Puerto Iguazú-14 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA- La recorrida de Emanuel Danann por la Triple Frontera volvió a poner delante de los ojos una realidad que en la región se conoce desde hace años pero que demasiadas veces parece naturalizada: el tránsito cotidiano de mercadería de contrabando, la circulación de los llamados “paseros” por senderos y pasos informales, y la persistencia de una economía paralela que convive con el comercio legal, erosiona la recaudación y alimenta estructuras de lavado de dinero y criminalidad organizada.
Lo más inquietante del material difundido por Danann no es solamente lo que muestra, sino lo que sugiere. Si un comunicador puede exhibir caminos, cruces y circuitos utilizados para mover productos por fuera de los controles formales, resulta inevitable preguntarse hasta qué punto las autoridades argentinas, provinciales y federales desconocen realmente esos trayectos. Y si los conocen, la pregunta pasa a ser todavía más dura: por qué siguen funcionando con semejante naturalidad. La crítica no apunta a un episodio aislado, sino a una falla estructural en una zona donde el delito económico hace tiempo dejó de ser marginal para convertirse en una rutina fronteriza.
Los informes oficiales y regionales vienen advirtiendo sobre esa vulnerabilidad. La Evaluación Nacional de Riesgos de la Argentina ya había señalado que la zona de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay requiere atención específica en materia de lavado de activos y financiamiento ilícito, y la vincula con contrabando, evasión aduanera, tráfico de estupefacientes y armas. En paralelo, documentos de GAFILAT remarcan que en esa área confluyen comercio exterior intenso, movimientos de dinero en efectivo y almacenamiento de fondos y activos, una combinación ideal para que las maniobras de blanqueo encuentren terreno fértil.
La magnitud del fenómeno no se reduce a hipótesis. En mayo de 2025, la ARCA informó que la Aduana evitó en Puerto Iguazú una maniobra de contrabando de mercadería tecnológica valuada en más de 41 millones de pesos, con productos ocultos en un doble fondo de un vehículo. Ese caso fue apenas una postal de un problema mucho mayor. En la región brasileña contigua, un informe de Agência Brasil describió que los delitos más comunes en Foz do Iguaçu son precisamente el contrabando y la defraudación aduanera, y citó a funcionarios que reconocen que algunas cargas de celulares pueden alcanzar los 5 millones de reales.
A eso se suma el volumen humano del corredor. Más de 30.000 personas cruzan cada día el puente que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, y otras 100.000 transitan por el Puente de la Amistad entre Brasil y Paraguay, según datos relevados por la televisión pública brasileña. Ese flujo masivo vuelve materialmente imposible revisar uno por uno a todos los que pasan y explica por qué prosperan redes que se mezclan con la vida diaria, el turismo de compras y el comercio informal. Pero que sea difícil no significa que deba ser aceptado como una fatalidad. Cuando la frontera se vuelve porosa de manera crónica, el delito deja de esconderse y empieza a administrarse como paisaje.
Los números del contrabando regional también son alarmantes. El perfil 2025 del Global Organized Crime Index sobre Paraguay sostiene que el comercio ilícito de bienes sujetos a impuestos en ese país, uno de los mayores de Sudamérica, alcanzó un valor estimado de miles de millones de dólares. Ese mismo informe ubica a Ciudad del Este como un nodo central para mercadería falsificada y cigarrillos que luego ingresan de manera ilegal en Argentina y Brasil, con ganancias que además financian otras actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.
En el plano financiero, la preocupación internacional tampoco es nueva. En 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció hasta 10 millones de dólares de recompensa por información sobre redes financieras de Hezbollah en la Triple Frontera, al sostener que en esa región persisten esquemas de lavado, contrabando y otras fuentes de recaudación ilícita. El dato refuerza algo que en la zona muchos prefieren relativizar: allí no sólo se trafican productos baratos o mercadería de oportunidad, también circulan fondos opacos que pueden alimentar estructuras criminales mucho más complejas y peligrosas.
En ese contexto, el aporte de Dannan incomoda porque rompe una comodidad extendida. Muestra senderos, pasos y circuitos que no deberían sorprender a nadie en el Estado. Si esos caminos están a la vista de un periodista o de un influencer, deberían estar mucho más a la vista de Gendarmería, Prefectura, Aduana, Migraciones, las policías locales y los organismos de inteligencia criminal. La frontera no puede seguir siendo un territorio donde todos saben lo que pasa pero nadie parece dispuesto a cortar de raíz los mecanismos que sostienen el contrabando y el lavado.
La discusión, en definitiva, ya no pasa sólo por denunciar que existen paseros o que se mueve mercadería por fuera de los controles. Pasa por admitir que detrás de esos recorridos hay una economía ilegal de enorme escala, conectada con redes financieras, estructuras logísticas y zonas grises de complicidad o impotencia estatal. Y cuando ese mapa puede ser mostrado con una cámara y un teléfono, la excusa del desconocimiento empieza a sonar demasiado débil.
