Almería – 14 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. La Asociación Forestal Andaluza (AFA) denunció el “grave abandono” de los montes de Andalucía y advirtió que, si no se modifica de manera urgente la política de prevención y gestión territorial, la región podría enfrentar durante los próximos años “incendios de una magnitud desconocida hasta ahora”.
El pronunciamiento fue difundido después del devastador incendio iniciado el 9 de julio en Los Gallardos, provincia de Almería, que dejó 13 personas muertas, arrasó aproximadamente 7.000 hectáreas y obligó a evacuar a cerca de un millar de habitantes.
El fuego fue declarado controlado por la Junta de Andalucía, aunque continuaban las tareas de vigilancia, enfriamiento de puntos calientes e investigación sobre su origen. El siniestro fue considerado el incendio forestal más mortífero registrado en la historia reciente de la comunidad autónoma y uno de los tres más graves ocurridos en España.
La Guardia Civil investiga como principal hipótesis la caída de un cable eléctrico cerca de la carretera N-340A. Testigos dijeron haber observado el desprendimiento del tendido momentos antes de que comenzaran las llamas, aunque las compañías eléctricas consultadas sostuvieron que la instalación estaba fuera de servicio desde 2009 y no pertenecía a sus redes activas.
La posible causa eléctrica explica el punto de inicio, pero no necesariamente la extraordinaria velocidad con la que el fuego se extendió. Los fuertes vientos, las altas temperaturas, la baja humedad, la complicada orografía y la elevada cantidad de vegetación seca favorecieron su propagación.
La AFA sostuvo que la tragedia no puede atribuirse únicamente al cambio climático o a circunstancias meteorológicas excepcionales. Para sus especialistas, la acumulación de combustible vegetal, el abandono de actividades rurales tradicionales y la falta de intervención sostenida sobre los montes convierten cada foco en una amenaza potencialmente incontrolable.
“Cuando eso ocurra, no podremos atribuirlo únicamente al cambio climático o a otros factores externos. Tendremos que reconocer que las carencias eran conocidas, que las soluciones estaban bien identificadas y que, sin embargo, no se actuó con la determinación necesaria”, advirtió la organización.
La asociación está integrada por técnicos de los sectores público y privado, propietarios forestales, empresas, docentes, investigadores y profesionales vinculados con universidades andaluzas.
Según sus cálculos, las infraestructuras preventivas —áreas y líneas cortafuego y fajas auxiliares— cubren actualmente menos del 0,5% de los más de cuatro millones de hectáreas forestales de Andalucía.
La entidad considera que esa cobertura es diez veces inferior al mínimo necesario para reducir la continuidad del combustible y facilitar el trabajo de los equipos de extinción.
Más de la mitad del territorio andaluz tiene carácter forestal. Durante décadas, la reducción del pastoreo, la recolección de madera, la limpieza de montes y otras actividades económicas rurales provocó que grandes superficies acumularan maleza, ramas y biomasa seca.
Cuando esa carga alcanza determinados niveles, el fuego genera temperaturas y columnas convectivas que pueden superar la capacidad de los medios terrestres y aéreos, incluso cuando se movilizan miles de efectivos.
La AFA aseguró que durante años se aumentaron las partidas destinadas a apagar incendios, pero no se acompañó ese esfuerzo con una inversión proporcional en prevención y gestión permanente del territorio.
Según la asociación, los presupuestos del dispositivo de extinción crecieron aproximadamente un 60% durante los últimos ocho años, mientras que la inversión forestal cayó a mínimos históricos.
También afirmó que en 2025 la política forestal representó menos del 0,3% del presupuesto de la Junta y que la ejecución no alcanzó el 30% de lo contemplado en el Plan Forestal Andaluz.
La administración encabezada por Juan Manuel Moreno Bonilla ofrece cifras diferentes. La Junta sostiene que entre 2024 y 2025 destinó 211 millones de euros a prevención y restauración de incendios, seis veces más que en 2018.
También informó que el Plan INFOCA 2025 contó con un presupuesto récord de 257 millones de euros, un 8% superior al del año anterior, y un despliegue de alrededor de 4.700 profesionales.
La diferencia entre ambas posiciones reside en qué partidas son contabilizadas como prevención efectiva y qué porcentaje termina convertido en trabajos sobre el terreno.
La AFA reconoce el aumento del gasto general, pero sostiene que una parte sustancial se concentra en medios de extinción, restauración posterior, equipamiento y estructuras operativas. Su cuestionamiento apunta a la escasa superficie tratada mediante clareos, desbroces, pastoreo controlado, aprovechamiento de biomasa y mantenimiento de cortafuegos.
La tragedia de Los Gallardos abrió además una disputa política dentro del propio Gobierno andaluz. Vox, socio del Partido Popular en la Junta, responsabilizó a la gestión forestal por la magnitud del desastre y utilizó también el dato de que apenas el 0,5% del monte cuenta con infraestructuras preventivas.
El presidente Moreno Bonilla, en cambio, vinculó el comportamiento extremo del incendio con el cambio climático y las condiciones meteorológicas excepcionales.
El vicepresidente andaluz y responsable de Emergencias, Antonio Sanz, solicitó comparecer ante el Parlamento regional para explicar la cronología del operativo, las alertas a la población y las decisiones adoptadas durante las primeras horas.
La oposición reclama conocer si los sistemas de aviso fueron activados a tiempo, si existían planes de evacuación suficientes y si la gestión previa del terreno contribuyó a que el fuego alcanzara zonas habitadas.
La búsqueda de víctimas finalizó sin nuevos hallazgos y las autoridades descartaron que permanezcan personas desaparecidas en el perímetro. Diez de los trece fallecidos ya habían sido identificados: un ciudadano español y varias personas procedentes del Reino Unido, Bélgica y Francia.
El Gobierno español anunció que declarará la comarca como zona especialmente afectada por una emergencia y comprometió recursos para reconstrucción, asistencia a las familias y reforestación.
Para la Asociación Forestal Andaluza, sin embargo, reconstruir después de cada tragedia no será suficiente. La organización reclama que la prevención deje de ser una intervención ocasional y se convierta en una política económica y territorial permanente.
La advertencia es terminante: más medios aéreos y brigadas pueden resultar inútiles cuando el monte acumula combustible durante décadas. La extinción comienza antes del verano, con gestión forestal, actividad rural, mantenimiento de infraestructuras y reducción de la biomasa.
Los Gallardos dejó trece muertos y miles de hectáreas destruidas. Para los expertos, también dejó una señal que Andalucía no puede ignorar: sin una transformación profunda de sus montes, el próximo incendio podría ser todavía más rápido, más extenso y más difícil de controlar.
