Por Nicolas J. Portino González
La gestión de riesgos de desastres no se mide en la velocidad de la respuesta ante la crisis, sino en las décadas de preparación y aseguramiento normativo que la anteceden. El trágico “doblete sísmico” de magnitudes 7.2\ M_w y 7.5\ M_w que golpeó el norte de Venezuela el pasado 24 de junio es, más allá de un fenómeno geológico devastador, una demostración empírica de lo que en nuestra disciplina denominamos colapso sistémico por acumulación de vulnerabilidad.
Cuando dos sismos hiper-superficiales ocurren con una diferencia de apenas 39 segundos, las estructuras ya fracturadas reciben un impacto multiplicador. En cualquier parte del mundo, esto representa un desafío extremo. Pero cuando este evento ocurre sobre una infraestructura crítica que ha sufrido casi tres décadas de desinversión, abandono de estándares de ingeniería sismorresistente y desmantelamiento de planes de contingencia estatales, la catástrofe deja de ser “natural” y pasa a ser institucional.
Desde la perspectiva de la resiliencia operativa, las primeras 72 horas son críticas para salvar vidas. Sin embargo, en el terreno estamos viendo cómo la llegada de la cooperación internacional y el despliegue de rescatistas de alta tecnología se topan con un “cuello de botella” operativo predecible:
Parálisis logística por recursos básicos: La escasez crónica de combustible impide el funcionamiento continuo de la maquinaria pesada para remover escombros. Sin energía ni cadenas de suministro locales, la tecnología de rescate más avanzada queda inoperativa.
Vulnerabilidad de los sistemas de soporte: El colapso del sistema sanitario local, que ya arrastraba una crisis estructural de insumos, anula la capacidad de resiliencia post-evento. Un plan de contingencia es tan fuerte como el activo más débil de su red de soporte.
Censura y control vs. Inteligencia de datos: Restringir la movilidad en las zonas cero (como los accesos a La Guaira) y penalizar la transmisión de información en tiempo real no solo debilita el ciclo de ciberinteligencia y gestión de crisis, sino que fragmenta la coordinación táctica y multiplica el impacto de las fake news.
Para los profesionales que gestionamos riesgos e infraestructuras críticas en América Latina, la tragedia de Venezuela nos deja lecciones institucionales ineludibles. Los gobiernos de corte populista o centralizado tienden a tratar la seguridad y el compliance normativo como una carga burocrática o un gasto prescindible en favor de prioridades ideológicas. Las consecuencias de esa miopía se miden hoy en miles de desaparecidos bajo los escombros.
La verdadera soberanía de una nación —o la resiliencia de una corporación que opera activos críticos— no reside en el discurso, sino en la aplicación rigurosa de marcos normativos para anticipar la incertidumbre y sistemas de compliance vivos, auditados y fiscalizados.
Proteger un puerto, un aeropuerto, una refinería o una ciudad requiere continuidad, inversión técnica y profesionales capaces de tomar decisiones basadas en datos duros, no en dogmas. Cuando la infraestructura crítica se gestiona desde la improvisación, la naturaleza termina exponiendo la realidad de la peor manera posible.
Desde Total News Agency, nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano y con todos los equipos de rescate internacionales y locales que hoy desafían la incompetencia estatal en el terreno para salvar vidas.
