Buenos Aires, 21 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- Bolivia volvió a quedar al borde de una crisis institucional de alto voltaje. El gobierno de Rodrigo Paz Pereira enfrenta protestas, bloqueos, choques violentos y una ofensiva callejera que, según la lectura de Estados Unidos, ya no puede ser interpretada apenas como una protesta social: para Washington, se trata de un “golpe de Estado en marcha”, impulsado por una alianza entre sectores políticos radicalizados y estructuras vinculadas al crimen organizado.
En el centro de la escena aparece nuevamente Evo Morales, el ex presidente que gobernó Bolivia durante casi catorce años y que hoy permanece atrincherado en el Chapare, su histórico bastión cocalero. Morales no está escondido en el sentido clásico del término: no huyó al exterior, no desapareció de la vida pública y tampoco se mueve en silencio. Por el contrario, desafía a la Justicia desde su zona de influencia, protegido por organizaciones afines y por una estructura territorial que funciona, en los hechos, como un poder paralelo dentro del Estado boliviano.
El exmandatario está declarado en rebeldía judicial y tiene una orden de captura vigente en el marco de una causa por presunta trata agravada de personas, vinculada a una denuncia por una relación con una menor de edad durante su etapa presidencial. La Fiscalía pidió una condena de veinte años de prisión y el tribunal de Tarija suspendió el juicio luego de que Morales no se presentara. La defensa del líder cocalero sostiene que se trata de una persecución política y que no fue notificado personalmente, pero la Justicia boliviana considera que el proceso debe avanzar.
Mientras tanto, la crisis social se multiplicó en las calles. Las protestas comenzaron con reclamos por el deterioro económico, la inflación, el impacto del ajuste y, especialmente, por la crisis del combustible. En un país atravesado por una geografía compleja, donde el transporte terrestre es vital para el abastecimiento de alimentos, mercaderías y servicios básicos, la falta de nafta y diésel golpeó de lleno la vida cotidiana. A eso se sumaron denuncias por combustible de mala calidad que habría dañado motores de miles de vehículos, un dato que encendió la bronca de transportistas y sectores populares.
Pero el malestar real fue rápidamente capitalizado por sectores políticos que buscan debilitar al gobierno de Paz Pereira. El Ejecutivo boliviano acusa a los grupos alineados con Evo Morales de fogonear el conflicto, empujar bloqueos, cercar rutas, provocar incidentes y convertir una protesta económica en una ofensiva contra el orden constitucional. En esa lectura, los cocaleros del Chapare no aparecen sólo como una base social de apoyo, sino como la columna territorial que sostiene el intento de presión sobre el nuevo gobierno.
El dato más inquietante es que la protección a Morales excede lo simbólico. Sus seguidores montaron un dispositivo de seguridad en torno a Lauca Ñ, presentado como una suerte de “cuartel general” del evismo. Allí se organizan alertas, controles y una vigilancia permanente para impedir que fuerzas estatales puedan avanzar sobre el exmandatario. Incluso se denunció la toma o control de espacios estratégicos, como el aeropuerto regional de Chimoré, para evitar una eventual detención por vía aérea. En la práctica, Morales se comporta como un prófugo con base propia, custodia política y territorio de retaguardia.
El vicesecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, fue categórico al advertir que lo que ocurre en Bolivia constituye un intento de golpe contra un presidente elegido democráticamente hace pocos meses. Según el funcionario estadounidense, no se trata de una protesta aislada, sino de una maniobra financiada por una alianza entre política y delincuencia organizada en la región. El mensaje de Washington fue también una señal de respaldo al gobierno de Rodrigo Paz y un llamado a otros países, como Brasil y Colombia, para que defiendan la institucionalidad boliviana.
La posición de Estados Unidos no es menor. Bolivia integra el Escudo de las Américas, una coalición regional impulsada por gobiernos conservadores y respaldada por Washington. En ese marco, la caída o debilitamiento de Paz Pereira sería leído como un retroceso estratégico para el bloque occidental en Sudamérica y como una victoria para sectores de la izquierda radical, el populismo autoritario y redes que operan en zonas grises entre la política, el sindicalismo duro y economías ilegales.
El gobierno boliviano también llevó su denuncia ante la Organización de Estados Americanos. Allí planteó que el país atraviesa una situación de conflictividad social compleja, con bloqueos, violencia, daño económico y riesgo humanitario. El canciller Fernando Aramayo sostuvo que Morales busca provocar una reacción del Estado que termine en muertos y que luego pueda ser utilizada como bandera política para incendiar aún más la crisis. Esa hipótesis explica, en parte, la cautela oficial: cumplir la orden judicial contra Morales podría fortalecer la autoridad del Estado, pero también desatar una respuesta violenta de sus seguidores.
El dilema de Paz Pereira es enorme. Si avanza con firmeza sobre Evo Morales, puede recuperar autoridad institucional, pero también corre el riesgo de incendiar el Chapare y multiplicar los choques. Si posterga la detención, transmite debilidad y permite que un ex presidente con orden de captura siga condicionando la gobernabilidad desde un enclave cocalero. En cualquiera de los dos escenarios, Morales gana tiempo: mantiene a su tropa movilizada, enfría sus causas judiciales y se reposiciona como actor central del caos.
La crisis también derivó en un choque diplomático con Colombia. El presidente Gustavo Petro calificó la situación boliviana como una “insurrección popular” y expresó simpatía por Morales, lo que fue interpretado por La Paz como una injerencia directa en sus asuntos internos. El gobierno boliviano respondió con la expulsión de la embajadora colombiana, aunque aclaró que no rompía relaciones diplomáticas. La tensión regional confirma que el conflicto boliviano ya dejó de ser un problema doméstico.
Desde una mirada de derecha, el caso boliviano vuelve a mostrar una matriz conocida en América Latina: liderazgos populistas que, luego de perder poder institucional, buscan conservar capacidad de veto desde la calle, los sindicatos, los movimientos territoriales y estructuras económicas opacas. Evo Morales ya no gobierna desde el Palacio Quemado, pero conserva influencia en el Chapare, músculo cocalero, aparato militante y capacidad de daño.
Por eso, el conflicto no puede reducirse a una protesta por combustible. Hay bronca social, sí. Hay problemas económicos reales, también. Pero sobre ese malestar se monta una operación política mucho más profunda: la de un ex presidente en rebeldía, protegido por su bastión territorial, que intenta condicionar a un gobierno recién llegado al poder y evitar que la Justicia avance sobre él.
La pregunta que sobrevuela Bolivia es si el Estado logrará recuperar el control pleno de su territorio o si aceptará, aunque sea temporalmente, la existencia de un “Evoestado” dentro del país. Para Rodrigo Paz, el desafío no es sólo ordenar la economía ni resolver la crisis de combustibles. Es demostrar que en Bolivia manda el gobierno elegido por el voto popular y no un caudillo atrincherado detrás de piquetes, cocaleros y custodias parapoliciales.
