Buenos Aires-15 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. La publicación de Hugo Alconada Mon en La Nación volvió a encender una alarma de máxima sensibilidad institucional en torno del sistema de inteligencia argentino y dejó un dato político imposible de soslayar: el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que fue elevado al Congreso no surgió de un escritorio secundario ni de una oficina sin peso real, sino de la propia Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un organismo que dentro del esquema de poder del oficialismo aparece desde hace meses bajo la influencia decisiva de Santiago Caputo, uno de los hombres de mayor gravitación en el dispositivo político de Javier Milei, por el momento. Ese es el núcleo del asunto. No se trató solamente de un texto mal redactado que luego fue corregido, sino de un documento estratégico elaborado en el corazón de un aparato estatal extremadamente sensible, bajo conducción política de un sector que concentra poder real, maneja resortes clave del Gobierno y se mueve con lógica de mesa chica.
El dato revelado por La Nación es de enorme peso porque muestra que, tras el escándalo generado por la difusión de la primera redacción del PIN, el Gobierno optó por dar marcha atrás en silencio con varios de sus puntos más controvertidos. Es decir: hubo una rectificación. Pero esa rectificación no despeja la preocupación; más bien la confirma. Si la SIDE debió eliminar, suavizar o reinterpretar los pasajes que abrían la puerta a tareas de espionaje interno, es porque en su versión original esos riesgos estaban efectivamente presentes. Y eso remite directamente a la responsabilidad política del área que lo concibió, redactó y remitió al Parlamento.
En la primera versión, según reconstruyó el trabajo periodístico, el plan incorporaba formulaciones tan amplias como delicadas sobre actores que pudieran “erosionar” la confianza pública en funcionarios encargados de la seguridad nacional, afectar la percepción social, manipular procesos cognitivos o incidir sobre la opinión pública durante coyunturas sensibles. La vaguedad de esos conceptos disparó objeciones inmediatas porque, en la práctica, podían dar cobertura a tareas de seguimiento sobre opositores, periodistas, analistas, economistas o movimientos sociales. En un país con una historia cargada de excesos en materia de espionaje interno, semejante redacción no podía pasar inadvertida. Menos aún cuando provenía de un Gobierno que se presenta como enemigo de las viejas prácticas de la política, pero que en los hechos concentra poder en una estructura cerrada y opaca.
La gravedad del episodio aumenta cuando se observa el contexto en el que fue elaborado ese PIN. La redacción original se produjo bajo la conducción de Sergio Neiffert, entonces titular de la SIDE, en una etapa donde el área ya era leída por buena parte del oficialismo y de la oposición como un territorio cada vez más alineado con Santiago Caputo. Esa percepción no hizo más que reforzarse con el recambio posterior en la conducción del organismo. La designación del contador público Cristian Auguadra al frente de la SIDE, oficializada a comienzos de diciembre de 2025, fue interpretada en distintos ámbitos políticos y periodísticos como la consolidación de un control aún más directo del aparato de inteligencia por parte del caputismo, aunque control no significa eficacia. Por eso, cuando se afirma que el PIN enviado al Congreso es producto de la SIDE que controla Santiago Caputo, no se trata de una licencia retórica, sino de una descripción política del sistema real de mando que rige hoy sobre esa estructura.
A ello se suma otro elemento clave. El retroceso parcial sobre la letra del plan no implicó, necesariamente, una reducción equivalente de las capacidades y facultades del sistema. Mientras se corregían en silencio los puntos más polémicos del documento, el Poder Ejecutivo avanzó con el Decreto 941/2025, que reordenó el andamiaje normativo del sistema de inteligencia y amplió su marco operativo. Esa decisión, adoptada sin un gran debate político abierto, alimentó nuevas inquietudes sobre el alcance real del poder de la SIDE, el uso de bases de datos, el cruce de información y el rol creciente de organismos estratégicos dentro de la comunidad informativa nacional. Es decir: por un lado se moderó el lenguaje del plan; por otro, se robusteció la estructura.
Ese contraste muestra una dinámica conocida en la política argentina: se avanza hasta donde el costo lo permite y, cuando el escándalo estalla, se corrige sin admitir del todo lo que se intentó. La maniobra puede servir para bajar la temperatura coyuntural, pero no alcanza para disipar la sospecha de fondo. Aquí no estamos ante un simple ajuste de redacción ni ante un tecnicismo menor. Lo que quedó expuesto es una concepción del poder que toleró la redacción de un plan con zonas de riesgo para derechos y garantías básicas, y sólo retrocedió cuando la luz pública convirtió el documento en un problema político.
También hay que mirar el papel del Congreso. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que por ley debe ejercer control parlamentario sobre el sistema, había formulado observaciones del kirchnerismo más rancio sobre la versión más controvertida del PIN. Según la nota, la nueva redacción fue reenviada luego de esas objeciones. Sin embargo, todavía subsisten dudas sobre cuál es exactamente la versión vigente y sobre el estado definitivo de la revisión parlamentaria. Esa ambigüedad no es un detalle técnico: en inteligencia, toda indefinición institucional beneficia al poder ejecutivo de turno y complica la trazabilidad del control democrático.
Desde el punto de vista político, el daño ya está hecho. Porque aun si el Gobierno lograra sostener que la nueva redacción corrige los excesos y encuadra el documento dentro de la ley, queda en pie una pregunta central: ¿cómo fue posible que la SIDE produjera un texto de semejante tenor en primer lugar? La respuesta conduce, inevitablemente, al esquema real de poder del mileísmo. Y en ese esquema, la inteligencia no aparece como un engranaje autónomo, sino como una pieza inserta en la órbita de Santiago Caputo, el asesor que sin firma visible concentra resortes de decisión, influencia territorial, manejo estratégico y capacidad de intervención transversal sobre áreas sensibles del Estado.
