Buenos Aires, 12 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La ofensiva judicial que había logrado frenar una parte central de la reforma laboral del Gobierno sufrió un giro fuerte y políticamente muy significativo: el juez laboral Raúl Horacio Ojeda, de pasado estrechamente ligado al kirchnerismo y ex asesor del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, fue apartado de la causa y ya no será quien conduzca el expediente impulsado por la CGT contra la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La decisión la tomó la jueza federal Macarena Marra Giménez, que resolvió el conflicto de competencia a favor del fuero Contencioso Administrativo Federal y le quitó el caso a la Justicia Nacional del Trabajo.
El movimiento judicial representa un revés claro para la central obrera y, al mismo tiempo, un alivio para la Casa Rosada, que venía cuestionando con dureza la intervención de Ojeda. El magistrado había dictado el 30 de marzo una medida cautelar innovativa a pedido de la CGT y había suspendido 82 artículos de la reforma, es decir, buena parte del corazón del esquema de flexibilización, actualización y desregulación laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Entre los puntos alcanzados quedaron el Fondo de Asistencia Laboral, los límites al derecho de huelga por actividad, cambios en indemnizaciones, banco de horas, fragmentación de vacaciones, pago en cuotas de indemnizaciones, el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita porteña y la derogación de la Ley de Teletrabajo.
Pero el dato político más filoso no es sólo el apartamiento de Ojeda, sino su perfil. El juez fue asesor de Carlos Tomada entre 2004 y 2012 en asuntos legislativos del Ministerio de Trabajo durante los gobiernos kirchneristas, y luego fue designado al frente del Juzgado Nacional del Trabajo N° 72 en diciembre de 2012. Ese antecedente volvió a quedar en primer plano cuando le tocó resolver contra una de las reformas más importantes del actual oficialismo. Para el Gobierno y para buena parte del mundo no peronista, el episodio reforzaba la idea de que una pieza clave de la modernización laboral había quedado inicialmente en manos de un magistrado identificado con la arquitectura jurídica del kirchnerismo.
La resolución de Marra Giménez puso un límite a ese avance. El criterio que fijó fue que la demanda de la CGT no debe tramitar en el fuero laboral porteño porque no se trata de reclamos individuales de trabajadores, sino de una impugnación general contra una norma estatal de alcance nacional y contra actos del Estado Nacional. Por eso entendió que la causa debe pasar al fuero Contencioso Administrativo Federal, que es el que debe revisar la constitucionalidad de ese tipo de políticas públicas. En términos concretos, el expediente deberá ser remitido y, si no se cumple con ese trámite, la cuestión quedará a estudio de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
El fallo deja además otra lectura de fondo: la CGT conserva abierta su batalla judicial, pero ya no en el terreno que le había resultado inicialmente favorable. El Gobierno buscaba precisamente sacar la discusión del fuero laboral, donde la reforma había encontrado su primer dique, y trasladarla a un ámbito más proclive a tratar la cuestión como un litigio institucional contra el Estado. En Balcarce 50 interpretan la novedad como una señal importante para intentar recomponer una ley que había quedado herida por la cautelar de Ojeda y que el oficialismo considera central para bajar costos, rediseñar vínculos laborales y limitar el poder obstructivo de los sindicatos.
Así, el juez que había asestado el primer golpe fuerte contra la reforma laboral libertaria terminó perdiendo el control del expediente. Y el dato no es menor: quien había suspendido la norma era un magistrado con pasado directo en la estructura de Tomada, uno de los nombres más emblemáticos del andamiaje laboral kirchnerista. El desplazamiento de Ojeda no resuelve todavía el fondo del conflicto, pero sí altera de manera sensible el tablero judicial. La discusión seguirá, pero ya no bajo la órbita del juez que la CGT había encontrado para frenar la reforma, sino en un fuero distinto y con reglas de juego menos cómodas para el sindicalismo.
