Buenos Aires, 9 de abril de 2026-Total News Agency-TNA-. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio este jueves un salto de enorme impacto político y judicial. A pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario, financiero y fiscal del funcionario, de su esposa Bettina Julieta Angeletti y de la firma AS Innovación Profesional, de propiedad de ambos. La resolución habilita a la Justicia a revisar en profundidad cuentas, consumos, préstamos, inversiones, tarjetas, declaraciones impositivas y movimientos patrimoniales desde el 1 de enero de 2022, en una pesquisa que ya tiene como focos centrales los viajes del matrimonio y las operaciones inmobiliarias realizadas en Caballito, Parque Chacabuco e Indio Cuá.
El punto político más sensible del día es que el pedido del fiscal llegó inmediatamente después de una nueva presentación espontánea de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien volvió a la fiscalía de Pollicita para ampliar su testimonio y aportar más documentación sobre las operaciones en las que intervino. Sobre el teléfono celular de la escribana, sin embargo, las versiones públicas no quedaron del todo unificadas: La Nación reportó que ese punto seguía sin resolverse plenamente, mientras otros medios afirmaron que la cuestión del aparato fue parte de la nueva comparecencia. La nueva presentación de Nechevenko precedió al pedido de Pollicita, que horas más tarde obtuvo la firma de Lijo para abrir el circuito económico completo del jefe de Gabinete.
La medida no es una formalidad más. Lo que busca la fiscalía es reconstruir con precisión el origen y la evolución de los fondos de Adorni y su esposa, contrastar lo declarado ante organismos de control con los movimientos reales y determinar si las operaciones bajo sospecha encuentran respaldo en ingresos compatibles y trazables. En esa línea, también se levantó el secreto fiscal de Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio, las mujeres que aparecen en la causa como prestamistas o acreedoras del matrimonio. El expediente apunta a establecer no sólo si el patrimonio de Adorni cierra, sino también si quienes le financiaron parte de sus compras tenían capacidad económica genuina para hacerlo.
El detonante judicial de esta etapa fue la acumulación de elementos surgidos de escrituras, informes registrales, declaraciones juradas y testimoniales. Entre ellos, la fiscalía viene examinando especialmente la compra del departamento de la calle Miró, en Caballito, concretada por USD 230.000 con una hipoteca privada de USD 200.000 otorgada por las propias vendedoras, sin interés y con vencimiento a un año; también la hipoteca del inmueble de Parque Chacabuco y la casa del country Indio Cuá, donde incluso se investiga cómo se abonó una tasa de ingreso de USD 5.000. A eso se suman los viajes internacionales del jefe de Gabinete y su esposa, incluido el regreso desde Nueva York, donde la fiscalía ya reunió datos sobre reservas, valores y modalidades de pago.
La excepcionalidad de la decisión también se mide en términos políticos. En la revisión realizada para este cable no surgen antecedentes públicos recientes equivalentes de un levantamiento simultáneo del secreto fiscal, bancario y financiero respecto de un jefe de Gabinete en ejercicio. En investigaciones patrimoniales sobre Juan Manzur y Aníbal Fernández, los fiscales avanzaron con pedidos de declaraciones juradas, información a la Oficina Anticorrupción, la AFIP, la ANSES, la UIF y el Banco Central, pero los registros públicos relevados muestran otro nivel de intensidad procesal y no un paso idéntico al adoptado ahora contra Adorni. Por eso, en ámbitos judiciales y políticos, la resolución de Lijo es leída como una medida excepcional, con una carga institucional que excede largamente el caso puntual. Lo que si queda claro en ambitos politicos, es el daño que le causa la permanencia de Adorni en su cargo al Presidente y a la economia, que como es sabido, uno de sus componentes escenciales es la confianza.
El mensaje de fondo es demoledor para la Casa Rosada. Cuando un juez habilita abrir por completo la trazabilidad fiscal y bancaria del jefe de Gabinete en una causa por enriquecimiento ilícito, lo que se pone bajo la lupa ya no es sólo una operación llamativa o una explicación política insuficiente. Lo que entra en revisión es la consistencia integral de su patrimonio, de sus fuentes de financiamiento y del relato oficial con el que intentó defenderse. Para un Gobierno que hizo de la superioridad moral frente a la corrupción ajena una de sus banderas centrales, el paso dado este jueves por la Justicia tiene un peso institucional y simbólico difícil de disimular.
