Por Adalberto Agozino
El respaldo de Malí al plan marroquí, en sintonía con Kenia y otros países del continente, refleja un cambio geopolítico marcado por las tensiones con Argelia y la creciente búsqueda de estabilidad en el Sahel.
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Buenos Aires – El tablero africano en torno al Sáhara vive un reajuste silencioso pero cargado de consecuencias profundas. En los últimos meses, varios países del continente han ido alineándose de manera clara con la propuesta de autonomía impulsada por Marruecos, que Rabat presenta como la vía más realista y viable para poner fin a un conflicto enquistado durante medio siglo. El movimiento más significativo y reciente ha sido el de Malí, cuya decisión de retirar el reconocimiento a la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y respaldar plenamente el plan marroquí marca un punto de inflexión en su orientación diplomática, estrechamente ligado a su relación cada vez más deteriorada con Argelia.
El anuncio realizado en Bamako el pasado 10 de abril por el ministro de Asuntos Exteriores, Abdoulaye Diop, junto al homólogo marroquí Nasser Bourita, sitúa a Malí en el grupo creciente de naciones africanas que consideran la autonomía bajo soberanía marroquí como la solución más creíble y pragmática. La propuesta de Rabat prevé la creación de instituciones locales dotadas de competencias legislativas, ejecutivas y judiciales amplias, mientras que el Estado marroquí mantendría las atribuciones exclusivas en defensa, política exterior y asuntos religiosos. Este esquema, que ha ido ganando terreno gracias a una diplomacia marroquí activa y orientada a resultados concretos, se consolida ahora con el aval explícito de Malí, que lo describe como “la única base seria y creíble” para resolver la disputa y “la solución más realista bajo soberanía marroquí”.
En paralelo, el posicionamiento de Kenia resulta igualmente significativo y refuerza la tendencia continental. Nairobi no solo ha reafirmado su apoyo al plan durante la reciente sesión de la Comisión Mixta Marruecos-Kenia, sino que lo ha calificado como “la única solución creíble y realista”, comprometiéndose además a colaborar con otros Estados que compartan esta visión. Esta sintonía, escenificada en foros bilaterales recientes, ilustra la consolidación de un bloque africano que prioriza la estabilidad regional y el desarrollo frente a la perpetuación indefinida del conflicto saharaui.
Sin embargo, si el respaldo keniano obedece a una lógica de alineamiento estratégico y cooperación Sur-Sur, el giro de Malí está atravesado por factores mucho más inmediatos y cargados de tensión. La ruptura progresiva entre Bamako y Argel ha alterado equilibrios que durante años parecían inamovibles. Argelia, tradicional valedora del Frente Polisario y defensora del referéndum de autodeterminación, ha visto cómo su influencia en el Sahel se erosiona a medida que la junta militar maliense redefine sus alianzas y prioridades estratégicas. Este distanciamiento no es nuevo, pero ha alcanzado niveles críticos en los últimos años, alimentado por discrepancias profundas sobre la gestión del norte de Malí, el rol de los grupos tuareg y la presencia de actores externos en la región.
La crisis de los drones, ocurrida en abril de 2025, se ha convertido en el episodio simbólico de esta fractura. Durante la noche del 31 de marzo al 1 de abril, fuerzas argelinas derribaron un dron de vigilancia Akinci de fabricación turca operado por el ejército maliense cerca de la localidad fronteriza de Tin Zaouatine, un enclave sensible en el que operan grupos armados tuareg opuestos al gobierno de Bamako. Argelia defendió la acción argumentando que el aparato había violado su espacio aéreo en dos kilómetros y que actuaba en legítima defensa; Malí, por su parte, denunció un “acto de agresión deliberada” ocurrido en territorio propio y lo interpretó como una interferencia directa destinada a obstaculizar sus operaciones contra grupos terroristas. El incidente no quedó aislado: provocó el cierre mutuo de espacios aéreos, la retirada de embajadores y, meses después, la presentación de una demanda de Malí ante la Corte Internacional de Justicia en septiembre de 2025, en la que Bamako acusa a Argel de violación de su soberanía y de una serie de actos hostiles acumulados.
Esta confrontación no surgió de la nada. Las relaciones entre ambos países llevan años en declive, marcadas por divergencias irreconciliables sobre la implementación del Acuerdo de Argel de 2015, que Argelia mediara con el objetivo de pacificar el norte maliense. La junta maliense acusa a Argel de ambigüedad, de demoras en el cumplimiento de las disposiciones sobre gobernanza y reintegración de exrebeldes, e incluso de tolerar o respaldar indirectamente la actividad de grupos hostiles en su territorio.
Argelia, a su vez, expresa temor a que la inestabilidad maliense se desborde hacia su frontera sur, una vasta zona desértica de difícil control donde operan organizaciones yihadistas. Esta preocupación histórica explica su insistencia en soluciones políticas negociadas y su rechazo a intervenciones militares externas, postura que Bamako percibe como inacción o, peor aún, como defensa encubierta de intereses propios. Analistas del International Crisis Group han advertido que esta dinámica de desconfianza mutua, agravada por el incidente del dron, ha llevado a una “peligrosa escalada” que amenaza con fragmentar aún más el ya inestable espacio saheliano.
En este clima de creciente hostilidad, el respaldo maliense al plan de autonomía marroquí trasciende con creces el propio conflicto del Sáhara. Se trata, en buena medida, de una señal política inequívoca dirigida a Argelia, pero también de una apuesta decidida por reconfigurar sus alianzas en un entorno regional volátil. La convergencia con Marruecos —que incluye proyectos concretos para facilitar el acceso de los países del Sahel al Atlántico a través de infraestructuras logísticas y de transporte— apunta a una estrategia más amplia de diversificación geopolítica. Malí busca así nuevos socios que prioricen la estabilidad y el desarrollo frente a enfoques que, desde Bamako, se perciben como obsoletos o contraproducentes.
El resultado visible es un progresivo aislamiento de las posiciones tradicionales que defendían la celebración de un referéndum de autodeterminación, tal como reclama el Frente Polisario con el respaldo argelino. Frente a esa opción, el Plan de Autonomía marroquí gana terreno no solo por el apoyo diplomático acumulado —reforzado recientemente por países como Malí y Kenia—, sino también por su encaje en una lógica de estabilidad regional que muchos gobiernos africanos consideran prioritaria en un momento de amenazas yihadistas y fragilidad institucional.
La evolución de este proceso dependerá, en última instancia, de la capacidad de los actores implicados para transformar estos apoyos diplomáticos en avances concretos sobre el terreno político. Expertos como Intissar Fakir, del Middle East Institute, han señalado que el conflicto del Sáhara representa solo una faceta de una rivalidad más profunda entre Marruecos y Argelia por el liderazgo regional, y que avances como el de Malí podrían abrir la puerta a una mayor integración magrebí-saheliana si se logra superar las tensiones actuales. Lo que ya parece claro es que el equilibrio africano en torno al Sáhara está cambiando de forma irreversible. Ese cambio, impulsado por intereses estratégicos, tensiones fronterizas y la búsqueda compartida de seguridad, sitúa a países como Malí y Kenia en el centro de una nueva etapa del conflicto, donde la estabilidad regional prima sobre divisiones históricas.
