Por Darío Rosatti
Buenos Aires, 8 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El secuestro de más de 400 kilos de cocaína en el norte de Santa Fe fue presentado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, como un éxito de la Policía Federal Argentina (PFA), pero su comunicación pública dejó afuera un dato central: la investigación se inició a partir de información aportada por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos.
La omisión no es menor. Según información judicial y policial, el operativo que permitió interceptar una avioneta Cessna 210 en una pista clandestina del departamento Vera fue posible por datos suministrados por la agencia antidrogas norteamericana. Sin ese aporte, la droga probablemente habría continuado su ruta hacia los centros de distribución.
Monteoliva difundió un mensaje celebrando el procedimiento y sostuvo que “una investigación del DFI de la Policía Federal Argentina permitió saber el día y la hora” en que una avioneta narco llegaría desde Bolivia a una pista clandestina en Santa Fe. Sin embargo, en esa exposición no mencionó el rol de la DEA, pese a que distintos reportes señalan que la causa se activó a partir de información aportada por esa agencia.
El procedimiento terminó con ocho detenidos, entre ellos el piloto y el copiloto, ambos bolivianos, además del secuestro de camionetas, camiones, equipos de comunicación satelital, una antena Starlink, teléfonos celulares y bidones de combustible. La causa es impulsada por la PROCUNAR, a cargo del fiscal Diego Iglesias, con intervención del fiscal federal Matías Scilabra y del juez federal de Garantías N°1 de Rosario, Carlos Vera Barros.
La falta de reconocimiento explícito a la DEA plantea un problema de ética institucional. La cooperación internacional no es un detalle protocolar: en este caso, habría sido el factor que permitió detectar la ruta, montar la vigilancia y esperar el aterrizaje de la aeronave en el establecimiento rural “Don Julio”.
El dato también obliga a mirar el cuadro completo. Hace mucho tiempo que la Argentina no exhibe procedimientos sostenidos de cientos de kilos de droga. La mayoría de los secuestros difundidos en los últimos años corresponden a cargamentos menores o a eslabones bajos de la cadena, es decir, pequeños narcos, vendedores barriales o transportistas secundarios, o cuando una avioneta cae por su propio peso, donde escapan los pilotos muy frecuentemente o un capitan de buque avista e informa que tiene drogas en su bodega. Este caso, en cambio, golpea una logística aérea de mayor escala.
La investigación apunta a una ruta que conectaría zonas productoras de cocaína en Bolivia, como el Chapare, con pistas clandestinas del norte argentino y posteriores traslados por vía terrestre hacia Rosario y Buenos Aires. También hay antecedentes recientes de avionetas abandonadas en Santa Fe, Salta y Formosa, lo que confirma que el corredor aéreo narco está activo.
El golpe fue importante, pero la comunicación oficial eligió concentrar el mérito en la estructura local y no en la colaboración externa que permitió orientar la pesquisa. En materia de narcotráfico, donde las redes son transnacionales, ocultar o minimizar el rol de un aliado operativo como la DEA no fortalece al Estado: lo vuelve menos transparente. Segun pudo saber TNA, la DEA honrara sus acuerdos de cooperación con mas procedimientos.
La droga cayó. La pregunta política es por qué el Gobierno evitó decir claramente quién aportó la información que permitió que cayera.
