La explosión del uso de inteligencia artificial en atención al cliente, ventas, selección de personal, contratos y decisiones financieras abrió una pregunta que hasta hace poco parecía propia de la ciencia ficción: si una empresa podría funcionar íntegramente mediante algoritmos. El Gobierno argentino impulsó una reforma societaria que contempla sociedades automatizadas y corporaciones no humanas, aunque mantiene administradores humanos. Consultado por Total News Agency, el ex juez federal en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia advirtió que hoy una IA no puede ser socia, directora ni asumir responsabilidad jurídica: si el algoritmo causa un daño, alguien de carne y hueso deberá responder. La iniciativa podrá quitar el foco de temas mas terrenales, pero util como disparador de nuevas fronteras.
Buenos Aires – 08 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta limitada a laboratorios tecnológicos y comenzó a ocupar silenciosamente lugares que hasta hace pocos años estaban reservados exclusivamente a personas: responde reclamos, recomienda precios, filtra candidatos laborales, revisa contratos, detecta fraudes, aprueba operaciones y, en algunos casos, toma decisiones comerciales sin intervención inmediata de un empleado.
El siguiente paso ya está sobre la mesa: ¿puede existir una empresa manejada íntegramente por inteligencia artificial?
La pregunta adquirió especial relevancia en Argentina después de que el Gobierno del presidente Javier Milei enviara al Congreso un proyecto para modificar la Ley General de Sociedades e incorporar nuevas figuras vinculadas con organizaciones automatizadas y DAO —organizaciones autónomas descentralizadas—. La iniciativa propone admitir entidades cuyos procesos puedan ser ejecutados por agentes de IA, robots o contratos inteligentes y otorgarles personalidad jurídica y responsabilidad limitada.
La propuesta generó repercusión internacional porque coloca a Argentina frente a una discusión todavía incipiente: hasta dónde puede permitirse que un algoritmo gobierne una estructura económica y qué ocurre cuando esa estructura comete un error, incumple un contrato o causa un perjuicio.
El proyecto, sin embargo, contiene un límite decisivo.
Aunque se habló públicamente de empresas “no humanas”, el esquema presentado mantiene la necesidad de un administrador humano encargado de supervisar su actividad. Eso significa que, al menos por ahora, la pretendida empresa completamente autónoma continúa teniendo detrás una persona jurídicamente identificable.
Ese dato coincide con el análisis realizado ante Total News Agency – TNA por el ex juez federal en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia.
“Hoy por hoy, en Argentina —y en casi todos lados— solo las personas humanas o jurídicas reconocidas por ley pueden constituir una sociedad. Una IA no tiene capacidad jurídica, no puede ser socia, ni directora, ni firmar nada con efecto legal”, explicó.
Para Tiscornia, una compañía que utilice inteligencia artificial intensivamente no se convierte por eso en un sujeto jurídico distinto.
“Sigue siendo una sociedad de toda la vida, con socios y administradores humanos, que decidieron delegar parte de la gestión en un algoritmo”, sostuvo.
La distinción resulta central porque corta de raíz una de las principales fantasías que acompañan al debate: que si el algoritmo actúa solo, nadie responde.
El derecho societario creó hace siglos una ficción útil: una sociedad puede tener patrimonio, celebrar contratos, adquirir bienes, demandar y ser demandada independientemente de quienes la integran.
Pero esa ficción nunca significó que detrás de ella no existieran personas responsables.
Hay directores, síndicos, administradores, apoderados y representantes que deben responder cuando incumplen deberes legales o actúan con negligencia.
La aparición de la inteligencia artificial tensiona justamente esa estructura.
Una empresa podría programar un sistema para fijar automáticamente precios, evaluar solicitudes de crédito, elegir empleados, cancelar contratos o decidir inversiones.
¿Pero qué ocurre si ese sistema discrimina ilegalmente a un candidato?
¿Quién responde si rechaza de manera arbitraria un crédito?
¿Y si compra activos que ocasionan pérdidas millonarias, difunde información falsa o celebra un contrato perjudicial para terceros?
La respuesta jurídica actual, según Tiscornia, sigue siendo mucho más tradicional de lo que sugiere la revolución tecnológica.
“No hay ningún vacío legal mágico donde ‘responde la máquina’. La responsabilidad civil alcanza a personas humanas o jurídicas, nunca a un software”, afirmó.
La inteligencia artificial, bajo esa mirada, puede realizar la acción material, pero no absorbe la responsabilidad legal por las consecuencias.
Para el ex magistrado, el problema real no consiste todavía en imaginar compañías completamente independientes de los seres humanos.
Está ocurriendo ahora mismo dentro de empresas convencionales que comenzaron a delegar decisiones críticas en algoritmos sin establecer previamente quién supervisa, quién audita y quién responde.
Ahí aparece lo que Tiscornia define como una verdadera “laguna de gobierno corporativo”.
Una compañía puede utilizar IA para seleccionar empleados y creer que simplemente incorporó una herramienta tecnológica. Pero si el sistema excluye sistemáticamente personas por razones prohibidas por la legislación laboral, no alcanzará con explicar que la selección fue realizada automáticamente.
