Buenos Aires-2 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La fuga de Galvarino Apablaza Guerra no es sólo un papelón judicial ni un nuevo dolor de cabeza diplomático con Chile. Es, además, el regreso brutal de una vieja historia de protección política, afinidad ideológica y tolerancia estatal con un ex líder terrorista chileno que durante años encontró en la Argentina un refugio que difícilmente hubiera conseguido sin la cobertura del kirchnerismo. El operativo realizado en su domicilio de Moreno terminó con las manos vacías: la Policía Federal Argentina no lo encontró, y desde ese momento quedó otra vez en condición de prófugo, mientras el gobierno chileno reclamó “los mayores esfuerzos” para capturarlo y avanzar con la extradición.
No se trata de un personaje menor ni de un perseguido por ideas. Apablaza fue uno de los jefes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una organización armada vinculada a hechos de violencia política en Chile, y está requerido por la justicia de ese país como presunto autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y por su vinculación con el secuestro de Cristián Edwards, dos causas emblemáticas de la transición chilena. Que un hombre con ese prontuario político-criminal haya logrado permanecer durante años bajo amparo argentino dice mucho del extravío ideológico con el que una parte de la izquierda regional leyó durante décadas el terrorismo cuando sus protagonistas se presentaban con credenciales “revolucionarias”.
La pieza central de ese blindaje fue la decisión adoptada en 2010 por la CONARE, que le reconoció la condición de refugiado en la Argentina. Aquella resolución, tomada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, bloqueó la extradición y se convirtió en uno de los gestos más irritantes para Chile en la relación bilateral de esos años. Desde entonces, el caso dejó de ser sólo judicial para transformarse en un símbolo del doble estándar con el que el kirchnerismo y buena parte de la izquierda trataron a determinados actores violentos: severidad discursiva frente a unos, indulgencia política frente a otros. En el expediente de Apablaza, esa indulgencia tuvo consecuencias muy concretas: le permitió ganar tiempo, arraigo y protección en territorio argentino durante más de una década.
A eso se sumó un dato político que nunca pasó inadvertido. Diversas publicaciones periodísticas consignaron que su pareja, la periodista chilena Paula Chahín, trabajó en la estructura de medios de la Presidencia y de la Casa Rosada, una circunstancia que reforzó en Chile la percepción de que alrededor de Apablaza existía algo más que un expediente humanitario: había un clima de cercanía política, un entorno amigable y una sensibilidad ideológica favorable. No hace falta inventar conspiraciones para advertir lo evidente. Cuando un ex líder terrorista vive durante años protegido, con redes familiares y políticas orbitando el poder, el mensaje que emite el Estado es devastador. Y cuando ese mismo hombre hoy se esfuma justo antes de ser detenido, la sospecha sobre la profundidad de esas coberturas vuelve a instalarse con fuerza.
La revocación de su condición de refugiado, que quedó firme tras dos fallos adversos y abrió la puerta a una nueva etapa del proceso de extradición, parecía cerrar al fin un ciclo de protección que se había extendido demasiado. Pero la desaparición de Apablaza antes de su captura volvió a exponer algo todavía más grave: la incapacidad del Estado argentino para controlar a un requerido de alto perfil cuya situación era conocida, sensible y seguida de cerca por dos gobiernos. La noticia no sólo golpea a la administración de Javier Milei; también reabre la responsabilidad histórica del kirchnerismo, que durante años convirtió un pedido de justicia en una bandera ideológica y terminó dejando en la Argentina una bomba política, judicial y diplomática de larga duración.
En términos políticos, el caso vuelve a desnudar una verdad incómoda: cuando la izquierda romantiza a los violentos y el kirchnerismo les abre puertas en nombre de supuestas persecuciones políticas, el costo institucional lo termina pagando el país entero. Apablaza no es solamente un prófugo. Es también la prueba de cómo una decisión estatal tomada bajo un prisma ideológico puede degradar durante años la credibilidad argentina ante un vecino, embarrar la cooperación judicial y convertir al país en refugio de un ex líder terrorista reclamado por un crimen político gravísimo. Que hoy no aparezca donde debía estar no es un accidente aislado. Es la consecuencia final de una cadena de protección, permisividad y ceguera política que la Argentina todavía no termina de saldar.
