Buenos Aires-20 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entró en una semana decisiva en Comodoro Py, con una batería de testimoniales que apunta a reconstruir cómo compró, financió y reformó parte de sus propiedades. El fiscal federal Gerardo Pollicita quiere contrastar lo que figura en las declaraciones juradas del funcionario con el movimiento real del dinero detrás de un departamento en Caballito, una casa en el country Indio Cuá y otras operaciones que quedaron bajo sospecha por sus montos, sus condiciones de financiación y los vínculos personales entre los involucrados. Por ahora no hay procesamiento ni condena: hay una causa por presunto enriquecimiento ilícito que acelera medidas para verificar si hubo omisiones patrimoniales o inconsistencias de fondo.
El primer foco de esta semana está puesto en la operatoria del departamento de la calle Miró al 500, en Caballito. Este lunes fueron citados la martillera Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi, responsables de la inmobiliaria que intervino en la compraventa. La fiscalía busca determinar el valor real de la unidad, cómo estaba el inmueble al momento de cambiar de manos y qué documentos reflejan de verdad la secuencia de la operación. En ese expediente ya aparecieron dos datos que llaman la atención: las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo compraron la unidad por una cifra cercana a los US$ 200.000, luego de que hubiera sido publicada por unos US$ 340.000, y más tarde se la vendieron a Adorni por US$ 230.000 después de una remodelación integral. Ese margen, sumado a las comisiones y a las obras, es una de las piezas que la fiscalía quiere entender.
La segunda parada fuerte será el miércoles, cuando deba presentarse Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas y señalado como un nexo relevante entre el funcionario y las vendedoras. Según surge de testimonios ya incorporados, Feijoo no solo habría intervenido en la operatoria sino que además mantiene una relación previa de confianza con Adorni. Infobae informó que el fiscal le pidió que llegue a tribunales con su celular y con comprobantes de gastos vinculados al inmueble, porque su declaración puede resultar clave para reconstruir cómo se armó la ingeniería de la compra. La sospecha de fondo es sencilla de formular, aunque compleja de probar: por qué dos mujeres que dijeron no conocer demasiado al funcionario terminaron otorgando una financiación privada tan favorable para una operación de esa magnitud.
Sobre ese punto aparecen los números más sensibles. La escribana Adriana Nechevenko declaró que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, compraron ese departamento con un anticipo de US$ 30.000 y otros US$ 200.000 financiados a un año y sin interés. En paralelo, la causa también analiza otro crédito de US$ 100.000 para una propiedad en Parque Chacabuco, aportado en un 85% por la excomisaria Graciela Molina y en un 15% por su hija Victoria Cancio, con garantía hipotecaria, interés del 11% anual y pagos mensuales. Es decir, el expediente no mira una sola compra aislada, sino un patrón de adquisiciones y préstamos privados que el fiscal intenta cruzar con los ingresos declarados por el actual jefe de Gabinete.
La otra punta caliente de la semana está en Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Para el viernes fue citado el constructor Matías Tabar, de Grupo AA, a quien el fiscal le exigió presupuestos, facturas y mensajes de WhatsApp para establecer quién pagó las reformas en el lote 380, la propiedad que figura a nombre de Angeletti. También se pidió información sobre la cuota de ingreso al country, de unos US$ 5.000, y sobre expensas que rondarían los $700.000. El dato político más incómodo para Adorni es que esa casa quedó en el centro de la polémica después de que se conociera que había sido omitida en la declaración jurada y agregada más tarde, ya con la investigación en marcha. Esa corrección tardía, lejos de cerrar el problema, lo agrandó.
El expediente, además, ya dio un paso que muestra que la causa dejó de ser apenas una incomodidad mediática. El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni, de Angeletti y de varias de las mujeres que aparecen como acreedoras o prestamistas en estas operaciones. A eso se suma otro dato que ayuda a entender por qué el caso ganó espesor: Chequeado recordó que el funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $107,9 millones al cierre de 2024, frente a $61 millones al asumir en 2023, mientras sus deudas crecieron aún más rápido. Dicho en criollo: la Justicia quiere saber si el patrimonio real del hombre más fuerte del gabinete después de Javier Milei coincide con lo que dijo tener, con lo que debe y con la forma en que compró. La semana que empieza no resolverá la causa, pero sí puede dejar respuestas incómodas. Y en Comodoro Py, cuando el ladrillo, las hipotecas y los amigos empiezan a cruzarse demasiado, casi nunca se trata de una buena señal para el funcionario de turno.
