Por Sandra Mossayebeh
En un mundo más fragmentado, la influencia ya no depende solo de poseer recursos, sino de asegurar rutas, energía e infraestructura crítica.
El poder global ya no se define solo por la posesión de recursos, sino por la capacidad de asegurar rutas, energía, infraestructura tecnológica y disponibilidad estratégica.
En mayo de 2026, la fuerte volatilidad del crudo Brent volvió a mostrar hasta qué punto la energía ya no responde únicamente a la lógica clásica de oferta y demanda. Cada señal sobre el Estrecho de Ormuz, cada avance o retroceso diplomático y cada percepción de riesgo sobre las rutas marítimas impacta de inmediato sobre precios, seguros y expectativas de abastecimiento. Lo que está en disputa no es solo el barril de petróleo, sino las condiciones que lo vuelven accesible.
La competencia geoeconómica contemporánea está entrando en una fase más material, más fragmentada y menos complaciente con las promesas de la globalización eficiente. Durante décadas, buena parte del orden internacional descansó sobre una premisa relativamente estable: que las rutas permanecerían abiertas, los insumos llegarían a tiempo y los mercados podrían ordenar la circulación global con fricciones manejables. Esa premisa empieza a erosionarse. En un mundo atravesado por guerras, sanciones, rivalidades tecnológicas y presión sobre minerales críticos, la circulación deja de ser un dato técnico para convertirse en una variable de poder.
En este escenario, conviene distinguir entre hechos consolidados, señales estratégicas y escenarios posibles. La aceleración de la competencia global no implica que todos los movimientos respondan a un plan único, pero sí revela una tendencia cada vez más clara: la disponibilidad material se ha convertido en una dimensión central del poder.
Bajo esta lógica, la riqueza natural deja de ser una garantía automática de influencia. No alcanza con disponer de petróleo, cobre, litio, tierras raras o capacidad tecnológica; lo decisivo es controlar —o al menos asegurar— las rutas, redes y capacidades que convierten esos activos en disponibilidad efectiva. Esa reorganización se vuelve visible en los pasos marítimos, los corredores logísticos, los sistemas energéticos, los centros de datos y las capacidades de procesamiento.
Los estrechos marítimos condensan especialmente esa transformación. Ormuz, Malaca, Panamá o Gibraltar no son equivalentes entre sí, pero comparten una condición estratégica: concentran vulnerabilidades. Por ellos no circulan únicamente mercancías, sino condiciones de estabilidad. Cuando uno de esos pasos se vuelve inseguro, el impacto excede al transporte marítimo: altera costos, expectativas de abastecimiento y cálculos estratégicos en cadena.
Esta distinción resulta central: el Estrecho de Malaca no reemplaza a Ormuz, sino que lo prolonga como vulnerabilidad. Ormuz condiciona la salida de hidrocarburos desde el Golfo Pérsico; Malaca condiciona buena parte de su tránsito hacia Asia oriental. Leídos en conjunto, no conforman una sustitución de rutas, sino una secuencia de dependencia que expone la fragilidad energética de Asia industrializada frente a la presión sobre los grandes pasos marítimos. La paradoja es precisa: la ruta más barata puede no ser la más segura, y la ruta más segura puede no ser la más barata.
Esa misma lógica explica el renovado interés por corredores terrestres y multimodales. Cuando el mar se vuelve más caro, más vigilado o más expuesto a interrupciones, los Estados buscan vías de respaldo. No para sustituir el comercio marítimo global, cuya escala sigue siendo incomparable, sino para reducir la exposición a determinados puntos de estrangulamiento. Su valor reside menos en la eficiencia inmediata que en su función estratégica: ofrecer margen de maniobra allí donde la eficiencia pura se vuelve vulnerable.
La misma dinámica aparece en el Caribe y en América Latina, donde energía, sanciones, abastecimiento, seguridad y alineamientos políticos vuelven a cruzarse de manera decisiva. Venezuela importa por su peso petrolero; Cuba, por su vulnerabilidad energética. Tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales, el mapa regional ingresó en una fase de mayor incertidumbre estratégica. Sin convertir ese episodio en explicación única, su impacto refuerza la lectura de que los recursos energéticos, las rutas de abastecimiento y la presión político-judicial pueden operar como instrumentos de reordenamiento regional. Lejos de ser episodios aislados, estos casos condensan una dimensión latinoamericana de la misma disputa: quién controla los recursos, las rutas y las condiciones materiales de supervivencia económica.
