Buenos Aires – 30 junio 2026 – Total News Agency – TNA — El juicio oral por la Causa Cuadernos volvió a exponer este martes una de las claves del presunto sistema de corrupción montado alrededor de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas: el manejo de enormes sumas de dinero en efectivo, retiradas en dólares por ventanilla bancaria y luego colocadas fuera de toda trazabilidad fiscal.
Ante el Tribunal Oral Federal 7, ex funcionarios y técnicos de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy ARCA, ratificaron que en el marco de la investigación se detectaron extracciones multimillonarias de dólares por parte de empresas involucradas en el expediente. Según los testimonios, varios de esos movimientos coincidían temporalmente con los hechos descriptos por el financista arrepentido Ernesto Clarens, quien declaró sobre presuntos pagos de sobornos vinculados a contratos de obra pública durante el kirchnerismo.
La audiencia formó parte de una etapa del debate destinada a reconstruir cómo la AFIP respondió a los pedidos de información enviados desde Comodoro Py por el entonces juez Claudio Bonadio. Los requerimientos judiciales buscaban determinar si las empresas investigadas habían utilizado mecanismos de financiamiento espurio, proveedores apócrifos, retiros en efectivo o movimientos bancarios incompatibles con sus operaciones declaradas.
El caso tiene en el banquillo a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y a decenas de ex funcionarios y empresarios. La fiscalía sostiene que existió una asociación ilícita destinada a recaudar sobornos de compañías beneficiadas con contratos estatales entre 2003 y 2015. El juicio comenzó en noviembre de 2025 y es considerado uno de los procesos por corrupción más grandes de la historia argentina, con más de ochenta acusados y cientos de testigos previstos.
La fiscal Fabiana León conduce la acusación en esta etapa del debate, en la que los testimonios de ex funcionarios de la AFIP apuntan a un patrón operativo: empresas que recibían fondos vinculados a obra pública, anticipos financieros o pagos estatales, y luego retiraban grandes sumas de dólares en efectivo. Una vez que el dinero salía por ventanilla, explicaron los testigos, el Estado perdía la posibilidad de seguir su recorrido.
La contadora María Eugenia Lanza, integrante del equipo que respondió requerimientos judiciales en 2018, fue una de las voces más relevantes de la audiencia. Según explicó, la tarea consistía en cruzar los relatos de Clarens con la información bancaria obtenida a través de circularizaciones. En ese proceso, se analizaban fechas, montos, empresas, bancos y personas que retiraban el dinero. En algunos casos, las extracciones coincidían con episodios narrados por el arrepentido.
Lanza detalló que en la empresa Decavial se registraron extracciones en dólares por alrededor de US$11,8 millones durante un período de cuatro años. El trabajo de la AFIP consistió en comparar esas salidas de fondos con los hechos relatados en la causa. La testigo fue clara sobre el límite técnico del seguimiento: “lo retiran por ventanilla y no sabemos”, explicó, al referirse a la imposibilidad de determinar el destino final del dinero una vez convertido en efectivo.
La misma lógica apareció en otros casos. En relación con Panedile, Lanza recordó que se detectó una extracción de dólares por caja que coincidía con uno de los hechos descriptos por Clarens. A partir de allí, el equipo buscaba identificar a la persona que retiraba el efectivo y cruzaba esa información con las bases del organismo. La testigo aclaró que no se trataba de una fiscalización ordinaria de la AFIP, sino de una “manda judicial”: el organismo actuaba como auxiliar de la Justicia y trabajaba con información propia y datos aportados por terceros.
La frase que mejor sintetizó la jornada fue la explicación sobre la pérdida de trazabilidad. “Con la extracción de un dinero por ventanilla, se pierde”, sostuvo Lanza. Ante preguntas de las defensas sobre si retirar efectivo constituye un delito, respondió que para el fisco “todo tiene que estar bancarizado” y recordó que existen normas que obligan a canalizar pagos superiores a determinados montos por vías registradas.
El testimonio expuso el corazón del problema: el efectivo no solo permite dificultar el control fiscal, sino también cortar el rastro documental del dinero. En causas de corrupción estructural, ese punto resulta decisivo, porque la hipótesis de la fiscalía es que una parte de esas sumas habría sido utilizada para pagar coimas a funcionarios del kirchnerismo a cambio de adjudicaciones, contratos o beneficios en obra pública.
