Buenos Aires, 17 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La causa que investiga la mansión de Pilar vinculada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, sumó un capítulo explosivo: testigos revelaron cómo se habría desplegado un operativo de “limpieza” en el predio de Villa Rosa antes del allanamiento judicial, con el presunto objetivo de borrar rastros, retirar objetos y eliminar registros que pudieran vincular la propiedad con la conducción del fútbol argentino.
La investigación, difundida por La Nación reconstruyó testimonios de empleados del predio que describen una maniobra organizada luego del desembarco judicial en Sur Finanzas y de la denuncia penal impulsada por Elisa Carrió en Comodoro Py. Según esos relatos, el operativo comenzó el 1 de diciembre y se intensificó en la semana previa al allanamiento ordenado por el juez Daniel Rafecas.
La propiedad bajo sospecha está ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, y fue señalada desde el inicio por sus dimensiones, su infraestructura y su eventual vinculación con dirigentes de la AFA. Se trata de un predio de más de 105.000 metros cuadrados, con helipuerto, construcciones de alto valor, sectores recreativos, instalaciones privadas y una estructura patrimonial que, según la denuncia original, no tendría explicación razonable en cabeza de sus titulares formales.
Formalmente, la mansión aparece vinculada a Real Central, una sociedad relacionada con Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada que, según la investigación, no tendría capacidad económica declarada para justificar semejante adquisición. La hipótesis central es que la propiedad podría haber sido utilizada para ocultar activos o canalizar fondos provenientes del ecosistema económico de la AFA, mediante presuntos testaferros y estructuras societarias opacas.
El nuevo dato que agrava el cuadro es la supuesta maniobra para eliminar evidencias antes del allanamiento. De acuerdo con los testimonios citados, los empleados del predio utilizaban grupos de WhatsApp para reportar con fotos y videos tareas de mantenimiento, movimientos, obras y actividades dentro de la quinta. Cuando comenzó la presión judicial, habrían sido obligados a borrar el historial completo de esos grupos y eliminar archivos almacenados en sus teléfonos.
El borrado, según esos relatos, no habría sido espontáneo. Habría sido supervisado por capataces para asegurarse de que no quedaran copias de imágenes, videos o mensajes. Además, los trabajadores debían entregar sus celulares al ingresar al predio a Emanuel Gómez, casero de la propiedad y señalado como hombre de confianza de Toviggino, y recién los recuperaban al finalizar la jornada.
La semana anterior al allanamiento del 12 de diciembre, la “limpieza” habría pasado del plano digital al plano físico. Según uno de los testigos citados por La Nación, Emanuel Gómez habría sido el encargado de coordinar la salida de objetos vinculados a Toviggino. El relato sostiene que se retiraban elementos en una camioneta atribuida a Diego Pantano, hermano de Luciano Pantano, y que aquello que no podía trasladarse era quemado. La salida se habría realizado por un portón trasero, aprovechando que la custodia policial sólo se presentaba en determinados horarios para registrar datos de empleados.
Si esos testimonios se confirman judicialmente, el caso dejaría de ser únicamente una investigación patrimonial sobre una propiedad de lujo. Pasaría también a incluir una posible maniobra de encubrimiento, destrucción de evidencia y obstrucción de la investigación. En términos simples: no sólo habría que explicar de quién era realmente la mansión, sino quién ordenó vaciarla, qué se retiró, qué se quemó y por qué.
A pesar del presunto operativo de limpieza, el allanamiento encontró elementos que sobrevivieron. Entre ellos, un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central con el nombre de Pablo Toviggino. Esos hallazgos fueron relevantes porque conectan de manera material el predio con el entorno del tesorero de la entidad. También se encontraron alrededor de 50 vehículos de alta gama y de colección, una flota cuya titularidad, uso y financiamiento siguen bajo análisis.
La causa ya venía acumulando datos delicados. En el predio se habían detectado vehículos con cédulas azules vinculadas a familiares de Toviggino y gastos asociados a Telepase que, según la investigación, habrían sido abonados mediante una tarjeta corporativa de la AFA. Esa línea apunta a determinar si recursos de la entidad madre del fútbol argentino fueron utilizados para sostener gastos de bienes privados o de terceros vinculados al núcleo dirigencial.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó recientemente un peritaje sobre la flota de autos y retomó una hipótesis ya planteada cuando el expediente estuvo en el fuero Penal Económico: si la mansión pudo haber sido comprada con fondos desviados de la AFA mediante una presunta administración fraudulenta. Ese peritaje busca reconstruir movimientos financieros, origen de fondos y posibles conexiones entre el patrimonio bajo sospecha y la estructura económica del fútbol.
Pero el expediente atraviesa un laberinto de competencias. La Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había enviado la causa al juzgado de Campana y ordenó que sea la Cámara en lo Penal Económico la que defina qué magistrado debe investigar el caso. Hasta que eso ocurra, la causa continúa momentáneamente en manos de González Charvay, aunque su continuidad quedó condicionada por la nueva resolución.
La decisión de Casación fue leída como un revés para Toviggino y para el entorno de Claudio “Chiqui” Tapia, porque desarmó el camino que había llevado el expediente hacia un juzgado considerado más favorable para los intereses de la conducción de la AFA. La definición final quedará en manos de la Cámara en lo Penal Económico, integrada por jueces que además tienen bajo revisión otro expediente sensible: los procesamientos por presunta retención indebida de impuestos y aportes por 19.300 millones de pesos contra Tapia, Toviggino y otros dirigentes.
