Ciudad de México-30 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. En el corazón del poder mexicano se viene desarrollando una pulseada cada vez menos disimulada entre el ala civil de la seguridad y la estructura militar que durante los últimos años acumuló un peso decisivo en la conducción del Estado. No hay, al menos por ahora, evidencia pública que permita hablar de una ruptura institucional consumada, pero sí aparecen señales concretas de una disputa áspera por el mando de la inteligencia, la investigación criminal y la administración de la información sensible. En ese tablero, la figura de Omar García Harfuch, al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, creció de manera sostenida bajo el respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras el aparato castrense encabezado por el general Ricardo Trevilla Trejo procura no ceder espacios estratégicos.
El punto de inflexión fue la reforma impulsada por el oficialismo para reorganizar el sistema de seguridad y de inteligencia en México. La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicada en julio de 2025, colocó a la SSPC como coordinadora del sistema nacional, confirmó al Centro Nacional de Inteligencia como pieza central del esquema y ordenó la interconexión permanente de bases de datos y sistemas de inteligencia de organismos clave, entre ellos la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y las instituciones estatales. En otras palabras, el proyecto no fue un mero ajuste burocrático: implicó redibujar quién mira, quién procesa, quién cruza datos y, sobre todo, quién decide.
Ese corrimiento de poder encendió alarmas en el mundo militar. Versiones periodísticas publicadas durante 2025 dieron cuenta de resistencias del Ejército a las leyes que fortalecían a García Harfuch, particularmente en el terreno de la investigación y la inteligencia, históricamente dominado por las áreas castrenses. La tensión quedó expuesta, incluso, cuando el propio secretario de Seguridad salió a negar públicamente diferencias con Trevilla, un gesto que lejos de clausurar el debate terminó confirmando que el ruido interno ya había escalado demasiado. En la práctica, el choque no parecía responder a una pelea personal, sino a algo más profundo: la dificultad del poder militar para aceptar que el centro de gravedad de la seguridad volviera, aunque sea parcialmente, a manos civiles.
El trasfondo de esa pelea es delicado. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas ampliaron su protagonismo muy por encima de la seguridad pública y pasaron a administrar obras, infraestructura y áreas sensibles del Estado. El desembarco de Sheinbaum con una estrategia más apoyada en inteligencia, investigación y coordinación civil alteró ese equilibrio. La nueva arquitectura jurídica, además, habilitó una plataforma central de inteligencia con acceso e interconexión sobre registros administrativos, bases documentales y sistemas públicos relevantes. Esa concentración operativa convirtió al control de los datos en la verdadera caja fuerte del poder. Por eso la pelea no se agota en organigramas: se trata de saber quién conduce la información que anticipa amenazas, orienta operativos y produce ventaja política dentro del propio gobierno.
La coyuntura reciente agravó esa tensión. El endurecimiento de la estrategia de seguridad, la ofensiva contra los cárteles y la presión constante de Estados Unidos para exigir resultados empujaron a Sheinbaum a exhibir eficacia y mando. La muerte de El Mencho, jefe del CJNG, reforzó el perfil de García Harfuch como rostro visible de la nueva línea dura, aunque el propio gobierno mexicano remarcó el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional en esa operación. Esa doble lectura no es menor: mientras el secretario civil capitaliza políticamente los avances, el estamento militar busca dejar en claro que sigue siendo insustituible en el terreno. Esa convivencia forzada, útil en la superficie, no elimina la competencia subterránea por el control real del aparato de seguridad.
A la vez, la reconfiguración institucional siguió su curso. En febrero de 2026, el gobierno modificó el acuerdo de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, otra señal de que el rediseño no quedó congelado en el papel y continúa avanzando sobre la formación y profesionalización del sistema. Paralelamente, la cooperación con agencias y mandos estadounidenses se intensificó en operaciones sensibles, y el Senado mexicano incluso autorizó recientemente el ingreso temporal de militares de Estados Unidos para tareas de adiestramiento vinculadas a la seguridad del Mundial 2026. Todo ello ocurre en medio de un clima en el que la seguridad se volvió prioridad absoluta, y en el que cada pieza de información vale tanto como un despliegue de tropas.
El cuadro final muestra, entonces, una administración atravesada por una puja silenciosa pero decisiva. La versión más estridente, la de una fractura ya consumada con desmantelamientos y acusaciones cruzadas imposibles de remontar, no aparece respaldada por evidencia pública suficiente. Pero tampoco puede minimizarse lo que está en juego. Lo comprobable es que México redefinió por ley su sistema de inteligencia, empoderó al ala civil de la seguridad, obligó a compartir información a organismos antes más celosos de sus propios circuitos y abrió una disputa por jurisdicción, influencia y mando dentro del propio Estado. Cuando los gobiernos empiezan a pelear por quién administra la inteligencia, el conflicto deja de ser técnico: pasa a ser político, estratégico y, muchas veces, personal. Y en México, esa batalla ya está en marcha.