Algo similar ocurre con los precios.
Los algoritmos pueden analizar demanda, disponibilidad y comportamiento de consumidores y modificar valores en segundos. Si esa automatización termina generando prácticas anticompetitivas o discriminatorias, la discusión no será si la máquina tuvo intención de hacerlo sino quién diseñó, aprobó y mantuvo funcionando el sistema.
El mismo interrogante alcanza a bancos, aseguradoras, compañías financieras y plataformas digitales.
Una IA puede analizar miles de variables y determinar que una persona representa demasiado riesgo para acceder a un préstamo. Pero si ninguna persona dentro de la empresa puede explicar por qué se llegó a esa conclusión, aparece inmediatamente un problema de transparencia, trazabilidad y responsabilidad.
El proyecto argentino intenta anticipar parte de ese escenario.
Según el texto conocido, una sociedad automatizada respondería con su propio patrimonio frente a terceros por daños provocados por sistemas algorítmicos o agentes de inteligencia artificial. La intención declarada es impedir precisamente que una empresa pueda excusarse alegando que determinada decisión fue adoptada por un algoritmo.
El debate alcanzó incluso una dimensión internacional cuando el historiador Yuval Noah Harari cuestionó la posibilidad de conceder personalidad jurídica a organizaciones controladas por IA, al advertir sobre el riesgo de crear entidades con enorme capacidad económica pero sin las limitaciones humanas tradicionales.
Milei respondió defendiendo la propuesta y sostuvo que dotar de una estructura legal a esas organizaciones permitiría precisamente demandarlas, embargar sus bienes o incluso disolverlas si incumplen la ley.
La discusión revela dos visiones distintas sobre el mismo problema.
Una considera que reconocer jurídicamente a empresas automatizadas puede aumentar la seguridad porque permitirá identificar patrimonio y reglas específicas de funcionamiento.
La otra teme que una estructura con responsabilidad limitada y enorme autonomía tecnológica termine convirtiéndose en una barrera que dificulte llegar hasta las personas que realmente se beneficiaron o diseñaron sus operaciones.
La pregunta sobre quién responde resulta entonces más importante que la pregunta sobre quién decide.
Una IA puede producir una recomendación.
Puede incluso ejecutar automáticamente una orden.
Pero en algún punto alguien eligió el sistema, pagó por él, determinó sus parámetros, definió qué datos utilizaría y decidió hasta dónde podía actuar sin pedir autorización humana.
Por eso especialistas en gobierno corporativo vienen advirtiendo que la carrera hacia la automatización debería avanzar acompañada por sistemas capaces de reconstruir cada decisión.
Las empresas necesitarán saber qué modelo intervino, qué información utilizó, qué reglas tenía programadas y qué persona estaba encargada de supervisarlo.
Eso es trazabilidad.
Y probablemente será uno de los conceptos más importantes de la próxima etapa regulatoria.
El problema no es meramente hipotético.
Cada vez más compañías ya utilizan IA en sistemas de atención al cliente capaces de ofrecer compensaciones, aceptar modificaciones contractuales o decidir cuándo escalar un reclamo hacia un operador humano.
Otras la utilizan en campañas publicitarias, análisis de compras y detección automática de oportunidades comerciales.
También existen empresas que automatizaron parte de sus procesos contables y legales.
En todos esos casos, la línea entre “herramienta” y “decisión empresarial” comienza a volverse difusa.
Tiscornia sostiene que esa frontera no modifica la responsabilidad jurídica básica.
Desde su perspectiva, delegar una actividad en un algoritmo se parece jurídicamente a delegarla en un gerente externo, un estudio profesional o un proveedor especializado: quien toma la decisión de implementar ese sistema no queda automáticamente liberado de las consecuencias.
La gran transformación podría producirse si el Congreso argentino finalmente aprueba una categoría societaria específicamente diseñada para organizaciones automatizadas.
Argentina se convertiría entonces en uno de los primeros países en ofrecer un marco legal explícito para ese tipo de estructuras.
Pero incluso ese escenario muestra hoy una paradoja.
La empresa puede ser automatizada.
Puede no tener empleados.
Puede permitir que algoritmos ejecuten buena parte de sus decisiones.
Sin embargo, todavía necesita un ser humano jurídicamente responsable.
Por eso, la empresa completamente manejada por inteligencia artificial todavía no existe jurídicamente en Argentina.
Lo que sí existe —y crece rápidamente— es algo posiblemente más relevante: empresas tradicionales que están entregando cada vez más decisiones a sistemas automáticos.
Y ahí aparece el interrogante que probablemente terminará ocupando a abogados, empresarios, reguladores y jueces durante los próximos años.
No será solamente qué puede hacer la inteligencia artificial.
Será quién responde cuando lo hace mal.
Fuentes consultadas: proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, Reuters, Infobae, Chequeado, El Economista, El País, análisis jurídicos sobre sociedades automatizadas y entrevista de Total News Agency – TNA al ex juez federal en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia.