El contexto judicial de la AFA es cada vez más complejo. En paralelo, la investigación sobre Sur Finanzas, vinculada al empresario Ariel Vallejo, puso bajo la lupa presuntas maniobras de evasión y lavado de dinero en torno al ecosistema económico del fútbol argentino. En diciembre, la Justicia ordenó allanamientos en la sede de la AFA, clubes y domicilios vinculados a esa trama, en una ofensiva que golpeó directamente al poder construido por Tapia.
La denuncia de Carrió sobre la mansión de Pilar abrió otro frente. Allí el foco no está sólo en la operatoria financiera, sino en la posible existencia de bienes ocultos, testaferros, sociedades pantalla y utilización de recursos de la AFA para sostener un patrimonio que no aparece formalmente a nombre de los dirigentes investigados. El predio de Villa Rosa se transformó así en un símbolo de la opacidad que rodea a la conducción del fútbol argentino.
La presunta “limpieza” previa al allanamiento agrava la lectura política del caso. Si hubo tiempo para retirar objetos, borrar archivos, quemar elementos y controlar teléfonos de empleados, la pregunta inevitable es quién filtró información, quién sabía del avance judicial y cómo se permitió que una propiedad bajo sospecha quedara expuesta a un vaciamiento selectivo antes de la llegada formal de la Justicia.
También resulta llamativo que, según los testimonios, la custodia policial no haya tenido presencia permanente suficiente para impedir movimientos por accesos alternativos. Si la Policía sólo registraba datos por la mañana y por la tarde, como relató un testigo, el margen para retirar pruebas por un portón trasero habría sido amplio. Ese punto debería ser revisado por los investigadores, porque la preservación de la escena es clave en cualquier causa patrimonial de alto impacto.
Mientras el expediente se define entre fueros, el predio habría recuperado parte de su ritmo habitual. Según los testimonios relevados, con una dotación mínima de personal se habrían reactivado obras en un gimnasio y en un sauna privado. La mayor parte de los empleados habría sido despedida en febrero, lo que reduce el número de personas con conocimiento directo de lo ocurrido dentro de la quinta.
Desde una mirada institucional, la causa exige respuestas rápidas. No alcanza con discutir si el expediente debe quedar en Campana o en Penal Económico. La Justicia debe determinar si hubo encubrimiento, destrucción de evidencia, administración fraudulenta, lavado de activos, evasión fiscal o utilización de recursos de la AFA para fines privados. Cada día de demora beneficia a quienes pudieron haber tenido tiempo para ordenar papeles, mover bienes o borrar huellas.
La AFA administra poder, dinero, contratos, televisación, selecciones nacionales, torneos, ascensos, descensos, árbitros, vínculos políticos y una caja de enorme influencia. Por eso, cualquier sospecha sobre el patrimonio de sus máximos dirigentes no puede ser tratada como una pelea interna del fútbol. Es un asunto de interés público, especialmente cuando aparecen indicios de fondos societarios, vehículos de lujo, tarjetas corporativas, helipuertos y propiedades millonarias.
La conducción de Tapia y Toviggino suele refugiarse en los éxitos deportivos de la Selección Argentina para blindarse políticamente. Pero los títulos no explican patrimonios, no justifican mansiones, no borran allanamientos y no reemplazan rendición de cuentas. El fútbol argentino puede celebrar campeonatos, pero sus dirigentes deben responder como cualquier ciudadano cuando la Justicia investiga bienes, impuestos, fondos y sociedades.
El caso también muestra la lentitud habitual del sistema judicial frente a la velocidad de los aparatos de poder. Mientras los jueces discuten competencias, los sospechados tienen tiempo para reorganizarse. Mientras las cámaras resuelven quién debe investigar, los testigos denuncian que se borraron chats, se retiraron objetos y se quemaron elementos. Esa diferencia entre el tiempo judicial y el tiempo del encubrimiento es una de las claves del expediente.
Por ahora, las revelaciones de La Nación y Agencia Noticias Argentinas deben ser tomadas como testimonios y elementos que requieren comprobación judicial. Pero su gravedad obliga a profundizar medidas: recuperar mensajes borrados, peritar teléfonos, identificar vehículos utilizados en el traslado, revisar cámaras de seguridad, citar a empleados, verificar accesos al predio y reconstruir quién dio las órdenes.
La eventual participación de Emanuel Gómez, de integrantes de la familia Pantano o de personal de confianza del entorno de Toviggino deberá ser acreditada con pruebas. Pero si los relatos coinciden, la causa podría abrir una línea adicional sobre una maniobra de encubrimiento organizada. Y allí la responsabilidad ya no se limitaría al origen de los bienes, sino al intento de impedir que la Justicia los investigue.
La mansión de Pilar se convirtió en mucho más que una propiedad de lujo. Es una fotografía del poder informal del fútbol argentino: dinero difícil de explicar, vínculos societarios opacos, presuntos testaferros, autos de alta gama, tarjetas corporativas y un despliegue de recursos que contrasta con la crisis de clubes, jugadores, divisiones inferiores y torneos cada vez más degradados.
La pregunta central sigue abierta: quién es el verdadero dueño de la mansión y con qué fondos se compró y mantuvo. Pero ahora se suma otra, quizá más urgente: quién intentó borrar las huellas antes de que llegara la Justicia. Si esa maniobra existió, no fue un detalle menor. Fue una maniobra de impunidad.
