Buenos Aires – 7 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-. Augusto Marini, el empresario detrás de Cale Group, Blender y Carajo, quedó nuevamente bajo la lupa pública luego de que una de sus compañías, Motora Argentina S.A., resultara adjudicataria de un contrato millonario con Trenes Argentinos para reparar material ferroviario de las líneas Roca y Mitre, en el marco de una contratación directa por compulsa abreviada por emergencia ferroviaria.
La operación, por unos US$ 3,8 millones, encendió el debate sobre el avance de un joven empresario que, con apenas 31 años, combina presencia en medios de comunicación, transporte ferroviario, energía, salud, infraestructura y agroindustria. El interrogante político y económico es inevitable: si se trata de un caso de expansión empresarial legítima en sectores estratégicos o de un nuevo capítulo del viejo capitalismo de cercanía con el Estado, ahora bajo ropaje libertario.
Marini conduce Cale Group, un holding que se presenta con actividad en ocho áreas: infraestructura, energía, salud, transporte ferroviario, agroindustria, textil, servicios y medios de comunicación. Pero su nombre ganó volumen político por su relación con el ecosistema comunicacional de la era Javier Milei: controla Blender, de perfil progresista, y Carajo, el streaming libertario donde el oficialismo encontró una usina comunicacional informal de alto impacto.
En Carajo no sólo tiene presencia Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan” y vinculado al universo comunicacional de Santiago Caputo, sino que además se emite el programa “Las Tres Anclas”, conducido por funcionarios ligados al área económica: Federico Furiase, director del Banco Central; Martín Vauthier y Felipe Núñez, directores del BICE. Ese dato vuelve más sensible cualquier contrato de empresas del mismo grupo con el Estado nacional.
Marini, sin embargo, rechaza las sospechas. En declaraciones periodísticas aseguró que no tiene privilegios libertarios, negó conocer a Santiago Caputo y sostuvo que sólo vio una vez a Javier Milei, cuando el Presidente fue entrevistado en su canal. “Fue un saludo institucional”, explicó. También afirmó que delegó la conducción de Carajo en Parisini y que su objetivo es integrar una nueva generación de empresarios argentinos con presencia en la economía real.
El contrato ferroviario tiene como protagonista a Motora Argentina S.A., firma que antes se llamaba TMH Argentina, filial local de la rusa Transmashholding. Cale Group compró esas operaciones en 2023, tras el impacto internacional de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre los activos de la compañía. La empresa, según su propia presentación institucional, ofrece mantenimiento, reparación y ensamble de material rodante ferroviario, tanto de carga como de pasajeros.
La firma no era una desconocida para el sistema ferroviario. Bajo su gestión anterior ya tenía vínculos con el Estado, y durante la etapa de Marini continuó con trabajos para la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. Según publicó La Nación, en 2024 Motora ya había obtenido adjudicaciones menores para tareas de reparación, mientras que fuentes empresarias indicaron que Trenes Argentinos mantiene una deuda millonaria con la compañía. Desde el sector público reconocieron la existencia de obligaciones pendientes, aunque por un monto inferior al mencionado por la empresa.
Otro punto que alimentó las suspicacias es la incorporación a Cale Group de Alejandro Javier Hibbert, exfuncionario de Trenes Argentinos, quien luego quedó vinculado a la conducción de Motora Argentina. Para los críticos, se trata de una señal incómoda en un rubro donde el conocimiento técnico y los contactos administrativos pueden representar una ventaja decisiva. Para el empresario, en cambio, es parte de la profesionalización de una compañía que necesita especialistas en un sector altamente específico.
Pero el negocio ferroviario no es el único frente abierto. Cale Group Media S.A. también aparece como principal candidata para quedarse con la operación del Canal de la Ciudad, tras ofertar un canon mensual de $50 millones, muy por encima del piso de $10,75 millones y de la propuesta de Argentinos Media S.A., que rondó los $15 millones. En esa pulseada, Marini se presentó acompañado por Liliana Parodi, exdirectora de contenidos de Grupo América, una figura de peso en la industria televisiva.
La concesión del canal porteño, impulsada por la gestión de Jorge Macri, prevé que el Estado mantenga la titularidad de la licencia, pero entregue a un privado la operación técnica, comercial, de mantenimiento y programación por cinco años. Si Cale Group logra quedarse con ese activo, Marini pasaría de controlar dos señales de streaming de fuerte penetración política a manejar también un canal tradicional con llegada institucional en la Ciudad de Buenos Aires.
El tercer frente es energético. A través de sus compañías del rubro, el grupo busca participar de la licitación AlmaSADI, impulsada por la Secretaría de Energía y administrada por CAMMESA, para incorporar sistemas de almacenamiento eléctrico con baterías en nodos críticos del país. La convocatoria recibió 235 proyectos de 37 empresas, por un total de 8.335 MW, muy por encima de los 700 MW previstos inicialmente. Las ofertas económicas están previstas para el 24 de junio, luego de la evaluación técnica.
El interés no es menor: el almacenamiento con baterías aparece como una pieza clave para reducir cortes, mejorar la estabilidad del Sistema Argentino de Interconexión y acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica. Para el Gobierno, se trata de una señal de confianza inversora; para el mercado, de un negocio de escala, con fuerte impacto en infraestructura crítica y potenciales contratos de largo plazo.
Así, Augusto Marini quedó ubicado en una zona de alta sensibilidad: medios que influyen sobre la conversación pública, trenes que dependen de contratos estatales y energía que requiere decisiones regulatorias y licitaciones públicas. Su defensa apunta a presentarse como un empresario joven, diversificado y dispuesto a tomar riesgos en sectores abandonados durante años. Sus críticos, en cambio, advierten que la velocidad de su expansión y su cercanía indirecta con el dispositivo comunicacional oficialista obligan a mirar con lupa cada adjudicación.
En una Argentina que intenta dejar atrás la decadencia ferroviaria, ordenar el sistema eléctrico y transparentar la relación entre política, medios y negocios, el caso Marini se convierte en una prueba concreta para el Gobierno de Javier Milei. La promesa oficial de terminar con los privilegios, la casta y los negocios entre amigos no sólo se mide en discursos: también se verifica en licitaciones, adjudicaciones, conflictos de interés, controles administrativos y explicaciones públicas.