Antes de Lanza declaró Pedro Puyó, ex funcionario de la AFIP en Córdoba, quien fue consultado por fiscalizaciones vinculadas a Electroingeniería y su grupo empresario. Según relató, entre 2015 y 2016 se detectaron inconsistencias en movimientos de fondos de compañías relacionadas con los empresarios Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra. Entre esas operaciones, mencionó un retiro en efectivo de US$2,4 millones, en una firma que, según indicó, registraba pérdidas.
Puyó recordó también que Bonadio había pedido determinar si existían “financiamientos espurios”, una expresión que llamó la atención dentro del organismo por no ser habitual en requerimientos fiscales. Esa búsqueda derivó en cruces de información sobre empresas, personas físicas, movimientos bancarios y eventuales maniobras con efectivo.
Otro tramo relevante de la audiencia estuvo a cargo de Jimena De la Torre, actual consejera del Consejo de la Magistratura y ex jefa de Gabinete de la AFIP durante la gestión de Leandro Cuccioli. La testigo explicó que los oficios vinculados al caso Cuadernos eran complejos, demandaban equipos numerosos y estaban alcanzados por el secreto fiscal. Según indicó, su rol consistía en garantizar que las respuestas llegaran en tiempo y forma, sin acceder al contenido encriptado de los informes.
De la Torre reveló que cuando llegó el oficio sobre “financiamiento espurio” en la causa, la reacción interna fue de alarma. “Nos agarramos la cabeza”, recordó, al describir la magnitud y la novedad del requerimiento. Explicó que la subdirección de fiscalización intentó detectar patrones a partir de cruces de información, especialmente extracciones en efectivo que coincidieran con fechas mencionadas en el expediente.
La ex funcionaria también habló de lo ocurrido después del cambio de gobierno en diciembre de 2019. Según declaró, en 2020 se abrieron auditorías y sumarios contra personas que habían trabajado en el caso Cuadernos. “Lo que ocurrió en 2020 fue llamativo”, afirmó. Dijo que recibió comentarios de empleados desplazados o investigados, y sostuvo que incluso se revisaban agendas para saber con quién se habían reunido. Aclaró que algunas cuestiones le fueron referidas por terceros, pero aseguró que varios ex funcionarios terminaron con denuncias penales luego archivadas.
Ese punto incorporó una dimensión política adicional al juicio: no solo se analiza el presunto circuito de sobornos, sino también qué ocurrió con los equipos técnicos que colaboraron con la Justicia cuando el kirchnerismo volvió al poder de la mano de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en diciembre de 2019.
La causa Cuadernos se originó a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien registró durante años recorridos, entregas y movimientos presuntamente vinculados al traslado de bolsos con dinero. La fiscalía sostiene que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner fue destinataria final de parte de esos fondos y jefa de una estructura de recaudación ilegal. La defensa rechaza las acusaciones, cuestiona la validez de los cuadernos y denuncia persecución judicial.
La jornada de este martes volvió a poner bajo la lupa un mecanismo conocido en múltiples investigaciones de corrupción: la transformación de fondos bancarizados en efectivo para borrar rastros. En el caso Cuadernos, los testimonios de la ex AFIP refuerzan la hipótesis de que empresas vinculadas a la obra pública kirchnerista habrían retirado millones de dólares en efectivo en fechas compatibles con presuntos pagos ilegales.
El dato central no es solo la magnitud de los montos, sino la metodología. Dólares retirados por ventanilla, proveedores sospechados de ser apócrifos, empresas con pérdidas que movían millones, fondos que salían del circuito formal y un Estado que, una vez producido el retiro en efectivo, perdía la trazabilidad. Ese esquema, según la acusación, habría sido funcional a una maquinaria de recaudación clandestina que operó durante años alrededor de contratos públicos.
Para el próximo jueves están previstos nuevos testimonios, entre ellos los de Jaime Mecikovsky, ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la entonces AFIP, y Eliseo Devoto, ex jefe de Asuntos Jurídicos del organismo durante la gestión de Alberto Abad. Sus declaraciones podrían profundizar el análisis sobre cómo se investigaron las empresas, qué información aportó el organismo fiscal y qué ocurrió con los equipos técnicos que colaboraron con la Justicia.
El juicio continuará así avanzando sobre el circuito del dinero. Y, en esta etapa, la discusión ya no gira solamente en torno a los cuadernos, los choferes o los arrepentidos, sino sobre una pregunta concreta: qué ocurrió con los millones de dólares que salieron en efectivo de las cuentas de empresas vinculadas a la obra pública durante el kirchnerismo.