En paralelo, la competencia por los minerales críticos entra en una fase de mayor intensidad, y el cobre ocupa un lugar privilegiado en esa transformación. Durante mucho tiempo fue leído como un metal industrial asociado a los ciclos de construcción e infraestructura; hoy empieza a consolidarse como un recurso estratégico transversal. Su relevancia ya no proviene de un único sector, sino de la articulación entre transición energética, rearme, electrificación e inteligencia artificial. Los máximos recientes alcanzados por su cotización en los mercados internacionales muestran que el metal empieza a ser leído no solo como insumo industrial, sino como una de las bases materiales de la seguridad económica, tecnológica y energética.
Desde esa perspectiva, el cobre conecta mundos que antes podían analizarse por separado. Está presente en las redes eléctricas, en la economía digital, en los sistemas de defensa y en las tecnologías que sostienen la descarbonización. Esa condición lo convierte en un metal de uso dual: civil y militar, energético y tecnológico, industrial y estratégico. Al mismo tiempo, introduce una tensión poco discutida: los mismos materiales que hacen posible la transición energética son disputados por sectores con mayor capacidad financiera y respaldo estatal. Mientras la defensa y la inteligencia artificial pueden absorber precios elevados como parte de una estrategia de seguridad o expansión tecnológica, muchos proyectos renovables operan con márgenes más ajustados.
La inteligencia artificial profundiza esa presión. Aunque suele presentarse como una revolución de algoritmos, datos y modelos, su expansión depende de una base física cada vez más exigente. La nube no flota por encima de la geografía: requiere suelo, energía, servidores, refrigeración, conectividad, materiales críticos y capacidad eléctrica disponible. Por eso, la disputa por la IA ya no se libra únicamente en laboratorios, plataformas digitales o cadenas de semiconductores; también se define en la disponibilidad de energía firme, en la seguridad de los suministros, en los permisos para ampliar instalaciones y en el acceso a minerales estratégicos.
América del Sur vuelve a ocupar un lugar central dentro de esta reconfiguración. La región posee recursos decisivos para la economía del siglo XXI, pero la abundancia no garantiza influencia. Argentina aparece como un caso especialmente relevante: su potencial cuprífero adquiere importancia en un momento en que el cobre deja de ser un insumo convencional para convertirse en un recurso de seguridad económica global. Si la cartera de proyectos avanzara en escala, el país podría transformarse en un proveedor significativo durante la próxima década; sin embargo, esa posibilidad no depende solo de la geología ni del interés inversor, sino de la capacidad de ordenar una política de recursos críticos.
El dilema, por lo tanto, no es simplemente atraer inversiones. Es articular Nación, provincias, comunidades, ambiente, financiamiento, redes logísticas y estrategia de desarrollo en torno a una visión de largo plazo. La minería crítica no puede pensarse como simple extracción: debe entenderse como política pública compleja. El RIGI puede ofrecer previsibilidad para grandes proyectos, pero ningún régimen fiscal reemplaza la capacidad estatal de resolver conflictos territoriales, sostener reglas claras y definir qué parte del valor agregado queda en el país.
Lo que emerge, entonces, no es el fin de la globalización, sino una transformación de su lógica. La promesa de fluidez permanente cede lugar a un orden más vigilado, disputado y selectivo, donde la eficiencia sigue importando, aunque ya no opera como criterio dominante. Resiliencia, seguridad y autonomía pasan a ordenar buena parte de la economía estratégica contemporánea. En ese nuevo mapa, los puntos de contacto entre geografía, tecnología y recursos adquieren un valor decisivo. Allí se define qué economías podrán sostener su transición energética, qué potencias estarán en condiciones de financiar su rearme y qué países lograrán transformar riqueza natural en capacidad efectiva. El poder estará cada vez menos determinado por la mera posesión de recursos y cada vez más por la posibilidad de asegurarlos, procesarlos, transportarlos y convertirlos en disponibilidad efectiva. Ser proveedor puede abrir una oportunidad; convertir esa oportunidad en poder requiere estrategia, redes materiales y capacidad política.
