Brasilia – 1 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA-. El magistrado André Mendonça, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil, autorizó a la Policía Federal a investigar una nueva sospecha de tráfico de influencias contra Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por presuntas gestiones destinadas a favorecer negocios privados con la empresa pública de tecnología Dataprev.
La nueva línea investigativa intenta determinar si Lulinha utilizó su cercanía con el poder político para facilitar contratos o contactos gubernamentales en beneficio del empresario tecnológico Cleber Ribas de Oliveira. Dataprev administra sistemas y bases de datos sensibles de la seguridad social brasileña, entre ellos parte de la infraestructura tecnológica utilizada por el Instituto Nacional del Seguro Social, organismo situado en el centro de una extensa trama de descuentos irregulares aplicados a jubilados y pensionados.
Según la información publicada por medios brasileños, la Policía Federal posee indicios de que Ribas de Oliveira habría financiado al menos un viaje del hijo del mandatario y que, posteriormente, logró avanzar en operaciones vinculadas con organismos del Gobierno federal. Los investigadores deberán establecer si existió una contraprestación concreta, si Lulinha intervino ante funcionarios públicos y si los negocios fueron obtenidos como resultado de esas supuestas gestiones.
La autorización judicial no implica una imputación definitiva ni prueba la comisión de delitos, pero habilita a la Policía Federal a reunir documentos, comunicaciones, registros de viajes y movimientos financieros. La defensa sostiene que Lulinha no cometió irregularidades y cuestionó el carácter de las pesquisas abiertas en su contra.
El empresario Cleber Ribas de Oliveira también aparece vinculado a personas investigadas dentro del escándalo del INSS, entre ellas el lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conocido en Brasil como el “Careca do INSS”. Antunes está señalado como uno de los operadores de un esquema que habría desviado recursos mediante descuentos no autorizados sobre haberes previsionales y permanece detenido desde septiembre de 2025.
La nueva investigación se conoce inmediatamente después de que Mendonça autorizara otra pesquisa para determinar si Lulinha intervino ante el Ministerio de Salud y dependencias de la Presidencia para favorecer un proyecto de medicamentos elaborados con cannabis medicinal.
En ese expediente, los investigadores sospechan que el hijo del presidente pudo haber facilitado el acceso de Antunes y de representantes de la empresa World Cannabis a funcionarios públicos con capacidad para intervenir en la compra o distribución de productos con cannabidiol dentro del sistema sanitario brasileño. El contrato investigado finalmente no llegó a concretarse, pero la Policía Federal considera necesario determinar si existieron actos de intermediación indebida, promesas de ventajas o pagos relacionados con esas gestiones.
La relación entre Lulinha y Antunes adquirió mayor relevancia después de que la defensa reconociera que ambos realizaron un viaje a Portugal para visitar instalaciones vinculadas con la producción de cannabis medicinal. Las autoridades buscan establecer quién pagó los gastos, cuál fue la finalidad comercial del desplazamiento y si posteriormente se intentó utilizar esa relación para abrir puertas dentro del Gobierno.
La investigación sobre el hijo del presidente no comenzó únicamente con estos dos expedientes. En febrero, Mendonça autorizó el levantamiento de sus secretos bancario, fiscal y telemático dentro de las actuaciones relacionadas con la denominada Operación Sin Descuento, que investiga el desvío de dinero de jubilados mediante deducciones realizadas sin consentimiento.
La Policía Federal pidió luego más tiempo para analizar el material obtenido, debido al volumen de documentación y datos electrónicos secuestrados. Entre las operaciones bajo revisión aparecen transferencias, viajes y relaciones comerciales de personas próximas al principal operador del fraude previsional.
El avance judicial golpea al gobierno del Partido de los Trabajadores en un momento particularmente delicado. La campaña electoral comenzará oficialmente durante agosto y Lula busca conquistar en octubre un cuarto mandato presidencial no consecutivo.
El último estudio de Datafolha situó a Lula con el 48 por ciento de intención de voto frente al 43 por ciento del senador Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje. Aunque el mandatario conserva una ventaja, la diferencia es reducida y el caso de su hijo ofrece a la oposición un argumento para reabrir el debate sobre las relaciones entre familiares, empresarios y organismos estatales durante las administraciones del PT.
La defensa de Lulinha calificó las investigaciones como una búsqueda prospectiva de delitos y advirtió sobre una posible “expedición de pesca”, expresión utilizada para describir pesquisas abiertas sin un hecho suficientemente delimitado y destinadas a encontrar alguna irregularidad durante el recorrido.
El abogado Marco Aurélio de Carvalho afirmó que la apertura de nuevas líneas investigativas persigue el desgaste político del presidente en vísperas de las elecciones. Otro integrante de la defensa, Guilherme Suguimori Santos, sostuvo que las autoridades no pueden reformular indefinidamente sus sospechas después de no haber encontrado pruebas concluyentes en actuaciones anteriores.
Lula intentó tomar distancia de las acusaciones y aseguró que no utilizará la Presidencia para proteger a su hijo. “Si es culpable, tendrá que pagar”, declaró durante una entrevista, en la que añadió que Lulinha deberá regresar a Brasil si es convocado por la Justicia y defenderse como cualquier otro ciudadano.
Las palabras del presidente generaron además una discusión jurídica, porque en el sistema penal brasileño corresponde al Estado demostrar la culpabilidad y no al investigado probar su inocencia. La Constitución de Brasil reconoce la presunción de inocencia hasta que exista una condena firme, aunque la expresión utilizada por Lula buscó transmitir públicamente que no interferirá en el trabajo policial o judicial.
Mendonça fue designado para el Supremo en 2021 por el entonces presidente Jair Bolsonaro y actúa como relator de expedientes relacionados con el fraude contra jubilados. La Policía Federal deberá presentar informes periódicos sobre el avance de las medidas, identificar a los funcionarios contactados y reconstruir la eventual intervención de Lulinha en los negocios de Ribas de Oliveira con Dataprev.
