La Fiscalía boliviana sostiene que Fernando Cerimedo habría rechazado asumir la paternidad del hijo que espera Nadia Beller y ubica ese embarazo como pieza central del presunto móvil del ataque cometido por sicarios en Santa Cruz de la Sierra. El consultor argentino fue imputado como supuesto autor intelectual y mediato de una tentativa de feminicidio, mientras los investigadores buscan reconstruir comunicaciones, movimientos y contactos previos al atentado.
Santa Cruz de la Sierra – 20 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – La situación judicial de Fernando Cerimedo se agravó en Bolivia después de que la Fiscalía incorporara el embarazo de Nadia Beller como un elemento central de su hipótesis sobre el ataque armado que sufrió la mujer el 17 de agosto y atribuyera al consultor argentino el presunto papel de autor intelectual y mediato de una tentativa de feminicidio.
Según la imputación formulada por los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijerón, Beller cursaba aproximadamente cuatro semanas de embarazo cuando fue atacada frente al Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra. Los investigadores sostienen como hipótesis que Cerimedo, al conocer la gestación, habría manifestado rechazo a asumir las consecuencias personales y familiares derivadas de una eventual paternidad y que ese conflicto habría desencadenado una escalada de violencia.
La Fiscalía encuadró provisionalmente el caso bajo el artículo 252 Bis del Código Penal boliviano, que regula el feminicidio, considerando además que el embarazo y la eventual existencia de episodios previos de violencia constituyen elementos relevantes para establecer el contexto del ataque. La calificación podrá modificarse a medida que se incorporen nuevas pruebas.
Parte de la acusación se apoya en un informe psicológico realizado a Beller durante su internación en la Clínica Las Américas. Allí, la mujer declaró que estaba embarazada de un mes y que esa circunstancia había provocado reiteradas discusiones con Cerimedo. También describió un episodio previo de violencia y conversaciones en las que había llegado a preguntarle si pretendía “deshacerse” de ella.
El Ministerio Público reconstruye una secuencia que comienza con el conocimiento del embarazo y continúa con discusiones, presuntas amenazas, episodios de intimidación y la intervención posterior de terceras personas hasta desembocar en el ataque ejecutado por dos hombres armados.
Uno de los puntos más comprometedores de la hipótesis fiscal está relacionado con los movimientos previos al atentado. Según la acusación, desde el 7 de agosto Cerimedo habría insistido para que Beller mantuviera una reunión con personas que supuestamente disponían de información vinculada con una denuncia de abuso sexual contra el ex presidente Evo Morales.
La Fiscalía sostiene que el propio consultor habría garantizado a la mujer que contaría con protección y custodios armados y que, el día del ataque, la habría orientado telefónicamente durante su desplazamiento desde La Paz hasta el lugar de encuentro en Santa Cruz de la Sierra.
El 17 de agosto, cuando Beller llegó a las inmediaciones del hotel, dos hombres que se movilizaban en motocicleta y vestían como repartidores la interceptaron y abrieron fuego. La mujer recibió tres impactos de proyectiles calibre 9 milímetros en cuello, tórax y brazo derecho, fue sometida a una cirugía de emergencia y permanece bajo protección policial.
Los fiscales consideran que esos movimientos permitirían investigar a Cerimedo no como ejecutor material sino como supuesto autor intelectual y mediato, figura prevista en el artículo 20 del Código Penal boliviano. Por esa razón solicitaron su detención preventiva durante 180 días mientras continúan las pericias y se intenta localizar a los autores materiales.
Cerimedo fue localizado el 18 de agosto en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando se disponía a viajar hacia Buenos Aires. Inicialmente arrestado, posteriormente pasó a calidad de aprehendido después de que la Fiscalía evaluara los indicios reunidos y considerara que podían existir riesgos de fuga y obstaculización de la investigación.
El consultor argentino se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio cuando fue notificado de la imputación. Su defensa rechazó la acusación y cuestionó la hipótesis fiscal, mientras Beller reclamó públicamente que se realice una prueba de ADN y sostuvo que existen registros médicos y cámaras que permitirían reconstruir la relación mantenida entre ambos y sus movimientos inmediatamente anteriores al atentado.
Todavía permanecen pendientes pruebas decisivas: pericias balísticas sobre los proyectiles extraídos del cuerpo de la víctima, análisis informáticos y telefónicos, apertura y examen de dispositivos electrónicos, reconstrucción de comunicaciones y testimonios del personal del hotel y de otras personas que estuvieron en contacto con Beller antes del ataque.
El expediente adquirió además una dimensión política por la trayectoria regional de Cerimedo, quien participó de la estrategia digital que acompañó a Javier Milei durante la campaña presidencial argentina de 2023 y posteriormente desarrolló tareas de asesoramiento político en Bolivia, donde mantuvo vínculos con el entorno del presidente Rodrigo Paz. El gobierno boliviano sostuvo que no interferirá en la investigación y reclamó que el proceso avance independientemente de las conexiones políticas de los involucrados.
La investigación deberá determinar ahora si la secuencia reconstruida por los fiscales —embarazo, rechazo, conflictos previos, presunta planificación y ejecución mediante terceros— puede sostenerse con evidencia técnica independiente. La Fiscalía considera que existe material suficiente para mantener a Cerimedo bajo investigación como presunto instigador del ataque; las pericias sobre teléfonos, cámaras y comunicaciones podrían convertirse en la pieza determinante para establecer si detrás de los disparos existió efectivamente una organización previa y quiénes participaron de ella.
Fuentes consultadas: Ministerio Público de Bolivia, Fiscalía Departamental de Santa Cruz, actuaciones de la causa, Reuters, y fuentes judiciales bolivianas.
