Nacional, se conoció que una empresa vinculada a ese entorno aportó facturas relacionadas con trabajos de Iglesias para ese espacio. Más allá del monto puntual de esas facturas, lo relevante es la fotografía: un futuro líder político europeo construyendo notoriedad y plataforma en una señal asociada a una teocracia que, puertas adentro, reprime y persigue, y puertas afuera, financia o impulsa redes de influencia.
Durante años, alrededor de esa relación se multiplicaron denuncias y documentos, incluido el llamado Informe PISA, presentado en 2016 y amplificado en el debate político.
El resultado de esa tensión se ve hoy en el comportamiento de Sánchez: el líder del PSOE se mueve como equilibrista. Cuando le conviene, condena ataques iraníes (como lo hizo oficialmente el Gobierno español en 2024 ante bombardeos de Irán contra Israel), pero que por algún motivo silenció rapidamente. Pero en el clima actual de guerra y polarización, su énfasis se desplaza: la condena se centra en la “acción unilateral” de Estados Unidos e Israel, mientras que sobre Irán aparecen formulaciones más genéricas, menos personales, menos acusatorias. Ese desplazamiento alimenta sospechas de dependencia política: no porque Irán financie actualmente al PSOE, sino porque una parte del andamiaje parlamentario y discursivo que rodea al Gobierno tiene un pasado —y una agenda— donde Teherán no es tratado como lo que es: un régimen agresivo hacia su propia población y hacia la región.
A ese cuadro se suma un flanco que vuelve a incomodar a La Moncloa: el comercio de productos y tecnologías de “doble uso”. Informaciones periodísticas recientes, basadas en datos oficiales de comercio exterior, señalaron autorizaciones o exportaciones españolas de este tipo de bienes hacia Irán en los últimos años. El Gobierno sostiene que la política de licencias se rige por controles y marcos normativos estrictos, pero el debate público se enciende por una razón obvia: en contextos de sanciones y proliferación, la “doble finalidad” no es un tecnicismo, es un riesgo. Y cuando el Ejecutivo pide firmeza internacional contra la escalada, pero aparece vinculado —aunque sea por licencias— a exportaciones sensibles, la credibilidad se erosiona.
En síntesis, el “silencio” de Sánchez no es absoluto: se expresa como selectividad. Condena lo que le permite reforzar su perfil europeísta y supuestamente legalista; evita lo que puede detonarle conflictos internos con su ecosistema político y con una izquierda que, por historia y reflejos, mira a Irán con menos severidad de la que el régimen merece. En este momento, cuando incluso las monarquías del Golfo —nada sospechosas de maximalismo occidental— están denunciando a Teherán por ataques indiscriminados, la posición española queda expuesta: la prudencia diplomática puede ser virtud, pero cuando se convierte en omisión sistemática frente a un agresor, empieza a parecer complicidad.
