Buenos Aires-14 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA- La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó en las últimas horas una señal relevante para la estrategia argentina en los tribunales de Estados Unidos. El Departamento de Justicia norteamericano volvió a respaldar la posición del país y pidió suspender el proceso de discovery mientras la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York analiza la apelación contra la condena de más de US$16.000 millones impuesta a la Argentina por la jueza Loretta Preska.
La novedad no es menor. El discovery es la etapa en la que los demandantes buscan información detallada sobre bienes, cuentas, activos y movimientos que eventualmente podrían ser alcanzados para intentar cobrar el fallo. En términos prácticos, se trata de una herramienta de presión muy fuerte, porque obliga al Estado demandado a exponer información sensible aun cuando la sentencia todavía se encuentra bajo revisión en una instancia superior. Para la defensa argentina, el avance de esa etapa no sólo resulta desproporcionado sino también dañino para la soberanía y para la relación financiera del país con terceros.
Desde la Procuración del Tesoro sostienen que el respaldo de Washington tiene un peso institucional decisivo. El argumento central del Gobierno estadounidense es que el discovery en marcha resulta “excesivamente intrusivo” y entra en tensión con principios de cortesía internacional y reciprocidad entre Estados. Traducido al lenguaje político, el mensaje es claro: si los tribunales estadounidenses empujan demasiado sobre activos o información de un Estado soberano, se abre la puerta para que otros países hagan lo mismo con los propios intereses de Estados Unidos en el exterior.
Ese razonamiento no es nuevo, pero en este caso adquiere una relevancia particular por la magnitud del litigio y por el tipo de pedidos que ya enfrentó la Argentina. En el curso del discovery, los demandantes reclamaron volúmenes masivos de documentación y avanzaron incluso sobre comunicaciones y registros de funcionarios actuales y pasados. Según informó la propia Procuración, el país ya produjo unas 115.000 páginas de documentos. Aun así, los beneficiarios del fallo siguieron empujando, con pedidos de sanciones y acusaciones de desacato, en una señal de que buscan elevar el costo político y procesal de la defensa argentina mientras se resuelve la apelación principal.
La batalla judicial se enmarca en una causa que viene golpeando de lleno sobre uno de los activos estratégicos más sensibles del país. El origen está en la expropiación de YPF de 2012, cuando el Estado argentino recuperó el control de la petrolera sin lanzar una oferta pública para los accionistas minoritarios, punto sobre el que se apoyó el reclamo de Petersen Energía Inversora y Eton Park, con financiamiento de Burford Capital. En 2023, la jueza Preska falló contra la Argentina y fijó una indemnización multimillonaria. Más tarde, el litigio se agravó con la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF, aunque esa decisión quedó en suspenso por intervención de la cámara de apelaciones.
En este contexto, el apoyo del Departamento de Justicia no significa que el pleito esté resuelto ni mucho menos que la condena haya perdido vigor. Pero sí representa una ayuda concreta en un momento delicado. El Gobierno argentino apuesta a que la cámara termine revisando cuestiones de fondo, entre ellas la aplicación del derecho argentino y la discusión sobre el foro competente. También sostiene que permitir que continúe el discovery antes de esa definición genera un perjuicio irreparable y altera la previsibilidad que un Estado necesita para operar en el plano financiero y diplomático.
El dato político tampoco pasa inadvertido. Ya a fines de febrero Estados Unidos había tomado una postura favorable a la Argentina en este expediente y además solicitó participar oralmente en la audiencia prevista para el 16 de abril, una jugada que expone que la administración norteamericana considera que el caso excede la mera disputa entre privados y toca intereses más amplios de política exterior. En otras palabras, no se trata sólo de cuánto debe o no debe pagar la Argentina, sino también de hasta dónde puede llegar la justicia estadounidense cuando una sentencia choca con la inmunidad y el funcionamiento de otro Estado soberano.
Por ahora, el frente judicial sigue abierto. Pero el nuevo respaldo de Washington le da aire a la estrategia oficial y refuerza la idea de que la pelea por YPF no se libra únicamente sobre números astronómicos, sino también sobre un principio central: si un país puede defender sus activos estratégicos mientras discute una condena o si queda expuesto, de inmediato, a una avanzada que comprometa su soberanía antes de que termine el proceso.
